Cómo funciona el millonario negocio de la pesca, que el Gobierno puso en la mira

Hace unos meses, la Argentina empezó a debatir un tema que jamás estuvo en la agenda pública. De la mano de la original ley Bases, aquella que se presentó en el Congreso y que luego el Poder Ejecutivo retiró, se amplió el zoom sobre un negocio descomunal, que jamás pasó por el tamiz de la opinión pública. ¿De qué se trata? Del entramado regulatorio que rodea el mundo de la pesca, un recurso natural renovable del que la Argentina dispone gracias a la enorme costa que tiene sobre el océano Atlántico.

Fue Federico Sturzenegger quien sacó a la superficie el asunto. “El régimen de pesca es un problema porque la regalía que se paga para pescar en el mar argentino es de 0,15%. Es un absurdo. Para decirlo con todas las letras, hay gente que pesca nuestros peces y no paga nada por ello. Allí la ley bases original planteaba que entre los pesqueros argentinos, cuando les vencieron sus contratos actuales, deberían pujar para obtener el derecho de pesca”, dijo a Clarín hace unos meses el economista, uno de los asesores principales del presidente Javier Milei y futuro ministro según las palabras del mandatario.

La sola mención del asunto desató una descomunal tormenta en el sector. Los empresarios movieron sus redes, los sindicatos ayudaron y la política hizo lo suyo. El resultado fue que toda iniciativa sobre alguna modificación se retiró de la segunda versión de la Ley Bases. Como quien dice, “nada por aquí; nada por allá”.

Solo algunos datos para entender de qué se trata este negocio que manejan grupos empresarios consolidados y con alta integración vertical. Durante varios años de la última década, la exportación de pescado fue mucho más importante que la de carne vacuna. Por ejemplo, por cada 10 dólares exportados de carne vacuna en 2016, se facturan al exterior alrededor de 17 de pescados. Claro que era la época afectada por los controles de las ventas al exterior que tuvo su pico en el kirchnerismo, sobre todo entre 2014 y 2015.

Ahora, aquella ecuación regresó a su cause natural. En 2023, las exportaciones de pescado o subproductos llegaron a US$1.757 millones, mientras que las de carne vacuna ascendieron a US$2735, según datos que surgen del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) y de la Subsecretaría de Pesca, que depende de la Secretaría de Bioeconomía. Sucedieron un par de cosas: la baja del precio del producto marino, la caída en los volúmenes y, finalmente, el regreso de la carne argentina a las góndolas del mundo.

Ahora bien, cómo se maneja y quiénes traccionan el mundo de la pesca, una enorme usina de dólares, con una importancia vital para varias ciudades del interior de la Argentina y con relaciones tan trenzadas en la política como sus propias redes.

La actividad se encuentra regulada por el Régimen Federal de Pesca (24.922) que establece que los “recursos vivos existentes en las aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina y en la plataforma continental argentina (que se extiende desde la línea de base hasta las 200 millas náuticas) a partir de las 12 millas marítimas son de dominio y jurisdicción exclusivos del Estado Nacional”. Hasta esa milla 12, la explotación de estos recursos son de dominio de las provincias con litoral marítimo, además de lo que exista en las aguas interiores. Es decir, la jurisdicción nacional, sobre la que Sturzenegger podría regular, son las 188 millas federales.

Un punto aquí: la milla 201, donde se posicionan centenares de barcos extranjeros, chinos especialmente, y se llevan toneladas de calamar. Se trata de aguas internacionales y no hay mucho para hacer ahí, más que controlar que no ingresen a las aguas jurisdiccionales. Difícil de resolver.

La cadena de valor cuenta con 503 buques que pescan en el Mar Argentino, a los que se suman 146 establecimientos en tierra, 237 armadores, 200 empresas industriales, 316 empresas comercializadoras y 34 transportistas. En ese universo hay menos de una docena que concentran casi el 80% de la exportación, el resto, un entramado de pymes, muchas de ellas familiares, que se ubican en varias ciudades portuarias, con Mar del Plata como la más importante. En la industria informan que emplean 46.000 trabajadores, entre directos e indirectos.

