Una protesta contra la multinacional Cargill disparó un cruce de acusaciones entre transportistas
El sindicato de fleteros dijo que 29 integrantes fueron desplazados “de manera arbitraria” de la empresa y apuntó contra Catac por supuestos cobros indebidos; la entidad del transporte se defendió
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LA NACION Belkis Martínez
Transportistas nucleados en el Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (Siunfletra) iniciaron una medida de fuerza frente a la planta de Cargill en la localidad de Arribeños, partido de General Arenales, Buenos Aires. La protesta también se trasladó a la Municipalidad en reclamo porque, supuestamente, 29 fleteros fueron desplazados “de manera arbitraria y sin justificación”. La confederación que representa a los empresarios del transporte de cargas negó que hubieran sido desplazados de la multinacional, aseguró que los fleteros se retiraron de forma voluntaria hace siete meses y rechazó las denuncias sobre comisiones y asignación irregular de cargas. Cargill no respondió una consulta de este medio.
Desde el gremio aseguraron que agotaron las instancias de diálogo que tenían al alcance con la empresa sin obtener respuestas para evitar la medida de fuerza. “Solicitamos reuniones con los directivos de Cargill para que expliquen por qué dejaron sin trabajo a transportistas locales, mientras derivan las cargas a otras empresas logísticas”, indicaron voceros sindicales.
El conflicto suma un componente político. Los fleteros cuestionaron el rol de la intendenta Érica Revilla, a quien criticaron por no intervenir en la situación. “La intendenta también nos dio la espalda sabiendo que son 29 familias de su ciudad las que perdieron su fuente laboral”, señalaron.
En el gremio que conduce Mario Pereyra dijeron que Cargill dejó sin trabajo a los transportistas fleteros que se negaron, supuestamente, a pagarle la comisión del 3% en negro, indicaron, al tesorero de la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (Catac), Sergio Larovere, un dador de cargas de la zona que trabaja para la multinacional. “Casualmente, es la logística del presidente de la Catac, Ramón Jatip, la que se está llevando las cargas de Arribeños. Lo hacen sin tributar en la localidad e incluso a una tarifa por debajo de la que ellos mismos negocian con las empresas”, dijeron.
Además del reclamo laboral, el gremio advirtió sobre el impacto económico local. “Son 29 familias que dejan de consumir en Arribeños. El trabajo ahora lo realizan transportistas de Junín, que no tributan en la localidad”, sostuvieron.
Respuesta
En conversación con LA NACION, Jatip, presidente de Catac, sostuvo que “Cargill nunca los despidió” y afirmó que los transportistas dejaron de trabajar por decisión propia. “Se fueron voluntariamente en octubre; se fueron, creo, que 16 o 17. Esto fue hace siete meses”, indicó. Según su versión, los fleteros prestaban servicios de manera independiente y cada uno facturaba y cobraba directamente sus viajes, sin intermediarios.
En ese sentido, rechazó las denuncias sobre presuntas irregularidades en el sistema de pagos y la existencia de comisiones. “Cada uno facturaba con sus propias facturas y cobraba sus fletes en sus cuentas corrientes. No había un transporte en el medio que cobrara o pagara”, explicó. Además, aseguró que “nunca nadie los echó” y que la empresa “nunca echó a nadie en esa planta”.
Respecto de la acusación sobre el cobro de un 3% en negro, negó que haya existido ese mecanismo. “Ellos facturaban y cobraban su propio flete. No es así de ninguna manera”, afirmó, al tiempo que insistió en que los transportistas trabajaban de forma autónoma y que no había decisiones discrecionales sobre quién operaba y quién no.
Por otra parte, señaló que tras dejar de trabajar los fleteros se vincularon con un sindicato que, según indicó, no representa a cámaras empresarias. También sostuvo que hubo intentos previos de reclamo ante la empresa, que fueron rechazados, y que la operatoria de transporte ya estaba cubierta. “Ellos, de un día para otro, dejaron de trabajar”, remarcó.
Lamentó que los empresarios fleteros, dijo, los amenazaran a él y a Larovere a partir de esta situación: “Es lamentable porque nos han amenazado con carteles intimidatorios. Hoy resurgen los problemas y es triste porque nosotros queremos trabajar en paz con las entidades de toda la vida y tenemos claro que las tarifas son orientativas, que hay un mercado, que el campo negocia con nosotros todo el tiempo tarifas, formas de pago y demás, como siempre. Hay gente que quiere llevarse todo por delante y no se puede”.
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