Coronavirus. El otro riesgo país: flexibilizar la cuarentena en el AMBA
La próxima etapa de apertura económica y social de la cuarentena obligatoria por el coronavirus será parcial, selectiva y gradual en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por una razón más que evidente. Allí viven más de 15 millones de personas -muchas de ellas, en amplios bolsones de pobreza-, que equivalen a un tercio de la población total del país y una flexibilización más amplia implicaría el riesgo de expandir la circulación del virus y empinar la curva de contagios.
En la Capital Federal y los partidos más populosos del Gran Buenos Aires se concentra el 60% de los casos totales de Covid-19, que últimamente incluyeron a varias villas y barrios vulnerables cuyas condiciones de hábitat pueden convertirlas en un virtual campo minado. Por eso el tiempo de duplicación de casos, que en el promedio nacional fue estirándose auspiciosamente en poco más de cuatro semanas de 10,3 a 25 días, se reduce a casi la mitad (12/15 días) en el AMBA y con ciertos reparos. En el barrio 31 de Retiro hubo testeos puntuales con casos confirmados después de una imperdonable escasez de agua en algunos sectores durante varios días. Culpas concurrentes de AySA y el gobierno porteño. Y en las villas del conurbano con aislamiento comunitario la falta de datos oficiales sobre testeos relativiza el número de contagios informados.
A esta realidad se agrega el ingreso de autos particulares desde el GBA hacia la CABA o viceversa, que en épocas normales supera 1,5 millones de vehículos por día y, si bien se redujo significativamente en el arranque de la cuarentena, fue creciendo en las últimas dos semanas, ya sea de derecho (por la excepción de más actividades) o de hecho (por el relajamiento de los controles policiales).
Las medidas para comercios, industrias y servicios en el AMBA quedaron limitadas a propuestas para replicar -cautelosamente y en escala reducida- la flexibilización que ya aplican provincias con baja cantidad de contagios y/o ciudades de menos de 500.000 habitantes, sujetas en todos los casos a protocolos de prevención sanitaria.
De todos modos, para extender la reanudación de actividades a más sectores sin rifar el esfuerzo social de la cuarentena y evitar contagios, todavía será necesaria una tarea multidisciplinaria articulada entre el sector privado y el sector público, que deberá resolver al menos tres cuestiones claves: homologar protocolos de higiene y seguridad sanitaria acordados entre empresas y sindicatos; integrar a cada cadena de valor y unir la oferta con la demanda (o viceversa), y reorganizar la logística del transporte público, que es una de las principales fuentes de contagio.
En el primer caso, la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) y la UOM tomaron la iniciativa de acordar un protocolo sanitario ya presentado a las autoridades bonaerenses. Incluye horarios escalonados; preferencia por transporte propio (motos, bicicletas o autos); cuestionarios individuales y diarios sobre el estado de salud; suministro de dispensers de jabón y alcohol en gel, equipos de protección personal (EPP); cambio obligatorio de ropa a la entrada y salida de las plantas, y desinfección diaria de las instalaciones, entre otras cláusulas. Una referencia importante en este sentido fue la operación de Siderar, exceptuada de la cuarentena por su proceso industrial continuo (el alto horno de su planta en San Nicolás) y la producción de hojalata (para envases de alimentos, sanitizantes, insecticidas y repelentes). Allí, también con la colaboración de la UOM y del municipio, se instrumentó un esquema de turnos más largos (de 12 horas, con menos días a la semana) para reducir la rotación de personal, toma de temperatura a distancia y transporte puerta a puerta contratado por la empresa con varios recorridos. Por su parte, los dos principales fabricantes de cigarrillos presentaron sus protocolos a comienzos de abril para reanudar la actividad en sus plantas de Merlo (Philip Morris) y Pilar (Nobleza). En este caso, el agotamiento de stocks provocó filas en los quioscos, sobreprecios e incentivos al contrabando sin aporte impositivo.
En cuanto a las cadenas de proveedores, en la industria automotriz -que redujo a cero la fabricación en abril- resultó aún más complejo rearmar la red de autopartistas, ubicados en distintas jurisdicciones del país.
