Hay propuestas e ideas para empezar a equilibrar la cancha

Entre las distintas curiosidades que presenta la Argentina se encuentra la que siendo un país esencialmente agropecuario las políticas para la actividad, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países, han sido negativas durante varias décadas. Esta no es una mera opinión sino que ha sido estudiada por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que identificó en un estudios hace unos años que, mientras que la mayoría de los productores de otros países ha tenido medidas de estímulo, en forma de créditos o apoyos directos, en la Argentina se presentó una situación inversa: el Estado le quitó más de lo que le dio al campo.

Aun así, el agro argentino ha logrado mantenerse en pie y evolucionar en competitividad, aunque no en el máximo de su nivel. Esa es la gran deuda pendiente.

Por ese motivo, cuando se discuten públicamente medidas de apoyo para alentar las inversiones que otros sectores de la economía, como la energía o la minería, incorporan sin tapujos, dejar afuera al agro porque siempre demostró su eficiencia más allá de las dificultades, no parece ser la mejor estrategia.

Como parte del paquete de reformas del Gobierno, comenzó a discutirse un Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI). “La propuesta de incentivo fiscal consiste en establecer un régimen de amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y una devolución más rápida del crédito fiscal de IVA por inversión en bienes de capital”, explicó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Pero a esa pata le falta una mesa: una parte importante del agro, actividad que, como se recordará, salvo para la foresto-industria, había quedado excluida del RIGI.

Con el criterio de ampliar el alcance del RIMI, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) destacó que “bajo la redacción actual, un gran porcentaje de las inversiones agroindustriales de economías regionales quedarían excluidas de los beneficios”. Entre los sectores afectados se encuentran, según el CAA, bodegas y plantas de procesamiento de alimentos y bebidas; plantas de tratamiento y acondicionamiento de semillas, frutas y legumbres, molinos y fábricas de molienda de girasol y fábricas de maquinaria agrícola.

El CAA, que comenzó a reunirse con senadores, propone eliminar las restricciones que limitan el beneficio “solo a Micro, Pequeñas o Medianas empresas (Tramo 2), permitiendo que cualquier empresa agropecuaria pueda aplicar si realiza inversiones productivas significativas”. Además, propone incorporar un inciso para el resto de las empresas que no entran como pymes con un monto de inversión mínima de US$30 millones para que puedan acceder a los beneficios del régimen.

“A nivel individual pueden entrar los productores, pero hay muchas empresas medianas, desde semilleras, feedlots hasta tambos que no encajan en el RIMI, por eso pedimos ese cambio”, explicó una fuente del CAA.

La entidad recordó que “el RIGI ya excluye las inversiones agroindustriales, dejando fuera del marco legal al 18% del PBI y al 65% de las inversiones productivas anuales. Al limitar el RIMI exclusivamente a pymes, se repite este escenario de desprotección para la inversión mediana”.

Otra propuesta que se conoció en los últimos días fue la que formuló Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que propone una reforma tributaria con una visión proactiva del sector, que busca contribuir con medidas concretas al diseño de un sistema impositivo que acompañe el crecimiento y no penalice al que produce, invierte y genera empleo”, según el presidente de la entidad, Carlos Castagnani.

Entre otros puntos, la iniciativa de CRA promueve la amortización acelerada de inversiones, un Régimen de Venta y Reemplazo Agropecuario, la devolución acelerada del IVA técnico derivado de inversiones, incentivar el uso de fertilizantes mediante la deducción de Ganancias y, por supuesto, la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX).

Las propuestas del agro, tanto estas como otras que se han venido formulando en los últimos años, no se corresponden con una visión corporativista, de un sector que pide un privilegio sobre los demás. Esta cuestión irrita a los funcionarios del actual gobierno.

Se trata de volver a emparejar la cancha en una actividad que, históricamente, ha jugado con reglas adversas y aún así se mantuvo en pie.

Por Cristian Mira

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