Los desembarques durante 2023 se concentraron en tres puertos: Mar del Plata (49%), Puerto Madryn (16%), Rawson (11%). Le siguen Puerto Deseado (8%) y Ushuaia (4%), donde opera casi exclusivamente la flota congeladora. Pescan para abastecer el escaso consumo interno que llega a entre 5 y 6 kilos per cápita (lejos del nivel mundial que es de 19 kilos por habitante), pero por sobre todo, para exportar. De hecho, las pescaderías argentinas suelen abastecerse con el pescado de jurisdicción provincial.

Con la respuesta al siguiente interrogante empieza a explicarse gran parte de la discusión por el destino final de los dólares que produce la actividad que introdujo Sturzenegger a la agenda. La pregunta es simple. ¿Qué se pesca? “El 85% de las exportaciones pesqueras en 2023 correspondieron a langostinos, calamar y merluza hubbsi”, contestan en las Cámara de Armadores de Pesqueros y congeladores de la Argentina (Capeca).

De acuerdo a datos de la Secretaría de Pesca, en los primeros 5 meses del año se exportaron 90,5 millones de dólares de merluza, a razón de 2640 dólares por tonelada. Ese negocio es el que desempolvó el debate. Sucede que a fin de año vencen las licencias que varios años atrás entregó el Gobierno y que establecen qué cupo de pescados puede extraer cada una de las pesqueras en aguas de jurisdicción federal. Como se dijo, este año vencen aquellos permisos de la merluza, uno de los productos estrella. Pero, sin dudas, el negocio grande está en el calamar y el langostino. Un dato: el primero lleva exportado en los primeros cuatro meses del año US$251 millones; el segundo, US$231,2 millones. Por esos productos, la industria paga retenciones que van entre 5 y 9%, según el producto.

“Yo no quiero ir contra ningún derecho adquirido, pero cuando vencen las licencias de pesca deberían licitarse y el que paga más por es permiso se lleva el cupo”, les dijo Sturzenegger a los pescadores en varias de las reuniones que tuvieron desde que esa iniciativa tomó estado público con la presentación de la primera versión de la ley base.

La sola mención de ese mecanismo en el horizonte, es decir de pagar una suerte de regalía, puso en alerta los pescadores. Cada un lanzó sus redes. El asesor presidencial quería, además, que ni siquiera fuera necesario que los buques toquen puertos argentinos. Es decir, si algún barco se quedaba con un cupo podría congelar a bordo y partir con su captura. Finalmente, decía Sturzenegger, ya habían pagado su canon por esa captura. Estaba decidido a quitar esta cláusula, pero no aquella de licitar al mejor postor. “Es un recurso natural, como el cobre. A nadie se le ocurre que alguien puede venir, explotar el cobre y no dejar nada en el país”, argumentaba.

“¡Vade retro!” gritaron los gremios y los empresarios, con un coro de segunda voz entonado por gobernadores costeros y muchos voceros políticos oficiosos, hombres y mujeres de llanura pero con llamativo interés en la pesca. Y empezó el debate.

Los empresarios prepararon una batería de argumentos para interdictar aquella iniciativa. “Pagamos alrededor de 130 millones de dólares anuales de retenciones”, se les escuchó. Munidos de estadísticas, contaron que son grandes generadores de divisas para el país y que es verdad que se pagaba apenas un 0,15% de un cargo que es una suerte de regalías, pero que justo cuando Sturzenegger hizo la cuenta estaba desactualizado. “Luego se actualizó por el precio del gasoil y ya es mucho más”, dicen en Capeca.

“En los últimos 20 años el sector aportó al fisco más de US$ 2.300 millones solamente en concepto de derechos de extracción, siendo este un tributo que no existe en ningún otro sector pesquero en el mundo. El sector no tiene posibilidades de seguir creciendo en volúmenes de captura, ya que todas las especies están explotadas en su máximo rendimiento, pero en condiciones sustentables. Lo que sí puede hacer es aumentar las exportaciones con agregado de valor, algo que muchas empresas ya realizan pese a la falta de competitividad e incentivos”, repiten.

