Momento decisivo: la Justicia dijo que Grassi SA fue la primera en informar sobre las mayorías para quedarse con Vicentin
Así lo dictaminó el juez del concurso, Fabián Lorenzini, tras un relevamiento de la Sindicatura que analizó el cramdown de la cerealera; el magistrado abrió un período de cinco días para eventuales impugnaciones y luego dará una resolución final
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LA NACIONPilar Vazquez
El proceso de salvataje de la cerealera Vicentin sumó este martes un nuevo capítulo, decisivo. El juez Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso de acreedores en Reconquista, Santa Fe, y abrió un cramdown, confirmó que la firma rosarina Grassi SA fue la primera en comunicar haber alcanzado las mayorías necesarias para quedarse con la empresa. La resolución se conoció después de que la Sindicatura entregara un informe con los horarios de presentación de los escritos de Grassi y del consorcio competidor formado por Molinos Agro SA y Louis Dreyfus Company (LDC).
De acuerdo con el documento presentado por el síndico Diego Telesco, la propuesta de Grassi sumó 1141 adhesiones sobre 1708 acreedores, lo que equivale al 84,99% del capital verificado. En su análisis, la sindicatura señaló que el grupo logró la mayoría el 31 de octubre último, cuando se incorporó la conformidad de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que fue la que permitió superar el umbral legal. Con ese respaldo, la firma pidió la homologación del acuerdo y la adjudicación de las acciones de Vicentin, considerando que el capital social “no tiene valor positivo”. Vicentin tiene un patrimonio neto negativo de más de US$1000 millones.
En su resolución, firmada hoy, el juez Lorenzini dejó asentado textualmente: “Por presentado el informe de la Sindicatura, y verificados por Secretaría los horarios de presentación en el expediente concursal de los escritos de Grassi SA y MOA SA y LDC SA, respectivamente; téngase presente. En mérito a lo antedicho, hágase saber que el primero en comunicar la obtención de conformidades suficientes para la aprobación del acuerdo preventivo ha sido Grassi SA (arts. 48 y 49 LCQ). Los legitimados procesales concursales podrán impugnar dicho acuerdo dentro del plazo de cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, por ministerio de la ley (art. 50 LCQ)”.
Con esta decisión, el juez abrió un plazo de cinco días hábiles para posibles impugnaciones de los acreedores. El tribunal deberá revisar las adhesiones y la validez de las firmas presentadas. En paralelo, el consorcio Molinos Agro–LDC, que también asegura haber reunido las mayorías, espera la evaluación de su propuesta. La definición de Lorenzini será la que determine quién se quedará finalmente con Vicentin, tras más de cinco años de uno de los procesos concursales más complejos de la historia. “Todavía no ganó nadie”, dijo una fuente al tanto del expediente. Si hubiera una impugnación el magistrado debería volver a expedirse.
El consorcio Molinos Agro SA–Louis Dreyfus Company había informado que alcanzó más de 1180 adhesiones y los dos tercios del capital de acreedores legítimos en cada categoría.
La Sindicatura también analizó la propuesta presentada por el consorcio Molinos Agro-Louis Dreyfus Company (MOA-LDC) y concluyó que el grupo logró las mayorías que exige la ley, aunque con algunas observaciones. En su informe, los síndicos Carlos Amut y Ernesto García detallaron que el consorcio reunió 935 adhesiones en la categoría A, 196 en la B y 119 en la C, y que si el juez acepta las exclusiones planteadas por los propios oferentes —entre ellas las de Avir South, Commodities, Grassi y Vicentin Paraguay—, la última categoría subiría al 75% de los acreedores y 74,8% del capital.
En el escrito se le pidió al juez que se expida sobre las exclusiones presentadas por los oferentes. Las compañías habían pedido la exclusión de cuatro acreedores: Avir South, Commodities SA, Grassi SA y Vicentin Paraguay SA, como se mencionó, por considerar que se trata de empresas vinculadas o con posibles conflictos de interés dentro del proceso. En el texto los síndicos advirtieron que “restan resolver los planteos sobre exclusión de votos y los reclamos cruzados entre los oferentes”.
Fuentes cercanas a Molinos Agro y LDC indicaron que “las empresas van a impugnar las conformidades de los que en su momento pidieron excluir de la votación”, pero no de la acreencia.
La causa Vicentin lleva más de cinco años de giros judiciales, apelaciones y resoluciones encontradas. La firma, una de las principales exportadoras de granos y subproductos del país, se declaró en cesación de pagos en diciembre de 2019, dejando un pasivo que superaba los US$1300 millones y afectó a más de 1700 acreedores, entre productores, cooperativas, acopios y bancos locales y del exterior.
En los años siguientes, Vicentin, ya concursada, logró reunir las mayorías legales para aprobar un acuerdo, pero en 2023 el juez Lorenzini rechazó homologarlo al considerar que la propuesta no garantizaba la continuidad ni el pago proporcional de las deudas. La compañía apeló y la Cámara de Apelaciones de Reconquista revocó la decisión del juez y ordenó la homologación del plan. Sin embargo, este paso duró poco: en febrero de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló esa resolución, rechazó la homologación y abrió la puerta para que sobreviniera el proceso de salvataje (cramdown) para que otras empresas pudieran presentar sus propuestas de reestructuración.
A partir de entonces, el juez Lorenzini habilitó el registro de interesados, entre los cuales se anotaron once empresas. Pero en septiembre de 2025 se informó que finalmente solo dos ofertas formalizadas se presentaron para quedarse con Vicentin: la de Grassi SA y la del consorcio Molinos Agro SA–Louis Dreyfus Company. Ambas fueron oficialmente incorporadas al expediente y, tras reunir las adhesiones necesarias, presentaron sus propuestas definitivas ante el juzgado.
Con la resolución conocida este martes, el juez dejó establecido que Grassi fue el primero en alcanzar las mayorías y dio inicio al período de cinco días hábiles para impugnaciones o planteos formales. Si no se presentan objeciones fundadas, el acuerdo podría quedar en condiciones de ser homologado, en lo que sería el paso final de un proceso que lleva más de cinco años y que marcó un antes y un después en la historia de la cadena agroindustrial.
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