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“Ganar-ganar”: con el biodiésel en baja, en la industria presionan por un mayor corte
Tras los últimos ajustes de precios para la materia prima, en el sector sostienen que elevar la mezcla en el gasoil implicaría un menor costo de combustibles importados, ahorro de dólares y un crecimiento de la actividad interna
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LA NACION Belkis Martínez
Después de que la Secretaría de Energía volviera a bajar el precio del biodiésel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil, la industria insistió en su reclamo para que el Gobierno utilice herramientas legales para aumentar el corte y reducir el costo del combustible en el surtidor. Esta semana, a través de la resolución 107/2026 el organismo fijó en $1.808.425 por tonelada el valor para mayo, con un plazo de pago de siete días. La actualización representa una leve baja de $265 frente a abril, cuando el valor se fijó en $1.808.690. Desde febrero se consolida una tendencia descendente y aseguran que el biodiésel “mantiene contenido el precio del diésel en surtidor”.
La última medida que se encuadra en la ley 27.640 y en la metodología de la resolución 963/23, firmada por María Carmen Tettamanti, apunta a cubrir costos y asegurar una rentabilidad mínima para las plantas. Sin embargo, en la industria sostienen que el eje ya no pasa por el precio sino por el nivel de mezcla.
“El biodiésel sigue bajando y mantiene contenido el precio del diésel en surtidor”, afirmó Marcelo Kusznierz, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), quien remarcó que existe margen para avanzar sobre el mercado interno. Desde febrero pasado, como se mencionó, se consolidó una tendencia descendente: el precio pasó de $1.842.796 a $1.808.425 por tonelada, lo que implicó una caída de $34.371, equivalente a un retroceso del 1,86% en los últimos cuatro meses.
Según el dirigente, el esquema actual deja en manos de las petroleras la posibilidad de incrementar el corte del biodiésel en el gasoil —hoy en 7,5%, con un techo técnico de hasta 20%—, pese a que la ley habilita a la Secretaría a intervenir para sustituir importaciones. “La ecuación es de ganar-ganar para el Gobierno: más corte implica mejor precio en el surtidor, ahorro de divisas, pero también mantiene en alto el valor del grano y derivados por la mayor demanda de aceite para biodiésel. Por lo tanto mayor recaudación impositiva”, planteó.
El planteo se apoya en los artículos 16 y 17 de la ley 27.640, que estableció que el Gobierno puede aumentar la participación de biocombustibles para sustituir importaciones de gasoil cuando las condiciones de mercado lo permitan. En ese sentido, remarcaron que en un contexto de precios internacionales volátiles el diferencial es significativo: “El gasoil en paridad de importación llegó a rondar los $1950 por litro, frente a un biodiésel cercano a $1591″.
En rigor, recordó que el artículo 16 señala: “De manera complementaria al corte obligatorio que se encontrare vigente, y cuando las condiciones del mercado lo permitan, la autoridad de aplicación arbitrará los medios necesarios para sustituir la importación de combustibles fósiles con biocombustibles, con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo. Las empresas elaboradoras de biocombustibles que decidan llevar a cabo el abastecimiento para dichas mezclas deberán garantizar la provisión de los productos en cuestión, pudiendo la autoridad de aplicación revocar la autorización de suministro mencionada en el párrafo precedente a las empresas que incumplan con el referido compromiso de abastecimiento”.
Además, las plantas que abastecen el mercado interno operan con más del 40% de capacidad ociosa, lo que refuerza el argumento de que hay margen productivo para aumentar la mezcla sin restricciones técnicas.
En paralelo, destacaron que el cumplimiento de la fórmula de precios es un alivio reciente para las empresas. “El Gobierno cumple desde hace pocos meses con la resolución 963/23, luego de 16 meses de pérdida. Eso asegura rentabilidad, pero con un rezago: los costos se reflejan al mes siguiente”, explicó Kusznierz. Destacaron que este esquema aseguraría una rentabilidad mínima para las plantas de biodiésel, siempre y cuando la fórmula se aplique mes a mes, es decir que las variaciones se aplican a mes vencido con lo cual aumentos y disminuciones de los insumos y materias primas se ven reflejados en el mes siguiente.
Pese a esa normalización, el sector advierte que el esquema actual sigue siendo incompleto. Hoy, el corte obligatorio se mantiene en 7,5%, pero la normativa vigente habilita técnicamente una mezcla de hasta 20%. Esa posibilidad fue reforzada por la resolución 79/2026 de la Secretaría de Energía, que permitió incrementar los cortes, aunque de manera voluntaria y sujeta a acuerdos comerciales entre petroleras y proveedores. “La Secretaría tiene herramientas para hacerlo y bajar el precio en surtidor, pero hoy lo deja a acuerdos comerciales puntuales”, cuestionó el titular de Casfer.
En el sector consideran que esa decisión quedó a mitad de camino. “No hay limitaciones ni técnicas ni regulatorias para llegar al 20% en biodiésel”, afirmó.
El directivo también marcó la situación de las plantas integradas, cuyo mercado está orientado a la exportación, pero que actualmente buscan avanzar sobre el mercado interno. Según indicó una supuesta mayor eficiencia de ese sector “está fundada en el control del insumo esencial [la soja que se transforma en aceite], en beneficios impositivos y en condiciones cuasi monopólicas en la fijación de primas de precio sobre el aceite de soja”. En ese sentido, advirtió que se generan distorsiones en la cadena, ya que “venden el aceite de soja más caro en el mercado interno del que venden al exterior”, incluso cuando compiten con las mismas empresas que son sus clientes.
