“Es una locura”: revuelo en Tucumán por un proyecto para cobrar peaje en las rutas provinciales

“Es una locura”, resumió Hugo Meloni, presidente de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor). Lo dijo ante lo que consideró que podría ser un nuevo golpe para el campo en un contexto especialmente difícil para la región, donde la sequía castigó los cultivos y las expectativas de producción se deterioraron. Se refiere al proyecto de ley que establece el cobro de peajes en rutas provinciales de Tucumán, una iniciativa del oficialismo que encendió las alarmas en plena campaña agrícola.

El proyecto, impulsado por el legislador Tulio Caponio (Tucumán para la Victoria) y que también cuenta con el respaldo de los legisladores Carlos Gallia, Sandra Figueroa, Leopoldo Rodríguez (h) y Roberto Moreno, propone la creación de un régimen legal de peajes gestionado exclusivamente por el Estado provincial. La iniciativa faculta a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) a establecer los valores del peaje en función del tipo de vehículo, la cantidad de ejes, el peso transportado y la franja horaria, y deja en claro que las rutas provinciales no podrán ser privatizadas.

El texto establece que lo recaudado se destinará prioritariamente al mantenimiento del tramo donde se cobre el peaje, y que los eventuales excedentes podrán usarse en otras rutas provinciales. También prevé exenciones para vehículos oficiales, de emergencia, escolares o afectados a la atención de personas con discapacidad, y deja afuera del impuesto a los Ingresos Brutos.

Meloni cuestionó que se proponga un nuevo peaje cuando, según afirmó, los productores ya pagan impuestos que deberían destinarse al mantenimiento de las rutas. “Si ahora también tenemos que pagar un peaje, entonces nos preguntamos cuál es el impuesto que se va a reducir”, planteó con desconfianza. Actualmente, explicó, en Tucumán solo hay peajes en la ruta nacional 9, pero no en las rutas provinciales.

“Está bien que se cobre un peaje si se arreglan los caminos, pero entonces que bajen algún impuesto. Porque si no, lo único que hacen es empujar más a un sector que ya está en la cuerda floja”, agregó.

Advirtió, además, que la medida agravaría aún más los elevados costos logísticos que ya enfrenta el sector por la distancia a los puertos. “Un flete desde acá hasta el puerto cuesta entre $55.000 y $60.000 por camión. Con el precio de la soja en torno a los $320.000 la tonelada, uno de cada cinco camiones se va solo en flete”, detalló. En ese contexto, insistió en que “sumar un nuevo peaje es incomprensible”.

Críticas

La medida, además, llega en un momento complejo para el sector. La campaña 2024/2025 viene dejando resultados muy por debajo de lo esperado, en especial en soja. “Las plantas crecieron bien con las lluvias de octubre y noviembre, pero después vino un bache hídrico durísimo en enero y febrero, con temperaturas altísimas. Las plantas estaban grandes, pero dieron pocas chauchas, granos livianos, y el rinde cayó fuerte”, explicó.

En el caso del maíz, el panorama resultó aún más complicado. Este año se sembró menos de la mitad del área habitual, como consecuencia del fuerte impacto que dejó la chicharrita en la campaña anterior. Ante ese escenario, muchos productores optaron por el poroto negro como alternativa, pero el clima también les jugo en contra. “El poroto necesita amplitud térmica, y esas condiciones no se dieron. Hay productores que perdieron hasta la resiembra”, lamentó.

Explicó que muchos productores arrastran deudas desde campañas anteriores y esperaban que esta fuera la oportunidad de recomponerse, pero los rindes bajos, los altos costos y la presión impositiva complicaron cualquier intento de recuperación. “Cuando no podés pagar, se te cierra la posibilidad de financiar la próxima campaña. No tenés acceso a agroquímicos, a gasoil, a nada”, advirtió.

Con este panorama, hay temor con lo que pueda pasar con las retenciones a mitad de año. “Desde el norte venimos pidiendo no solo que no las vuelvan a subir, sino que las eliminen. Nuestros rindes son muy bajos comparados con los de la pampa húmeda, y a eso se suma los costos del flete. Eso nos deja fuera de competencia”, advirtió el titular de Apronor.

El legislador José Seleme (Avanza Tucumán) también cuestionó la propuesta: “Este proyecto es realmente increíble, no exagero cuando digo que parece un chiste de mal gusto. Sin dudas es una propuesta que castiga a quienes trabajan y representa otro golpe al bolsillo de los tucumanos. No creo que la solución sea por ese lado”.

Denunció que el presupuesto de Vialidad para 2024 fue de $64.000 millones, pero solo se ejecutaron $7000 millones en obras específicas. “¿Dónde está el dinero del Fondo Provincial de Vialidad que no se ejecutó? Antes de pensar en peajes, deberían mostrar en qué se usaron los fondos que ya tienen”, reclamó.

Para Seleme, el problema no es la falta de recursos, sino la falta de gestión y transparencia. “Cuando el Estado administra sin transparencia, la plata se pierde y las rutas siguen hechas pedazos. Si no pueden garantizar rutas en condiciones hoy, ¿qué nos asegura que lo van a hacer si encima comienzan a cobrar peaje?”, planteó.

El legislador también advirtió que la medida impacta directamente sobre quienes trabajan todos los días: productores, transportistas, comerciantes y habitantes del interior provincial. “Lo justo sería que la plata que ya pagamos se use correctamente, no que nos cobren dos veces por lo mismo. No estoy en contra de mejorar las rutas. Estoy en contra de que la solución siempre sea saquear los bolsillos de la gente”, sostuvo. LA NACION buscó tener una opinión del gobierno provincial, pero hasta el momento no tuvo respuestas.

Por Pilar Vazquez

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