Sin embargo, el cuello de botella más crítico para flexibilizar la cuarentena está en el transporte urbano e interurbano de pasajeros, donde es más difícil mantener el distanciamiento social sin un escalonamiento de horarios laborales y mayores frecuencias. El índice de movilidad comunitaria de Google revela que hasta el 30 de abril cayeron 44% los viajes en trenes, colectivos y subtes, y en auto para ir al trabajo, 56%. Aquí no pocas empresas podrían aprovechar la capacidad ociosa de la flota de micros escolares, totalmente inactiva hasta que se reanuden las clases. Intendentes del conurbano y sindicalistas podrían aportar su experiencia en este tipo de movilización, claro que con mayores recaudos sanitarios.
En el caso de los comercios con salida a la calle, un atenuante para la caída de ventas es el delivery o el take away; pero también podrían establecerse horarios reducidos o ingresos por número de documento. Lo mismo para tratamientos médicos u operaciones programadas que fueron suspendidas por la pandemiaante la capacidad ociosa de salas de internación. O para las inmobiliarias, que podrían digitalizar trámites para alquileres, pero no para compraventa de inmuebles mientras no funcionen las escribanías hasta que reabran los registros de la propiedad.
Por otro lado, un dato casi inadvertido es que las ART cubren a los trabajadores en relación de dependencia con diagnóstico fehaciente de Covid-19 y los empleadores están obligados a dar aviso. La cobertura (por salarios caídos o fallecimiento) está encuadrada en un fondo específico para enfermedades profesionales.
A nivel nacional, los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas deberán mantener el aislamiento como hasta ahora, por ser el mayor grupo de riesgo. Un cálculo del economista Miguel Ángel Broda, sobre la base de las zonas del mundo con más infectados respecto de la población total (Wuhan, en China, y Santa Clara, en EE.UU.), revela que la tasa de mortalidad es 22 veces más alta entre los mayores de 60 años (3,3%, con extremos de 1,9 a 7,8% en los de más de 80) que en los menores de esa edad (0,15%). De ahí que sugiera estrategias de flexibilización por rango etario.
En cuanto a las demás actividades afectadas por el aislamiento obligatorio, la perspectiva en la Argentina es la misma que el economista Leonardo Leiderman (de la Universidad de Tel Aviv) definió en una reciente videoconferencia con el acrónimo FOLI (first out, last in). O sea que quienes primero ingresaron serán los últimos en salir, selectiva y progresivamente. El listado es muy amplio y abarca las clases de jardín de infantes, primaria, secundaria y universitaria; viajes y turismo al exterior; salones de fiestas, restaurantes, convenciones, cines, teatros, recitales y fútbol (con público), entre otras actividades.
Un importante aliciente es el desarrollo, en el Instituto Leloir, del test argentino para detectar anticuerpos en personas recuperadas del Covid-19, que permitirá extraer plasma en el punto de mayor concentración para donar a otros pacientes infectados (asintomáticos o no), a la manera de una virtual vacuna. La ventaja es que al ser de producción argentina su costo es 10 veces inferior al de los importados y posibilitará masificar los testeos a 10.000 pacientes por semana.
Mientras tanto, los anuncios de anoche supeditan a los gobiernos porteño y bonaerense las propuestas que deberá aprobar la Casa Rosada para comenzar a cortar el circulo vicioso entre riesgo sanitario y riesgo socioeconómico. Con las sucesivas prórrogas, la cuarentena vino aplanando la curva de contagios y preservando de un colapso al sistema sanitario; pero también desplomando las curvas de actividad económica y recaudación impositiva. Cada quincena de aislamiento no solo le resta casi un punto al PBI, sino que inevitablemente acentúa la desigualdad laboral y de ingresos. Muchos argentinos no pueden trabajar aunque quisieran, o no tienen ingresos ni comida asegurada con ayuda estatal que llega tarde. Otros, en las múltiples áreas burocráticas del sector público, se quedan en sus casas con virtuales vacaciones pagas.
nestorscibona@gmail
Más leídas de Economía
1Amplían a toda la industria un régimen que permite importar insumos sin pagar aranceles
2Caromar: el dueño de “El Coloso” entró en concurso preventivo
3Le Utthe: el plan de la “H&M argentina” para enfrentar la caída del consumo
4“Todo quedó bajo el agua”: se perdió el 90% de la producción de verduras y hortalizas de una región y suben los precios
