“Inmediato cumplimiento”: la Justicia frenó el pase a disponibilidad de empleados del INTA e impuso al Gobierno una millonaria multa diaria
La jueza federal Martina Isabel Forns intimó al Poder Ejecutivo Nacional a respetar una medida cautelar y a una sanción de $10 millones por día si no cumple
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LA NACIONMariana Reinke
En un fallo que generó alivio entre los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Justicia Federal intimó al Poder Ejecutivo Nacional al “inmediato cumplimiento” de una medida cautelar que ordena dejar sin efecto la disponibilidad de 286 empleados del organismo. La decisión incluye una sanción económica de $10 millones por cada día de demora y la advertencia de posibles consecuencias penales para los funcionarios que desacaten la orden.
La resolución, firmada ayer por la jueza federal Martina Isabel Forns, del Juzgado en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, constituye un giro decisivo en el conflicto desatado por la resolución 1240/2025 del Ministerio de Economía, que había puesto en disponibilidad a los trabajadores.
Ayer, la magistrada fue categórica: el Estado debe cesar de inmediato con cualquier medida que afecte a los empleados involucrados y acatar la cautelar vigente. En caso contrario, además de una multa diaria de $10 millones, advirtió que podría configurarse el delito de desobediencia a la autoridad judicial.
La reacción en el ámbito sindical no se hizo esperar. En la Asociación del Personal del INTA (Apinta) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que habían impulsado la acción de amparo, celebraron el fallo como un triunfo colectivo.
“Lo que venía haciendo el Estado Nacional era ilegal, porque ya estaba notificado de la cautelar. A veces tenés que recurrir a la Justicia porque lo que presentás vía administrativa, el Ejecutivo no le da entidad, no te responde y sigue avanzando con los ajustes. Esto le pone un freno. El decreto 462/25 ya no existe, no está más vigente, y además la jueza intimó al Estado a no tomar ninguna medida con los trabajadores de ese listado de 286. Si avanza, estaría incumpliendo un fallo judicial y enfrentaría la multa diaria y una posible comisión del delito de desobediencia”, explicó a LA NACION, Mario Romero, secretario general de Apinta.
El dirigente gremial destacó que el fallo fue recibido con “alivio” por los empleados. “Es un logro bastante importante para la institución y para los trabajadores. Pero no es solamente de Apinta: es un logro colectivo, también de ATE y de todos los que se expresaron en defensa del INTA, incluidos 141 diputados y 60 senadores que rechazaron el decreto”, remarcó.
En esa línea, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, enfatizó: “Estamos frente a uno de los principales logros que hemos tenido, logramos frenar en el Parlamento y también en la Justicia la reforma del Estado pretendida por un Gobierno que desafió a dos poderes, es decir, desobedeció lo votado en ambas cámaras del Congreso y también un fallo de la Justicia”.
El conflicto se originó en la decisión del Gobierno de aplicar la resolución 1240/2025, que establecía la disponibilidad de los trabajadores por plazos de 6, 9 o 12 meses. Esta medida se apoyaba en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 462/25, posteriormente rechazado tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado.
Comentó que la acción de amparo presentada por los gremios buscó proteger a empleados que son personal de planta permanente con estabilidad adquirida. “Nosotros decimos que todas las organizaciones pueden y tienen que mejorar. Tenemos cosas para mejorar, pero esas transformaciones deben hacerse con los trabajadores adentro, sin cerrar el instituto ni dejar gente afuera”, subrayó Romero.
En ese sentido, cuestionó la intención de reconvertir al INTA en un ente desconcentrado: “Eso implicaba no tener la fuente de financiamiento ni el control social. El INTA tiene control público y privado a través de la Mesa de Enlace y también de la academia, como son las facultades de Agronomía y Veterinaria. No negamos que el organismo necesita cambios, pero esos debates tienen que darse dentro, con los trabajadores en sus puestos”.
El sindicalista también advirtió sobre un presunto documento que circula y sería del actual presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, donde se menciona la posibilidad de cerrar 300 agencias de extensión rural. “Eso sería gravísimo porque la ley de creación del INTA habla de investigación, extensión y transferencia de tecnología. Si le sacamos una de esas patas, se desnaturaliza su razón de ser”, expresó.
La jueza Forns no solo convalidó la medida cautelar inicial, sino que también respondió al incumplimiento del Estado. Según consta en el expediente, el Gobierno fue notificado electrónicamente de su decisión de no innovar el 21 de agosto a las 21:09 horas, pero igualmente avanzó en la resolución 1240, que se publicó luego en el Boletín Oficial.
El 25 de agosto, la parte demandada apeló la cautelar, aunque el tribunal concedió el recurso “en relación, sin efecto diferido y con efecto devolutivo”, lo que significa que la orden judicial sigue vigente mientras se tramita la apelación.
Ante esta resistencia, la magistrada dispuso la intimación y fijó la multa de $10 millones diarios. También ordenó que, de persistir el incumplimiento, se remitan las actuaciones a la Justicia Penal para investigar una posible desobediencia según el artículo 239 del Código Penal.
En Apinta insistieron en que la decisión judicial marca un freno a la política de ajuste sobre el organismo. “Para nosotros, es una satisfacción enorme que el Congreso, los gremios y ahora la Justicia hayan coincidido en defender la continuidad del INTA y de sus trabajadores”, dijo Romero.
Según comentó, el fallo fue como un respiro en las distintas estaciones experimentales y agencias de extensión distribuidas en todo el país. Vale recordar que en muchas de ellas se habían realizado asambleas y manifestaciones en defensa de la institución.
“Hay productores de todo el país que se manifestaron en favor del INTA. No es un tema gremial solamente, es el reconocimiento a la importancia que tiene el organismo para el agro argentino”, sostuvo el dirigente sindical.
Romero también abrió la puerta a un debate sobre el futuro del instituto. “No negamos y seguramente hay cosas que mejorar, programas que transformar y líneas de investigación que quizás requieran otra orientación. Pero eso tiene que discutirse con todos adentro, no con 300 trabajadores en la calle y la amenaza de que 1500 más pasen a disponibilidad”, alertó.
Si bien el fallo judicial no clausura la discusión de fondo, sí obliga al Gobierno a retroceder en su intento de aplicar la disponibilidad de personal. Ahora, la expectativa está puesta en la reacción del Poder Ejecutivo ante esta firme intimación.
En un contexto de incertidumbre, el gremialista dijo que el fallo trajo un poco de calma a los empleados del organismo. “Es un alivio, una satisfacción. Pero sobre todo es un reconocimiento al trabajo que hace el INTA en todo el país”, concluyó Romero.
Ante la consulta de LA NACION, las autoridades del INTA declinaron de hacer comentarios sobre el conflicto.
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