“Levantar las restricciones”: modificarán la ley de tierras para liberar la venta a extranjeros y las inmobiliarias rurales apoyan el cambio
Lo anunció Manuel Adorni en su conferencia de prensa; la norma, sancionada en 2011 con el kirchnerismo para limitar en un 15% la participación extranjera, fue derogada por el decreto 70 de Javier Milei, pero quedó en medio de una batalla judicial
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LA NACION Belkis Martínez
En el marco de su conferencia de prensa de hoy en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Poder Ejecutivo enviará en los próximos días al Congreso de la Nación un paquete de reformas legislativas orientadas a “fortalecer la propiedad privada”, entre ellas, una clave para el campo: la ley de tierras, sancionada en 2011 con el kirchnerismo en el poder y que limitó la venta a extranjeros en una tenencia del 15%. Esa norma fue derogada por el decreto 70 de 2023 de Javier Milei. Sin embargo, una decisión judicial ulterior tiene frenada la aplicación. En el mercado inmobiliario rural diversos operadores consultados expresaron su beneplácito por el anuncio oficial.
Según precisó Adorni, las iniciativas abarcarán una decena de proyectos que incluirán una Ley de Desalojo que establezca una vía sumarísima para evacuar inmuebles ocupados ilegalmente y restituirlos a sus propietarios en un plazo inferior a cinco días.
El paquete también contemplará una nueva Ley de Expropiaciones, un marco normativo renovado para la Ley de Fuegos y modificaciones a la Ley de Tierras Rurales. En este último punto, Adorni adelantó que se buscará “levantar las restricciones de venta a extranjeros”.
“Hoy, los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión, y esas inversiones son obras, trabajo, infraestructura y nuevas economías regionales”, sostuvo el funcionario.
En esa línea, agregó que actividades como el petróleo, la minería y el agro requieren grandes extensiones de tierra para desarrollarse. “No podemos permitir que, por un mero capricho ideológico, estas no se realicen”, afirmó.
Como se dijo, durante el kirchnerismo se impulsó la ley de tierras con la excusa de frenar una supuesta extranjerización. La ley, que lleva el número 26.737, estableció un límite del 15% a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel provincial. En tanto, entre otros puntos, estableció que un extranjero no podía tener más de 1000 hectáreas en plena zona agrícola núcleo.
Cuando entró en vigor la ley y se reglamentó había un 6,09% de extranjerización a nivel país, muy por debajo del 15% señalado. Según los registros oficiales a agosto del año pasado, “en ninguna provincia se supera dicho porcentaje”.
En mayo de 2024, la Cámara Federal de la Plata confirmó una medida cautelar presentada por el Centro de excombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim). El tribunal había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 que pretendía anular la norma que, en 2011, limitó la extranjerización de tierras. El caso quedó para que se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Repercusiones
Durante el anuncio, el jefe de Gabinete también indicó que el Gobierno impulsará modificaciones en las leyes de Discapacidad y de Educación Superior sancionadas el año pasado. Según explicó, esas normas “conducen a fundirnos como país y a sumirnos a todos en la pobreza”, aunque aclaró: “Vamos a dar los aumentos necesarios, pero haciendo el sistema sustentable”.
Conocido el anuncio sobre la ley de tierras por parte de Manuel Adorni, distintos operadores del mercado inmobiliario rural se expresaron y dieron su respaldo. “Es auspicioso el anuncio del Gobierno el día de hoy sobre la modificación de la Ley de Tierras para incentivar la inversión extranjera en tierras rurales tanto para producción agropecuaria como para explotación minera. Habrá que ver cuáles son los lineamientos de esta modificación. Espero elimine todo sesgo ideológico y restrictivo que trae la ley actual y se fundamente con visión productivista, sobre bases racionales”, expresó Juan José Madero, de L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios.
Sostuvo que es una buena noticia que apunta a poner de vuelta la atención del mundo inversor en la Argentina. No obstante, observó que en el anuncio de hoy se hizo mención al tema de las restricciones ambientales que hacen casi prohibitiva la actividad minera. “Esas restricciones existen con mucha severidad también para la producción agropecuaria, vía cuestiones con aplicaciones de fitosanitarios y con el tema de emisiones de gases de los vacunos, ambas puramente ideologizadas y muy poca o nula base científica, y eso también se debe rever”, indicó.
Añadió: “La inversión que viene a la Argentina, en primer lugar, lo hace por la confianza que puede tener en el país, más allá de las normativas alentadoras que pudieran ser estas modificaciones anunciadas. Y esa confianza, aunque en camino, todavía no está consolidada. Continuamos con un cepo que no termina de abrirse del todo y es una restricción a la libre disponibilidad de los recursos que cada inversor tiene, que en los países normales no existe. Eso dilata la consolidación de la confianza para invertir acá”.
