Ruralistas y productores llaman a no vender granos por debajo de los precios declarados por los exportadores
Consideran que la medida de suspensión de las retenciones benefició a las empresas compradoras; también el titular del ARCA, Juan Pazo, coincidió con la propuesta
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LA NACIONMariana Reinke
La suspensión temporal de retenciones a las exportaciones de granos, que derivó en la inscripción de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por US$7000 millones en apenas tres días, generó fuerte malestar en buena parte del sector agropecuario. Productores y dirigentes rurales coincidieron en que la medida terminó beneficiando solo a los exportadores y llamaron a no vender mercadería, solo lo justo y necesario para no no convalidar precios bajos.
El enojo se disparó al conocerse que siete compañías concentraron el 86% de los registros al declarar 17 de las 19 millones de toneladas con DJVE . La sensación de los ruralistas fue de “desencanto” y “decepción”, según sintetizaron sus principales referentes.
De regreso de la Exposición Rural de Bell Ville, en Córdoba, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, resumió el sentimiento generalizado en el sector: “Decepción y desencanto”.
En este contexto, Pino hizo un fuerte llamado para que los productores no vendan sus granos: “El campo no tiene que vender, porque los exportadores van a estar obligados a salir a comprar, tienen un año para hacerlo. Hay que vender lo mínimo indispensable para pagar insumos y cuentas. La fuerza la tenemos que hacer nosotros los productores. La capacidad de pago de los exportadores es muy grande, no se entreguen“.
El dirigente recordó lo ocurrido hace 17 años cuando recién comenzaba el conflicto del campo con el gobierno de Kirchner por la Resolución 125: “En Gualeguaychú, el 2 de abril de 2008 se les dijo a los productores que vendan lo justo para comprar la comida. Hoy el mensaje es el mismo”.
El desafío, sin embargo, sigue siendo la organización. Como señaló Pino, “una buena medida monetaria terminó en una mala medida política, fue demasiado evidente”. En el medio, miles de productores siguen esperando señales que equilibren la balanza. Mientras tanto, el mensaje se repite como consigna: no vender.
Además, adelantó gestiones políticas: “Voy a hablar con el Presidente [Javier Milei] para comentarle de esta situación. Hay que alinearse para no vender y poner un precio de base. El que quiera vender por debajo de ese precio, está en su derecho, pero lo importante es sostenernos”.
Reacción oficial
Curiosamente, en medio del malestar, en el Gobierno dieron un mensaje similar al de los dirigentes rurales. En el programa oficialista “Las tres anclas”, del canal de streaming Carajo, Juan Pazo, titular de ARCA, dijo: “Los productores están teniendo un beneficio de esta medida. Se ve en el precio. Y si no están contentos con el precio, somos un gobierno liberal, no vendan, defiendan el producto, porque las exportadoras van a tener que cumplir con sus compromisos de venta. Así que tienen una oportunidad enorme de hacer valer más lo que tienen porque tienen el mejor precio en los últimos 25 años. No nos olvidemos de eso. Es una oportunidad histórica, es un muy lindo momento”.
En tanto, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Ignacio Kovarsky, coincidió en que los granos aún son una carta fuerte de los agricultores. “Los dueños de los granos siguen siendo los productores. Los exportadores van a tener que salir a comprar y entonces los precios pueden cambiar”.
Kovarsky advirtió sobre la necesidad de mejorar la comercialización: “Los productores no tienen que vender en la primera oferta. Deberían hablarse entre ellos, buscar precios de referencia. Hoy, hay una diferencia de alrededor de 40 dólares por tonelada que se están guardando los exportadores”.
El dirigente agregó: “Además de producir, muchos productores tienen que aprender a comercializar, muchos lo saben pero muchos no; muchos están desesperados y otros tantos sienten que se quedan afuera; también tienen que aprender a defenderse gremialmente”.
Por su parte, el secretario de Carbap, Pablo Ginestet, presentó datos extraídos de la plataforma SIO-Granos, que depende de la Secretaría de Agricultura. “La diferencia entre lo que declararon los exportadores y lo que están pagando a los productores es de unos 40 dólares por tonelada. Esa plata quedó en el bolsillo de los exportadores y debería haber ido a los productores”, dijo.
Ginestet subrayó que esta brecha es el corazón del problema. “Las DJVE ya están cerradas, los precios FOB y FAS teóricos están publicados, y sin embargo lo que llega al productor es mucho menos. Eso es lo que hay que cambiar”, sostuvo.
En tanto, el empresario agropecuario Enrique Baya Casal lanzó un llamado a la acción en su cuenta de X con el hashtag #Nosponemosdeacuerdo. Allí instó a los productores a resistir: “Ningún productor debe vender un solo grano de soja a un valor más bajo del que pagó la exportación el lunes y martes”.
En diálogo con LA NACION, Baya Casal fue más allá: “Tenemos que abroquelarnos. Si nos ponemos de acuerdo unos 10.000 productores, incluso menos, que conformamos una superficie enorme de lo que se siembra de soja en la Argentina, podremos mejorar esta situación y que nos paguen más por nuestros granos”.
El productor sostuvo que la única forma de equilibrar la relación de fuerzas con el sector exportador es mediante un frente común. “Si no vendemos y hacemos más masivo el rechazo, seguro que al exportador lo obligás a subir el precio. Es difícil que pase, es como una utopía, porque siempre los productores tenemos problemas para hacer lobby, a diferencia de los exportadores que hacen mejor su trabajo. Nosotros, que somos el primer eslabón de la cadena, no nos defendemos”, opinó.
A su vez, cuestionó el diseño del esquema oficial porque además del beneficio de liberar las retenciones, los exportadores pagaron las DJVE sin comprar toda la mercadería y además el Gobierno les dio 360 días de plazo para cerrar la compra y embarcar. “Esa medida debería haberse acotado a no más de 90 días para que algo del precio mejorado se trasladara al productor”, indicó.
Según Baya Casal, “el lunes y martes la soja se vendió a US$370 la tonelada, pero ya el miércoles bajó a US$340 y para mayo pasó de US$330 a US$310: “Toda esa diferencia se la lleva el exportador y la pierde el productor”.
Frente a esta situación, reclamó un rol más activo del Poder Ejecutivo. “El Gobierno quedó en deuda con el campo porque no hizo nada para limitar al exportador. Al final resultó un beneficio a medias para el productor. Ojalá todos los productores no vendamos y tengamos la posibilidad de pelearla, pero la veo difícil”, opinó.
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