Sturzenegger escuchaba y les repetía que compitan, que pujen por el cupo y el que paga más se lo lleva. Los pesqueros contestaban que estaban los derechos adquiridos, las plantas y los barcos. Y las inversiones que habían construido en este tiempo. El gran problema, dicen, es que vengan los grupos extranjeros, principalmente chinos y españoles, y que hagan ofertas imposibles para el mercado local. Explicaban al asesor que ya tenían los barcos operativos, y toda la producción en tierra.

El regulador miraba y volvía sobre sus argumentos, de hecho, consideraba que con todo instalado, eventualmente, tenían una ventaja ya que podrían ofrecer más por el producto dado que no tendrían que amortizar barcos y plantas, usadas desde hace años gracias a aquellos permisos que ahora vencen.

Mientras, las cámaras (Caipa, socios con 50 buques), la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, Caapba, (45 buques fresqueros, que transporta producto refrigerado) y Capeca (19 grupos empresarios con 74 buques), argumentaban, de la mano de los derechos adquiridos que vencen en poco tiempo. En todo, caso, dicen, “aumenten la Unidad de Pesca” (aquella que aumentó a razón de los precios del gasoil y que sirve como un pseudo arancel), que el 1° de abril de 2024 se actualizó a $935 hasta el 1° de octubre de 2024, pero que les respeten los cupos. Pero con las licencias, ¡no! Se unió CAPA, que nuclea a los pateros, buques que pescan calamar; además de la Capip, 55 buques radicados en Puerto Madryn y los puertos patagónicos y la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (Cafrexport), entre otras cámaras que dispusieron su arsenal de argumentos.

Hay un dato más que bien podría ser el punto de negociación. Por esa Unidad de Pesca, que es lo que de hecho funciona como canon y que se paga por las capturas realizadas -formalmente se llama Derecho Único de Extracción-, anualmente se pagan entre 10 y 12 millones de dólares. Una opción que se baraja es aumentar aquella unidad y mejorar la recaudación.

Claro que hay nombres propios. El Pabellón Argentino en la Seafood Expo Global 2022 bien podría ser una suerte de podio de los principales actores. Participaron Arbumasa (10 buques); Brother Ocean; Buena Proa (2); Cabo Vírgenes, una compañía española; Charlie Tango Pesca Argentina (10 barcos, en Puerto Madryn) y Conarpesa, la empresa que fue conocida por ser una de las financista de las campaña de Néstor Kirchner. Además, estaban Consemar, una empresa venezolana de servicios marítimos; Estrella Patagónica, también de Madryn con 4 barcos; Good Fish (Mar del Plata); Illex Fishing; Congeladores Patagónicos y Pesquera Puerto Comodoro. Finalmente, Newsan Food, la compañía de Rubén Chernajovsky, uno de los hombres fuertes del régimen de Ushuaia, dueño de Newsan, que empezó como una financiadora de expediciones a cambio de pescado para exportar y generar dólares, y terminó por ser un jugador de peso en el sector, ya en sociedad de varios barcos que operan en los mares más al Sur, en busca de merluza negra.

Cada uno hizo su juego. Uno, habló con la política para lograr un acuerdo que le ayude a mantener aquel artículo de, a al menos, licitar los permisos. Los otros, hicieron lo propio en búsqueda de mantener el status quo. Hasta Elisa Carrió, histórica denunciante de algunas pesqueras del Sur desde la época de Néstor Kirchner, pasó el trasmallo en conversaciones informales con sus dirigentes en la búsqueda de votos. Volvió sin nada.

Aquella iniciativa terminó con ningún apoyo, ni de los políticos costeros ni de los de llanura o montaña. Poco tiempo después, la segunda versión de la ley llegó al Congreso: no quedó ni rastros del intento de cobrar por la extracción de peces.

Sturzenegger lo dejó ahí, archivado. ¿Archivado? Se verá dentro de poco, cuando finalmente llegue el vencimiento de los permisos. Entonces, la autoridad decidirá la nueva manera de entregarlos. Quizá en ese momento, Sturzenegger sea ministro y, conocedor del Estado, sabe perfectamente que para varias reformas alcanza la resolución o el decreto.

Por Diego Cabot

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