“Valor democrático”: la Justicia ordenó a un municipio informar qué hace con la recaudación de una tasa rural
Productores agropecuarios de Henderson, Buenos Aires, presentaron un amparo frente a los aumentos de la tasa vial, que consideraron “exorbitantes”
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- Un fallo de la Justicia bonaerense ordenó a una municipalidad que le explique a los productores rurales qué es lo que hace con la recaudación de la tasa vial. La resolución del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Trenque Lauquen derivó de la presentación de un recurso de amparo por parte de un grupo de Henderson al municipio de Hipólito Yrigoyen. Henderson es cabecera de Hipólito Yrigoyen. El jefe comunal es Ignacio Pugnaloni.
El juez, Pablo Cristian Germain, indica en su resolución la necesidad de “resguardar la transparencia de la gestión de gobierno, el valor democrático que implica la publicidad de los actos de gobierno y la apertura de la rendición de cuentas en la gestión pública”.
La tasa vial de Henderson el año pasado aumentó alrededor de 130% sobre el 80% del 2023 y este año, 220%. ”Nos pareció que esa dinámica exponencial era también exorbitante, desubicada porque estaba por encima de muchos otros ítems”, explicó a LA NACION el productor Rafael Hary, socio de la Asociación Rural de Henderson.
Además de Hary, firmaron sus colegas Francisco Berisso, María Estela Odriozola, Teresa Manrique, Eduardo Otero, Fabián Pereyra Iraola, Juan Manuel Cánepa, María Gabriela Gamboa y Matías Julián Riveros.
En marzo pasado los productores presentaron un pedido de informe a la Municipalidad sobre cómo se había llegado a la cifra del incremento. “La respuesta no dio precisiones y, entonces, avanzamos en mayo con la cautelar -sintetizó Hary-. Como productores advertimos cuáles son nuestros derechos, de la importancia de la Ley de Información Pública. Estamos ejerciendo ese derecho, nada más”.
La Justicia le dio un plazo de 30 días hábiles a la Municipalidad para presentar, “en forma completa, veraz y adecuada” la información que solicitaron que, entre otros elementos, incluye balances de los últimos 48 meses, pagos de arreglos de caminos rurales, cheques emitidos. Es decir, pasarán varios meses antes de que se termine de resolver la situación.
En la Justicia los productores son representados por el abogado Pablo Abdon Torres Barthe, quien acumula varios antecedentes en la pelea contra gobiernos de diferentes localidades por las tasas que cobran. Uno de los más resonante data del 2023, cuando los productores de la localidad santafesina de Villa Saralegui se negaron a pagar una tasa que aumentó el 430%. Un año después, en marzo del 2024, la administración provincial intervino la comuna.
En mayo pasado representó también a los productores agropecuarios que lograron que la Cámara Civil y Comercial de los Tribunales de Reconquista, al norte de Santa Fe, declaró inconstitucional el artículo 8 de la ley 5066, promulgada en 1959 por el gobernador Carlos Sylvestre Begnis, que vía juicio de “apremios fiscales” le daba a las comunas locales la potestad del cobro de deudas por boletas de tasa por hectáreas impagas mediante tal procedimiento.
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