Alejandro Cacace advirtió en el Congreso Maizar que la falta de reglas claras sobre la propiedad intelectual frena la productividad y aleja inversiones; el Gobierno prepara un nuevo certificado para blindar los derechos de los obtentores
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La falta de normativas claras sobre propiedad intelectual le está costando a la Argentina miles de millones de dólares en pérdida de productividad frente a sus principales competidores. Así lo advirtió el Secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, quien anticipó que el Gobierno avanza para destrabar el escenario con la inminente salida de un nuevo certificado para blindar los derechos de los obtentores de semillas. Se trata de una medida, indicó, para reconocer el valor de la biotecnología y fomentar la inversión tecnológica que el sector agropecuario demanda para dar el próximo salto productivo.
En el marco del Congreso Maizar 2026, realizado en el Goldencenter de Buenos Aires, referentes del sector público y privado coincidieron en que, más allá del indispensable orden macroeconómico, el agro necesita cambiar su estrategia, dejar de “jugar a la defensiva” e involucrarse de lleno en el armado político para hacer valer su peso.
Durante su alocución Cacace ilustró el impacto de la desprotección intelectual con un dato contundente para justificar la urgencia en la agenda de semillas. Mientras en el maíz —gracias a su condición de híbrido que asegura la venta de semilla fiscalizada y el pago por la innovación— el crecimiento de la productividad en Argentina (1,1% anual) casi empata al de Estados Unidos (1,2%), en la soja la historia es muy distinta.
En rigor, en la oleaginosa Estados Unidos crece al 1,2% y la Argentina apenas a la mitad con un 0,6%. “Esto no es un sector contra otro, sino que es una pérdida de recursos para toda la economía”, remarcó.
El funcionario aclaró a LA NACION que la falta de reglas sobre la propiedad intelectual en semillas le está costando a la Argentina alrededor de 6000 millones de dólares.

Para lograr estos cambios, Cacace apeló también a una transformación cultural en la forma de negociar y puso como ejemplo el modelo uruguayo. Relató su sorpresa al visitar el Instituto Nacional de Semillas (Inase) del país vecino, donde encontró “a productores, desarrolladores tecnológicos y autoridades sentados en la misma mesa trabajando en estricta armonía”. Para el funcionario, el resultado es un mayor respeto por los contratos firmados, mayor nivel de formalización de la producción y más control por parte del Estado, según destacó.
Durante su discurso señaló que cuando la Argentina venía de una situación de inflación del 200% y con tipos de cambio diferenciales, se terminaba instalando una lógica de suma cero. “Es decir, todos ven una torta que se va achicando y tratan rápidamente de sacar una porción. Eso lleva a que cada sector busque un régimen de promoción exclusivo, y el propio Estado, al ver poca productividad iba y le sacaba al sector más competitivo porque es el que tiene plata. Esa lógica nos ha guiado mucho tiempo. Ahora estamos en una situación de mayor orden macroeconómico”, analizó.
Asimismo, el funcionario fue tajante sobre el reclamo del sector para bajar las retenciones: advirtió que para que eso suceda y el esquema sea sustentable a largo plazo, es imperativo que las provincias y los municipios hagan su parte en el ajuste del gasto público, recortando de su lado para achicar el peso del Estado.
Las oportunidades desperdiciadas también fueron el eje de la intervención de Germán Weiss, productor agropecuario, quien constató el retroceso argentino frente a las tasas de crecimiento de Estados Unidos y Brasil. El también miembro de CREA recordó que existen entre 25 y 30 millones de hectáreas en el país que hoy podrían producir y no lo hacen por falta de condiciones. “Sembramos en los lugares donde sigue siendo rentable aún con la presión impositiva”, señaló. Además, pidió derribar el paradigma de que el agro no genera trabajo urbano: según sus cifras, solo la cadena del maíz aporta casi 300.000 puestos laborales, triplicando a toda la industria automotriz.

Para capitalizar ese potencial, la mirada del panel se posó sobre Brasil. Paulo Bertolini, presidente de Abramilho, relató cómo el país vecino pasó de ser importador de alimentos a potencia global. La clave, explicó, no fue solo la adopción de tecnología, sino la férrea organización política a través del Instituto Pensar Agro (IPA) y el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), que hoy reúne a más de 300 legisladores de distintos espacios. “Los agricultores argentinos tienen que involucrarse en la política; no pueden dejar de poner la voz y el cuerpo”, aconsejó Bertolini, quien remarcó que esta unidad fue lo que les permitió en Brasil frenar regulaciones absurdas y garantizar la seguridad jurídica.
En esa misma línea, el diputado cordobés Luis Picat (LLA) hizo una fuerte autocrítica puertas adentro. Reconoció que el sector aún sufre de un mensaje “atomizado” frente a la política y que, si bien iniciativas como la Fundación Barbechando están logrando sentar a los legisladores en una misma mesa para pensar a la agroindustria como un todo, la tarea es titánica. “Hay que salir de la tranquera e integrarse a la comunidad”, exigió el legislador libertario instando a los productores a ocupar espacios de decisión.
Picat profundizó en las barreras estructurales que dificultan el lobby institucional en la Argentina. Explicó que el Congreso sufre una rotación donde apenas el 15% de los diputados sobrevive a dos o tres gestiones, lo que obliga a las entidades a hacer una "docencia permanente" sobre el campo cada dos años. A este desafío se le suma la fuerte fragmentación regional de los bloques políticos: "Si tocás a Tucumán, todos defienden la caña de azúcar; si tocás a Córdoba, el bioetanol; si tocás a Mendoza, el vino. Lograr que todos los legisladores defiendan a la agroindustria como una sola cosa es muy complicado" admitió el diputado.
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