Los gremios van a la Justicia para frenar el cierre de la estación experimental del INTA en el AMBA
Apinta y ATE presentaron en una acción de amparo en la justicia federal de San Martín en rechazo de la decisión del Gobierno
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El cierre de la Estación Experimental Agropecuaria del Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que se efectivizó hace un año, derivó en una ofensiva judicial por parte de trabajadores, organizaciones rurales y entidades sociales, que buscan frenar la medida. Esta semana, los sindicatos interpusieron una acción de amparo en contra del cierre de la Estación Experimental ubicada en el partido bonaerense de Ituzaingó, que tenía influencia sobre 39 municipios y la ciudad de Buenos Aires.
Según la presentación, impulsada por sindicatos como Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina (Apinta) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) junto a asociaciones de la agricultura familiar, la decisión “carece de fundamento técnico y jurídico” y deja “sin asistencia a uno de los cinturones productivos más relevantes del país”. El escrito fue presentado en la justicia federal de San Martín.
Para los gremios, la resolución que dispuso el cierre “interrumpe de manera abrupta un servicio de asistencia técnica que se brindaba desde hace más de 15 años”, afectando directamente a miles de productores del conurbano bonaerense. Resaltaron que la EEA AMBA, con sede en Ituzaingó, articulaba investigación, capacitación y extensión en una región clave para el abastecimiento diario de frutas y verduras a una población estimada en 16 millones de personas.
Desde hace meses, el INTA atraviesa tensiones por reformas impulsadas desde el Ministerio de Economía, que incluyen reestructuraciones, retiros voluntarios y una eventual venta de tierras, que pasaron a disponibilidad de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Uno de los puntos más sensibles del amparo apunta precisamente a ese aspecto. Los demandantes sostienen que el cierre de la experimental “persigue en realidad un fin inmobiliario”, vinculado a la eventual venta de los terrenos que ocupa la sede en Ituzaingó. “Se trata de una desviación de poder”, afirman, al advertir que el objetivo sería habilitar desarrollos privados en una zona de alto valor, una hipótesis que ya generó controversias en otros casos similares.
En Ituzaingó, donde funcionaba la experimental, el cierre generó rechazo institucional y social. El Concejo Deliberante declaró el predio como área de “preservación ambiental, productiva y patrimonial”, en línea con su histórico uso para investigación y producción agroecológica. “No es una tierra ociosa, es un activo estratégico para el abastecimiento alimentario y el equilibrio territorial”, sostuvieron desde el ámbito municipal. Allí, argumentaron que el espacio estaba destinado a actividades de investigación y producción agroecológica, y remarcaron su rol dentro del esquema de abastecimiento del conurbano bonaerense.
En paralelo, el escrito judicial cuestiona la legalidad de la resolución al considerar que es “inmotivada, arbitraria y basada en normas inexistentes o derogadas”. Según el planteo, el acto administrativo no cumple con los requisitos básicos de fundamentación exigidos por la ley y contradice la propia trayectoria del organismo, que durante más de una década impulsó políticas de apoyo a la agricultura familiar en el área metropolitana.
Además, los gremios advierten que el amparo no es solo para proteger el derecho al acceso a la ciencia aplicada a la alimentación. Dicen que también pretenden defender el patrimonio público, ya que “el cierre de la EEA AMBA solo busca vender sus tierras, para que sean adquiridas a precio de remate por desarrolladores inmobiliarios que harán edificios de lujo en la zona. Ya hay procesos penales abiertos por este tipo de ventas fraudulentas".
Llos gremios y entidades argumentan que el INTA “abandonó sin explicación a los agricultores familiares”, en contradicción con leyes nacionales y tratados internacionales que garantizan el acceso a la ciencia y la tecnología. “Se trata de una regresión en derechos que impacta sobre el derecho a la alimentación”, advierten en el escrito judicial, donde también invocan la protección constitucional y convencional de estos principios.
La agricultura familiar, afirman, “genera el 70% de los alimentos que se consumen en la Argentina y el 54% del empleo rural”. En esa línea, remarcan que el cinturón hortícola del AMBA es estratégico para el consumo cotidiano: “Todos los días comemos papa, tomate o zapallo; no comemos soja”, señalaron.
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