Conurbano: trece municipios bonaerenses se plantan contra la venta de tierras del INTA AMBA
Con ordenanzas, los distritos buscan frenar la transferencia de predios del organismo a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)
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LA NACION Belkis Martínez
Trece distritos de la provincia de Buenos Aires impulsan medidas para impedir la venta de los terrenos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA AMBA), una de las joyas inmobiliarias apuntadas por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Federico Sturzenegger. La tensión interna escaló esta semana con la oficialización de una resistencia coordinada por los concejales bonaerenses. En tanto, el Gobierno avanza con la apertura de los retiros voluntarios en el organismo, que podría empezar a regir a partir del 1° de marzo próximo.
Diez Concejos Deliberantes ya aprobaron las normativas de protección: Florencio Varela, Berazategui, Berisso, San Vicente, Almirante Brown, Luján, San Martín, Merlo, Moreno y General Rodríguez. En paralelo, Avellaneda, La Matanza y Lomas de Zamora avanzan con expedientes similares.
La reacción local responde a la hoja de ruta que el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, en su plan de reestructuración comandado por el gobierno de Javier Milei, presentó ante la Mesa de Enlace a finales de diciembre pasado. El objetivo es transferir inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su posterior venta o concesión.
Vale recordar que el Gobierno busca la “desafectación” de 33.836 hectáreas que, según una auditoría oficial, se encuentran actualmente “en desuso”. Según se detalló en un documento al que tuvo acceso LA NACION, los campos en cuestión han sido “debidamente analizados y se encuentran sin utilidad para fines de experimentación, además de reunir las condiciones dominiales necesarias para proceder a su desafectación”. El documento detalló que se han detectado aproximadamente 42.000 hectáreas, que se encuentran actualmente sin destino a actividades de experimentación ni de producción.
De acuerdo con la última reunión del Consejo Directivo del INTA, se identificaron siete predios. Uno de ellos corresponde al AMBA y quedaría a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con destino aún no definido. Los otros seis predios deberán ser previamente evaluados por los Consejos Regionales y se ubican en las regiones de Catamarca, Chaco-Formosa, Buenos Aires Norte, Mendoza, Patagonia Norte y Santiago del Estero. En estos casos, se anticipó un mecanismo similar al del AMBA, que incluiría traslados de personal y se aclaró que varios de los terrenos son campos anexos.
El INTA tiene actualmente una planta de 5791 empleados, ya se concretaron 878 desvinculaciones entre retiros voluntarios, jubilaciones y cesantías, pero el proyecto de ajuste originalmente buscaba un recorte de 1700 trabajadores.
Los distritos que se unieron contra la medida del Gobierno argumentan que el desguace del INTA AMBA desarticula la asistencia técnica a miles de familias y productores periurbanos. En Merlo, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de comunicación repudiando el desfinanciamiento.
El exconcejal e impulsor de la movida, Juan Manuel Lippo explicó el motivo: “En Merlo, el INTA articula con cooperativas y espacios educativos. El recorte elimina oportunidades económicas directas para la agricultura familiar”. El documento oficial del municipio exige al Gobierno Nacional el “inmediato fortalecimiento” de la Estación Experimental, clave para la soberanía alimentaria regional.
En Moreno, Zulma Gil, concejal de Unión por la Patria (UxP), advirtió que la medida que impulsa el gobierno nacional afecta a más de 400 productores y a 12.000 familias que dependen de la agricultura urbana. “Moreno es capital provincial del plantín floral. Sin la capacitación técnica del INTA, se pone en riesgo la producción y el empleo local”, sentenció.
En Florencio Varela, Anabella Burgos, concejal de UxP, destacó que el organismo es el motor de la entrega de semillas y microcréditos: “El INTA AMBA es estratégico. No se trata de terrenos vacíos, se trata de un modelo de desarrollo científico y tecnológico que el Gobierno busca desmantelar. Construimos un proyecto de resolución para visibilizar el desfinanciamiento del INTA, a partir de entrevistas con trabajadores y productores que nos contaron cómo esto afecta directamente a la producción local”, explicó.
Lippo resaltó que el proyecto surgió tras el impulso de Gustavo Latancio, jefe de la agencia Moreno-Merlo del INTA AMBA, y con Mariano Lucena, subsecretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio. “En ese encuentro tomé real dimensión del desfinanciamiento y del desguace presupuestario que el Gobierno nacional estaba aplicando sobre el INTA, un organismo estratégico para distritos como Merlo, donde históricamente tuvo una presencia muy activa y profundamente vinculada al territorio”, sentenció.
Y agregó: “Por eso presentamos un proyecto de comunicación que fue aprobado por mayoría en el Concejo Deliberante de Merlo, en el que expresamos el repudio al desfinanciamiento del INTA y exigimos al Gobierno nacional el fortalecimiento de sus dispositivos y políticas territoriales”.
Más rechazos
Por otra parte, dirigentes de Bases Federadas y exfuncionarios del organismo advirtieron al Consejo Directivo sobre los riesgos de avanzar con una reestructuración que ignore el anclaje territorial y la equidad socio-productiva, elementos que consideran vitales para el desarrollo federal. Si bien el documento reconoce la necesidad de modernizar el INTA frente a la revolución digital y biológica para agregar valor a las exportaciones, los firmantes cuestionan la estrategia de cambio y proponen un nuevo paradigma enfocado en la “bioindustrialización” de las regiones; un modelo que permita transformar la biomasa local en alimentos, bioenergía y biomateriales, superando la mera exportación de granos, pero garantizando que este desarrollo alcance a todos los estratos productivos tanto en el norte como en el sur del país.
Asimismo, el texto realiza una férrea defensa de la estructura actual —compuesta por 15 centros regionales y 400 nodos entre experimentales y agencias de extensión— al considerarla la red indispensable para articular esta transformación con productores, cooperativas y gobiernos locales.
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