“Vienen por nosotros”: fuerte rechazo de productores del norte a un cambio para semillas
Apronor cuestionó avanzar con UPOV 91, como lo haría el Gobierno en el Congreso; advirtió que el problema son las retenciones
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En medio del debate por una eventual actualización del marco normativo en semillas, desde el norte argentino surgió una fuerte señal de alerta. La Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) cuestionó la posibilidad de avanzar hacia un esquema alineado con UPOV 91 y advirtió sobre un presunto riesgo de concentración del mercado y pérdida de derechos para los productores. UPOV 91 es un tratado internacional que amplía derechos a los obtentores en semillas y al cual el Gobierno se comprometió adherir en el acuerdo comercial con Estados Unidos.
En un comunicado, la entidad puso el foco en lo que considera un diagnóstico equivocado sobre el estancamiento productivo. “Más de un funcionario del actual Gobierno afirma que los volúmenes de producción en Argentina se mantienen estancados por no tener una nueva Ley de Semillas”, señalaron.
En esa línea, cuestionaron directamente la idea de que la adhesión a UPOV 91 sea la solución. “Se está instalando en los medios de comunicación especializados y no tan especializados en materia agropecuaria que nuestro país tiene que adherir a las normas UPOV 91”, indicaron.
El documento también incluyó críticas al Gobierno por el enfoque del problema. “El señor ministro Federico Sturzenegger falta a la verdad, confunde a la opinión pública, incluso tal vez al Presidente de la Nación”, afirmaron.
Para Apronor, el origen del estancamiento productivo no está en la legislación de semillas, sino en la presión impositiva. “Claramente nuestra producción no crece por efecto de los Derechos de Exportación (DEX), que desde hace años esquilman a nuestros productores y empobrecen los pueblos del interior de nuestra Patria”, expresaron.
En ese contexto, pidieron un cambio de enfoque en la política agropecuaria. “Le pedimos al ministro que no favorezca a unos pocos con RIGI y mate a muchos con DEX”, remarcaron.
Como contrapunto, el comunicado tomó el caso de Brasil para reforzar su postura. “En Brasil, el sector agropecuario pasó de representar el 18% al 25% del PBI en 10 años, y duplicó su producción total de granos en el mismo tiempo”, indicaron.
Además, destacaron el crecimiento sostenido del país vecino. “Alcanzó niveles récord (345 millones de toneladas), impulsada principalmente por soja y maíz”, señalaron.
En ese sentido, marcaron una diferencia clave en el modelo regulatorio. “Hablemos claro, Brasil adhiere a UPOV 78 (permite el uso propio) y no tiene Derechos de Exportación”, afirmaron.
Otro de los puntos críticos del documento apunta a la institucionalidad del sistema. “Es llamativo cómo funcionarios provenientes de distintos semilleros han ocupado los principales cargos del instituto [Inase] que tiene que ‘regular’ el área de semillas”, cuestionaron.
La entidad también puso en duda el perfil técnico de algunos funcionarios. “Igualmente, es llamativo que algunos sean abogados y no profesionales del área de producción”, remarcaron.
En ese marco, plantearon interrogantes sobre el alcance de eventuales controles. “¿A quiénes van a enviar cartas documento? ¿A quiénes van a llevar a juicio? ¿A quiénes van a multar? A buen entendedor…”, advirtieron.
El comunicado también diferenció la situación según el tipo de cultivo. En el caso del maíz, señalaron problemas productivos que, según indicaron, no reciben la atención necesaria. “En alógamas como el maíz el instituto del área y otros organismos del Estado parecen no preocuparse”, afirmaron. En particular, mencionaron dificultades sanitarias en el norte. “No hacen foco en los problemas graves que sufrimos, especialmente en el norte, por ejemplo, el complejo de enfermedades del achaparramiento del maíz”, indicaron.
Agregaron que en cultivos autógamos el control es más estricto. “En autógamas la situación cambia: el instituto envía cartas documento, aplica multas millonarias. Es inflexible y atenta permanentemente contra el uso propio de las semillas de los productores agropecuarios”, sostuvieron.
Incluso apuntaron contra decisiones regulatorias recientes. “Dictan resoluciones retroactivas (inconstitucionales) que parecieran redactadas en las oficinas de la poderosa asociación que nuclea a los semilleros (ASA)”, afirmaron.
Frente a este escenario, el tono del documento se volvió más enfático. “¡Señores productores, estemos alerta, vienen por nosotros!”, advirtieron.
Según señalaron, el avance regulatorio podría afectar prácticas históricas del sector. “Durante muchos años conservamos nuestras semillas y alimentamos a la humanidad toda”, remarcaron.
Recordaron planteos previos que, según indicaron, no se condicen con la realidad actual. “Todavía resuena la frase de algunos dirigentes del Norte: ‘no queremos que paguen multas, queremos que ustedes inviertan en genética’. Pero la realidad es que al Estado, como así a algunos semilleros, poco les importa la producción: solo les importa la recaudación/facturación”, señalaron.
LA NACION
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