En opinión de Federico Nordheimer, de la firma Nordheimer, “el debate sobre la modificación de la Ley de Tierras vuelve a poner sobre la mesa uno de los temores más arraigados del imaginario argentino: que los extranjeros vengan a comprarnos el campo”. En esa línea, indicó. “Es un miedo comprensible, con raíces históricas y culturales profundas, pero quienes trabajamos día a día en el mercado inmobiliario rural sabemos que la realidad del sector cuenta una historia bastante diferente”.
Explicó que el mercado de tierras agrícolas y ganaderas en la Argentina está “hoy notablemente activo y quien lo mueve son los argentinos”. Dio estos ejemplos: “Basta observar las operaciones recientes de grupos como Don Mario o Faro Verde para entender que el empresario argentino está en condiciones, y con voluntad, de invertir en tierra. La dinámica del mercado es clara: antes de que un inversor extranjero complete el proceso de análisis y decisión, un comprador local ya cerró el trato”.
Según su opinión, las oportunidades que habilitaría la reforma de la ley serían para los campos que todavía esperan ser desarrollados. “Pienso en las zonas con potencial de riego, en los proyectos de cultivos permanentes —pistachos, almendros, nogales— que requieren no solo una inversión inicial importante, sino también espalda financiera durante los cinco, siete o diez años que transcurren hasta la primera cosecha rentable. Ese perfil de inversión, largo plazo, capital intensivo, retorno diferido, no siempre encaja con la lógica del inversor local, que muchas veces busca horizontes más cortos. Ahí sí aparece un espacio genuino para el capital extranjero y habilitarlo es una decisión inteligente”.
En esa línea, agregó que levantar las restricciones no significa abrir las puertas sin control. Para él, significa reconocer que una política diseñada para proteger la soberanía no debería, como efecto colateral, frenar el desarrollo de regiones que hoy permanecen improductivas por falta de inversión. “La Argentina tiene tierra, tiene clima, tiene historial agropecuario. Lo que le falta, en ciertos segmentos, es capital de largo plazo”, resumió.
Alejandro L. de Elizalde, de Elizalde, Garrahan y Cía., recordó que durante años se intentó proteger la tierra limitando la demanda, como si el problema fuera quién compra y no qué país se ofrece. “La eventual derogación de la ley de tierras no modificará la oferta, que es finita y conocida, pero sí eliminará una restricción que achicó artificialmente el mercado. Con más compradores, especialmente internacionales, no debería sorprender una mejora en los precios y en la liquidez. Es, en definitiva, lo que ocurre cuando se permite funcionar a un mercado”, afirmó.
Destacó que resulta curioso imponer a quién se le puede vender y, al mismo tiempo, condicionar quién puede comprar. “Tal vez el verdadero debate no sea la nacionalidad del inversor, sino la previsibilidad de las reglas. La tierra seguirá en el mismo lugar. La diferencia será si el país decide integrarse al mundo o persistir en la mala administración de sus propios recursos”, añadió.
Por otra parte, Mariano Maurette, de la sección Campos de Álzaga Unzué y Cía., cuestionó el origen y la aplicación de la Ley de Tierras y respaldó su modificación. Señaló que la norma “se elaboró de manera apresurada, sin estudios previos ni consultas suficientes, con un enfoque sobredimensionado sobre la soberanía y tomando como referencia modelos externos que no necesariamente funcionaron”.
Según indicó, una vez implementada, los datos mostraron que la participación extranjera en la propiedad de la tierra rondaba el 6%, incluyendo superficies de uso minero que no tienen productividad agropecuaria. Planteó la necesidad de avanzar hacia una normativa “inteligente, que resguarde la soberanía y evite abusos, pero sin generar restricciones innecesarias”. Rechazó, además, la idea de que la propiedad extranjera implique una pérdida de control sobre los recursos y sostuvo que la inversión externa que genera empleo formal, incorpora tecnología y cumple con la legislación local “debe ser bienvenida”.
Por último, destacó que existen regiones del país, como la meseta patagónica, donde la inversión es escasa, por lo que consideró necesario promover el desarrollo productivo incluso con capital extranjero. En este marco, afirmó que la cámara sectorial de las inmobiliarias rurales acompaña la iniciativa oficial para modificar la ley y orientarla hacia un esquema menos restrictivo y más operativo, aunque reconoció dificultades para acceder a información estadística precisa.
Agregó que uno de los desafíos actuales es medir con precisión el impacto de la normativa. Explicó que desde el sector se intenta relevar si hubo una merma en la compra de tierras por parte de extranjeros desde la sanción de la ley, aunque reconoció que “es muy difícil de determinar” por la falta de estadísticas específicas.
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