Decisiones con rapidez para lo malo y con lentitud para lo bueno
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LA NACIONCristian Mira
Las pruebas se acumulan. Las consecuencias de haber aplicado un cepo a las exportaciones de carne confirman las advertencias que se manifestaron desde todos los eslabones de la cadena.
Según el trabajo, en junio pasado se perdieron divisas por exportaciones por US$108 millones debido a que el volumen de carne vendido al exterior se redujo un 45% respecto de mayo.
Al analizar el impacto de las restricciones, que comenzaron en abril con la creación del sistema de declaraciones juradas, similar al de los ROE, el trabajo señala que el precio de la hacienda para exportación se redujo entre un 5 y un 15%, en las diferentes categorías. La de consumo, en tanto, bajó entre 1% y 3 por ciento.
A su vez, en el segundo trimestre del año la producción de carne se redujo un 10% respecto del trimestre anterior. De acuerdo con el informe, eso derivó en que el eslabón industrial tuviera una mayor capacidad ociosa que se tradujo en una “menor capacidad para absorber parte de los costos fijos”. En términos concretos quiere decir que los trabajadores de la industria frigorífica no hacen horas extra como cuando las plantas funcionaban a pleno. Se deterioran los empleos calificados del sector privado. Justo lo que el país menos necesita.
Los consumidores tampoco se están beneficiando con la medida. De acuerdo con el informe de la SRA, entre marzo y junio pasado el precio promedio de los cortes se incrementó un 18%, siete puntos porcentuales más que el aumento de los alimentos en general y del índice de inflación. Con una suba anual de este indicador estimada en un 50% por la mayoría de los economistas, cuando el Gobierno preveía el 29%, el problema es macroeconómico y no el alza puntual de los granos como argumentan los funcionarios. De hecho, el precio del maíz cayó 12% desde abril pasado, si se toma como parámetro los precios pizarra de Rosario.
Además del informe de la SRA, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC, en sus siglas en inglés) destacó esta semana que la caída de las exportaciones provocará un retroceso del país en el comercio mundial de carne bovina. Al citar una proyección del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en sus siglas en inglés) como consecuencia del cepo, la Argentina caería en 2021 dos puntos porcentuales respecto del año pasado en el comercio global de carne vacuna. Del 8% que tuvo en 2020 pasaría al 6%. Por ahora, se mantiene en el quinto lugar entre los mayores exportadores, pero ya le está pisando los talones Nueva Zelanda, el sexto país del ránking.
Como ha sucedido con la batería de restricciones que fijó el kirchnerismo en sus primeros mandatos, los que se benefician al final de día son los productores e industriales de otros países. Al respecto, el informe de la SRA, destaca que el precio del novillo en Brasil y Uruguay superó en un 20% al de la Argentina en los últimos tres meses.
Hay otro argumento del Gobierno que es desmentido por los datos. Cuando los funcionarios decían que había habido un recalentamiento de los precios internacionales de la carne y que por ese motivo los empresarios preferían exportar en vez de vender en el mercado interno, repetían una consigna no verificada por la realidad. Según el informe del ABC, el precio promedio de los cortes vendidos a China se redujo en un 5,8% en el primer semestre de este año respecto de igual período del año pasado.
Con una demora notable, acaso en sintonía con el comienzo de la campaña electoral, el Gobierno anunció esta semana el otorgamiento de una línea de crédito del Banco Nación para los feedlots por $10.000 millones, con una tasa subsidiada, con el propósito de facilitar el aumento de kilos de la hacienda encerrada.
Los especialistas del negocio ya habían advertido en octubre del año pasado que los establecimientos de engorde a corral iban a tener problemas como consecuencia del incremento del precio que estaba registrando el maíz. En el medio, en diciembre pasado, el Gobierno amagó con cerrar las exportaciones del cereal. Nueve meses después de aquellos llamados de atención, adopta una medida proactiva.
Las dilaciones en las decisiones que tienen una cierta coherencia son ya una marca registrada del gobierno de Alberto Fernández. En cambio, las que provocan daño se adoptan con rapidez.
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