Revocan la falta de mérito en una causa contra un exejecutivo de una multinacional del agro
A Plácido Enrique Humanes, que se desempeñó en Bunge, se le sigue una investigación por supuesta evasión del impuesto a las salidas no documentadas presuntamente agravada por el uso de facturas apócrifas
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- La Justicia Federal de Córdoba resolvió revocar la falta de mérito de Plácido Enrique Humanes, quien a comienzos de la década pasada era presidente de la empresa Bunge Argentina SA y ordenó que se profundice una investigación por evasión del impuesto a las salidas no documentadas agravada por el uso de facturas apócrifas. LA NACION consultó a la empresa que, hasta el momento, no hizo comentarios.
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba tomó la decisión en respuesta a la apelación del Ministerio Público Fiscal frente a la falta de mérito que había dictado el juzgado de Villa María.
Humanes fue imputado por supuesta evasión de ese tributo usando facturas apócrifas durante los períodos fiscales de 2011, 2012 y 2013. El uso de facturas apócrifas, según la acusación, simulaba operaciones comerciales con granos para ocultar la real situación patrimonial de la empresa y provocar un perjuicio fiscal.
La decisión de la Cámara tiene el voto de Abel Sánchez Torres y la adhesión de Liliana Navarro. El primero señaló que los elementos reunidos “hasta el momento no alcanzan para realizar un juicio afirmativo o negativo de la imputación, en particular acerca de la intervención dolosa del imputado Humanes en las maniobras señaladas” y que, en ese marco, “resulta necesario previamente producir la prueba que permita dilucidar este extremo y pronunciarse luego en uno u otro sentido; por lo que correspondía revocar la resolución apelada y disponer la profundización de la investigación”.
Planteó que, para acreditar el conocimiento del imputado de la falsedad de los comprobantes apócrifos hay que “producir la prueba conducente a su dilucidación conforme los fines del proceso, resulte esta contraria o no a los intereses del imputado”.
Para ese fin sugiere: pericia contable para definir, por ejemplo, la magnitud del impuesto supuestamente evadido y la reiteración de supuestas operaciones con los proveedores; informes bancarios y registros de operaciones sospechosas para examinar la trazabilidad del circuito financiero de pagos; testimonios de las partes intervinientes en las operaciones -en particular, de los transportistas y/o los distintos camioneros existentes conforme las cartas de porte; para determinar el circuito físico del cereal-; documental y testimonial de los empleados de la empresa que dé cuenta de la existencia de mecanismos estandarizados de prevención del fraude fiscal y su cumplimiento, entre otras diligencias pertinentes y útiles según el caso.
Indagar más
Sánchez Torres consideró de utilidad indagar sobre la cantidad de operaciones con comprobantes apócrifos versus los genuinos, el rédito, ganancia o beneficio que traería aparejada su realización, puesto que se presentaría como el móvil delictivo la existencia o no de controles internos y protocolos de prevención del fraude fiscal que hubieran permitido documentar los distintos segmentos de contratación y supervisión, la existencia de habilitación de los distintos organismos estatales encargados de la fiscalización de la comercialización y tributación, entre otros.
También dijo que se debe “examinar si los camioneros contratados por la transportista cuestionada y consignados en las cartas de porte que aportó Bunge SA para probar el traslado del cereal, confirman o niegan haber efectuado dichos traslados y su vinculación con la empresa que presidia el imputado”.
El camarista entiende que se debería investigarse la existencia de “connivencia con los proveedores de servicios presuntamente apócrifos toda vez que Bunge recibiría retornos dinerarios a partir de las operaciones cuestionadas, a los fines de determinar su efectiva existencia e individualizar a quienes hubieran intervenido”.
Sobre el particular, consideró que luce particularmente llamativo, tal como lo sostiene la parte acusadora, que luego de efectuadas las transferencias informadas, estas eran extraídas en efectivo casi inmediatamente después de acreditadas, lo que pudo permitir a quienes operaban estas cuentas distribuir el dinero entre la firma que realmente había efectuado la operación comercial y generar los retornos a la firma contratante del servicio, de manera que no quedara registro de las operaciones posteriores a la extracción del dinero en efectivo.
Indicó que deberá indagarse si se reunió evidencia, de cargo o descargo, respecto del conocimiento del autor de la apocrificidad de los contribuyentes observados, principalmente prueba indiciaria que es la prevalente en este tipo de operaciones y supuestos delictivos, entendiendo como razonables las medidas probatorias propuestas por la defensa a fin de conformar un escenario al menos indiciario o presunción al que permita aseverar o descartar la imputación penal.
Como conclusión, sostuvo que se vislumbra “la escasez de actividad investigativa que permita reconstruir los extremos jurídico-penales relevantes de los hechos, resultando prematuro el dictado de resolución de mérito, por lo que corresponde la profundización de la investigación”.
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