“Ver qué pasa”: advierten por un freno judicial que demora compras de extranjeros en el mercado de campos
La Corte Suprema de Justicia se debe expedir sobre el DNU de Javier Milei que removía un límite de participación; los otros factores que observan los inversores
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- Los inversores extranjeros consultan por tierras en la Argentina, pero no hay cierre de operaciones importantes. Por una cautelar de la Justicia sigue en vigencia la Ley de Tierras que, al inicio de su gestión, el presidente Javier Milei derogó a través de un DNU. Continúa, así, el límite del 15% para los extranjeros. Según datos de este mes del Registro Nacional de Tierras, en ninguna provincia se supera ese nivel; Salta, con 11,31%, es la que lidera la presencia de extranjeros, le siguen Misiones (11,29%); San Juan (10,36%) y Santa Cruz (8,11%). La ley puso para la zona núcleo un límite de 1000 hectáreas de compra individual para los extranjeros.
Federico Nordheimer, CEO y fundador de Nordheimer Campos y Estancias, plantea que “hay muy pocas” operaciones cerradas con extranjeros, aunque “creciente interés para inversiones grandes”. Entiende que el DNU presidencial fue un “mensaje para mostrarle al mundo que se está yendo hacia un país con leyes y normas que son de práctica habitual en el mundo y no algo que solo sucede en la Argentina”.
“Es como el cepo y las retenciones -agrega-. En los países lógicos y desarrollados, eso no existe. La Ley de Tierras es similar y frenar ese decreto da la señal al mundo de que la Argentina vuelve a cosas que no son comunes. Hubo mayor interés de extranjeros en los últimos tiempos, pero más que nada consultas. Sabiendo cómo es la Argentina, necesitan reconfirmar que hay una continuidad en sus reglas para realizar inversiones”.
En mayo del año pasado, la Cámara Federal de la Plata confirmó la medida cautelar presentada por el Centro de excombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim). El mismo tribunal ya había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 que pretende anular la norma que, en 2011, limitó la extranjerización de tierras. La que debe expedirse ahora es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El planteo del Cecim tiene dos aristas, una que el Poder Ejecutivo usurpó facultades legislativas sin razones excepcionales que lo justificaran y, la otra, que levantar la restricción a la propiedad “libera el mercado de tierras, habilitando la extranjerización de aquellas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces”.
Opiniones
Desde Abel Real & Asociados, inmobiliaria rural, Abel Real ratifica que hay “algún caso muy aislado de compra de extranjeros, casi nada. Hay movimiento en el sector, como lo muestra el índice de la Cámara, pero pocas son las operaciones que se concretan. No ven reglas claras. Están las retenciones, el cepo para las empresas”, indica.
La referencia es al Índice de actividad del mercado inmobiliario rural (InCAIR) que elabora desde 2013 la Cámara de Inmobiliarias Rurales (no refleja precios). En julio marcó 51,9 puntos, con una mejora de 5,07 puntos en la comparación intermensual (en junio había caído respecto a mayo). “Se consolida la tendencia positiva de la actividad. Se mantiene muy firme la demanda agrícola con muy poca oferta -interpreta la entidad-. Las próximas elecciones como suele sucede habitualmente, pueden frenar algunas decisiones tanto de inversores como propietarios”.
Una de las operaciones que se cerró este año fue la del grupo cripto Tether, que compró 70% de Adecoagro, empresa en la que ya era dueña del 19,4% de las acciones. Desembolsó alrededor de US$615 millones. Adecoagro maneja 500.000 hectáreas entre propias (210.400) y alquiladas.
Juan José Madero, director de la división Campos de L J Ramos, indica que el extranjero realizó consultas exploratorias el año pasado: “Fueron muy preliminares, no pasó de eso. Hoy está todo en un ‘ver qué pasa’. Un paso importante para estas inversiones es la mayor flexibilidad del cepo, mientras que con la Ley de Tierras, el escenario es difuso por lo que la recomendación es que se hagan asesorar con sus abogados de confianza".
Considera que “hay una oportunidad para hacer un replanteo serio para la inversión extranjera en la Argentina. Con una norma clara, sin sesgo ideológico, pragmática y productivista”.
Coincide José María Bauzá, titular de JMB y Compañía, inmobiliaria y consignataria de hacienda, en que hay “dos bibliotecas” en la interpretación judicial de la vigencia o no del DNU que modificó la Ley de Tierras. “El extranjero no solo espera por esa ley, espera por el país en general: la economía, la política, la seguridad jurídica, lo impositivo, lo laboral, etc. La única diferencia con el inversor local es lo legal, pero el resto es igual. El local es un atleta, está acostumbrado a correr con obstáculos; el extranjero quiere ver primero. El resto del sector está funcionando".
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