Sturzenegger anticipó que un organismo de control en semillas pasaría a tener el rol de un “tribunal de alzada”
En Jonagro, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado defendió el derecho de propiedad intelectual y señaló que el Instituto Nacional de Semillas (Inase) dejaría de tener la fiscalización directa en la materia para pasar a funcionar como instancia de apelación
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LA NACIONMariana Reinke
En la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en un auditorio colmado de productores, dirigentes rurales y empresarios del agro, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dejó una definición que atravesó toda su exposición en Jonagro: para el Gobierno, avanzar hacia una nueva Ley de Semillas es una de las reformas centrales para impulsar un salto productivo en el agro argentino. Anticipó que el Instituto Nacional de Semillas (Inase), organismo involucrado con semillas, dejaría de tener la fiscalización directa para pasar a funcionar como instancia de apelación. Una suerte de “tribunal de alzada”, indicó, mientras la potestad de fiscalización la tendría el sector privado.
Tras el discurso de apertura del presidente de CRA, Carlos Castagnani, el funcionario realizó un extenso repaso sobre las desregulaciones impulsadas por la administración de Javier Milei y anticipó las próximas transformaciones que pretende llevar adelante. Pero fue el capítulo vinculado a las semillas el que concentró buena parte de la atención del sector.
Según planteó, el Gobierno tiene “una mirada distinta” sobre el debate que desde hace años divide aguas dentro de la producción agropecuaria. “El derecho a la propiedad de la semilla es defender al productor, que el productor tenga la posibilidad de acceder a la mejor semilla”, sostuvo.
Para Sturzenegger, la falta de un marco legal moderno terminó afectando directamente la productividad argentina frente a otros países competidores. “Cuando la Argentina dejó de respetar el derecho de propiedad de las semillas y el resto del mundo se fue a un esquema que sí lo respetaba, por ejemplo, la productividad del algodón voló y en la Argentina se estancó”, afirmó.
El ministro puso como ejemplo el caso brasileño y comparó los rindes obtenidos en ambos países: “¿Cómo puede ser que en Brasil un algodón rinda 1400 kilos por hectárea y en la Argentina sea de 600 kilos? Eso es porque no tenemos un marco legal que permita que esas semillas que dan 1400 kilos se vendan en Chaco”.
En ese contexto, aseguró que la Argentina podría incluso “duplicar la producción de algodón” si lograra incorporar genética de mayor potencial productivo. “No tener derecho de propiedad nos ha afectado muy fundamentalmente la productividad”, insistió.
La reforma que analiza el Gobierno incluye un cambio profundo en el rol del Instituto Nacional de Semillas (Inase). Según explicó, el organismo dejaría de tener la fiscalización directa para pasar a funcionar como instancia de apelación. “Lo que estamos haciendo con el Inase es transferir la potestad de la fiscalización al sector privado; el Inase va a quedar como un tribunal de alzada cuando hay conflicto”, detalló.
El funcionario buscó además enviar una señal de tranquilidad hacia los productores respecto del esquema vigente. “A ningún productor le vamos a cambiar su status quo, a ningún productor lo vamos a obligar a hacer algo”, afirmó.
Según explicó, la intención oficial es que el nuevo sistema se aplique únicamente sobre las semillas registradas a partir de ahora. “Hoy no se puede seguir trabajando como se está trabajando hoy. No le cambiamos nada, pero sí generamos el marco legal para que el que quiera traer una semilla de mayor productividad, si la quiere traer y el productor se la quiere comprar, eso se pueda dar”, señaló. Y agregó: “Ese es el problema: hoy no podemos traer a la Argentina semillas de alta calidad”.
Otro de los ejes fuertes de la exposición estuvo vinculado a la posible derogación parcial de la actual Ley de Tierras, un proyecto que el oficialismo busca debatir en el Senado. Para Sturzenegger, la normativa vigente limita el ingreso de capitales y frena inversiones clave para las economías regionales. “La Ley de Tierras, en su estado actual, prohíbe la inversión extranjera directa en tierras, en el agro, en puertos y en la industria forestal”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que una flexibilización de la normativa podría tener un fuerte impacto económico en distintas provincias. “Si logramos una derogación parcial de la ley, el PBI de Corrientes, por ejemplo se va a multiplicar por tres”, aseguró.
En logística, anticipó avances sobre la desregulación del cabotaje fluvial y la concesión de rutas nacionales. Según explicó, el objetivo es reducir costos y mejorar la competitividad del interior productivo. “Vamos a lograr que una mayor parte de la producción de la Argentina vaya por tren y no tanto por camión”, señaló al referirse al Belgrano Cargas.
Incluso mencionó posibles proyectos logísticos y portuarios asociados al norte argentino. “Dreyfus va a construir un puerto en Barranqueras, que va a ser la nueva Rosario”, dijo.
Otras definiciones
A lo largo de su intervención, Sturzenegger defendió el rumbo económico del Gobierno. Buscó reforzar el mensaje de cercanía con el sector agropecuario y comentó sobre el costo de la vacuna contra la fiebre aftosa que pagaban los productores antes de liberarse el mercado. “Cuando nosotros llegamos, la vacuna contra la aftosa se vendía a US$1,4 en la Argentina, mientras que la misma industria la vendía a 40 centavos de dólar en Uruguay”, afirmó. Según explicó, esa diferencia respondía a restricciones regulatorias que dificultaban la competencia en el mercado: “Hemos avanzado muchísimo: logramos bajar el precio de 1,4 a 90 centavos y todavía tenemos un largo camino para acercarnos a los 40 centavos”. Además, remarcó que se otorgó “más libertad para que el productor pueda elegir el veterinario” y se flexibilizaron mecanismos vinculados con los entes vacunadores.
Dentro de las medidas ya implementadas, destacó la unificación cambiaria realizada al inicio de la gestión. “La primera cosa que hizo Javier Milei fue unificar el tipo de cambio para que el sector agropecuario recibiera verdaderamente el valor de aquello que produce”, indicó.
También defendió la política oficial respecto del funcionamiento de los mercados y los precios. Al referirse a la ganadería, sostuvo que el Gobierno está dispuesto a tolerar tensiones de corto plazo para permitir una recomposición del stock bovino. “Este es un Gobierno que se va a bancar que los precios tengan el valor que tengan que tener para que los mercados funcionen como tengan que funcionar”, afirmó.
En materia impositiva, reconoció el reclamo histórico por los Derechos de Exportación (DEX), aunque vinculó cualquier baja adicional al ajuste del gasto público. “Para eso está la motosierra. El avance ha sido absolutamente extraordinario”, afirmó sobre la reducción de retenciones en distintos productos y economías regionales.
El funcionario repasó además una larga lista de desregulaciones impulsadas desde el DNU 70, entre ellas la liberación de la importación de maquinaria usada, la apertura de internet satelital, cambios en el mercado de warrants, flexibilizaciones en fertilizantes y modificaciones en regulaciones sanitarias y logísticas.
“Le prohibíamos a nuestros productores comprar la maquinaria usada que ellos pensaban que tenían que comprar”, sostuvo al recordar las restricciones previas sobre maquinaria agrícola usada. También destacó la desregulación del mercado de internet satelital. “En 2023 no había clientes de internet satelital en la Argentina porque estaba prohibida”, afirmó.
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