
Con menos presión impositiva y una economía que tiende al orden, se pueden comenzar a resolver problemas de larga data
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Para el agro, si el 2026 empieza como terminó el 2025 las perspectivas son claramente positivas. La paulatina normalización de la economía, el retiro del Estado como interventor de los mercados y un gobierno que, en general, le presta oídos al campo impulsan un marco auspicioso para quienes arriesgan, invierten y producen. Por supuesto que hay mucho por hacer y corregir, pero lo que también es evidente es que las perspectivas de demanda internacional siguen jugando en favor de la Argentina. La demanda global de alimentos sigue en alza, en especial en los países que mayor tasa de crecimiento económico experimentan, como los del sudeste asiático y gigantes como China e India.
La oportunidad que también abre el 2026 es la de solucionar los problemas que se vienen arrastrando desde hace décadas y que difícilmente se puedan responsabilizar por su falta de solución a factores externos, como la clase política. El que sobresale con más nitidez es el del reconocimiento intelectual en semillas. Luego de cientos de debates y discusiones, lo cierto es que el país no ha encontrado un sistema que reconozca al mismo tiempo los derechos del obtentor, para incentivar la inversión en investigación y desarrollo de nuevos materiales, y al mismo tiempo no abra la puerta a mecanismos que puedan prestarse a abusos por parte de las compañías. Se sabe que los cultivos de soja y trigo, por volumen, son los más perjudicados, pero también están comprendidos en ese campo de irregularidad las legumbres o el algodón, entre otros. Y si están todas las opciones abiertas sobre la mesa, es decir, con las mejores tecnologías, la competitividad del agro tendrá más posibilidades de lograrse.
Hay quienes afirman que mientras persista una elevada presión tributaria como la actual, particularmente en soja, con Derechos de Exportación (DEX) al 24% (poroto), no se puede introducir una discusión como la de la propiedad intelectual. Es razonable el argumento, pero en algún momento hay que empezar. Y el atraso de más de 20 años en un sistema que otorgue garantías a todas las partes no ayuda.

Pero así como a nivel nacional hay un sendero abierto para la baja de la presión impositiva y la desregulación, también las provincias y los municipios requieren ingresar en esa etapa. Las invenciones de tasas de combustible o aumentos de tasas viales que reflejan la contraprestación del cuidado de los caminos rurales, particularmente en la provincia de Buenos Aires, son dos factores críticos que deben terminarse. Para el ruralismo implica un desafío: es fundamental que los productores se acerquen a las sociedades o asociaciones rurales para ejercer un control público efectivo sobre concejales y funcionarios municipales.
El campo, a diferencia de otras actividades económicas, rara vez puede “mudarse” a otro distrito a producir si la presión tributaria local supera lo tolerable.
En una economía que, cada vez más, se acerca al alineamiento de los precios locales con los internacionales y que no dará pie a ganancias súbitas por saltos devaluatorios, todo metro que se gane en competitividad estructural debería traducirse en una mejora de ingresos. Esto será crucial, además, para mitigar posibles impactos negativos de los mercados globales cuando los precios caen. La actual campaña triguera que alcanzaría un volumen récord de 27,8 millones de toneladas según la última proyección de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, pero enfrenta un escenario de cotizaciones en baja es una muestra de que no conviene descuidar ningún flanco.
La ganadería también invita a enfocarse en solucionar los problemas estructurales. Con un panorama de precios favorable los temas por resolver tienen otro contexto. En su último informe semanal, el Rosgan puntualizó que “al analizar los valores de la hacienda en los últimos 20 años, se observan récords históricos en prácticamente todas las categorías. Medido en dólares, el precio del ternero de 160 a 180 kilos se ubica un 86% por encima del promedio del período 2005–2024; el del novillito liviano de hasta 390 kilos, un 56% por encima; y el del novillo, un 70% superior a dicho promedio”. Cuestiones como la informalidad, el doble estándar sanitario o la sanidad animal, entre otros, podrían abordarse con un mejor ánimo si la situación fuera de crisis. De continuar con este camino, la ganadería necesitará cada vez más el apoyo del sistema financiero para dar un salto productivo.
Las bases para crecer en el 2026 están presentadas.



