Crece el riesgo de una escalada de los concursos preventivos tras la pandemia del coronavirus
El caso Vicentin volvió a poner luz sobre la realidad de las compañías que se encuentran en concurso de acreedores, una figura legal que les permite renegociar sus deudas y volver a su normal funcionamiento; los efectos nocivos del Covid-19 en la economía podrían multiplicar estos casos en el país
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LA NACIONCarlos Manzoni
Vicentinse convirtió en un "caso nacional" por estos días, a partir de que el Gobierno anunció la intervención y la posible estatización de la empresa, desempolvando el concepto de expropiación. Pero, al tiempo que se aviva la polémica por esa situación, cobra protagonismo el análisis de una figura legal que no es exclusiva de la firma santafecina y que, por efecto del coronavirus, podría multiplicarse en la Argentina pospandemia: el concurso preventivo.
Actualmente unas 650 empresas, según relevamientos privados de casos, están en concurso preventivo (o concurso de acreedores), pero la crisis económica que arrastra el país, sumada a la caída de la actividad provocada por el aislamiento social obligatorio, colocó a muchas compañías en la situación de no poder hacer frente a sus deudas, algo que en la mayoría de los casos termina en esa figura legal.
Hay que tener en claro que el concurso preventivo no es una sentencia de muerte para la empresa, como sí lo es la quiebra. Según explica Alejandro Claps, socio de Claps, Ferrer, Mazza & Oteiza Aguirre (CFMO Abogados), el concurso es el mecanismo que prevé la ley para los que no pueden acordar extrajudicialmente la refinanciación de sus pasivos con todos sus acreedores.
Claps señala que, considerando los concursos y las quiebras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se tramitan en la Justicia Nacional -ante los tribunales de cada provincia se gestionan los concursos y quiebras de las empresas situadas en ellas-, se había producido un incremento moderado de casos durante el período 2016-2019. "Sí hubo un salto marcado en 2019, en el que el número de nuevos concursos prácticamente duplicó al del año anterior, totalizando algo más de 200".
Hurgando un poco en la historia local, se puede ver que los procesos concursales en la Argentina explotaron en la primera década de este siglo por la gran crisis de 2001/2002. "Allí se produjo una enorme cantidad de acuerdos preventivos extrajudiciales, concursos preventivos y declaraciones de quiebra, situación que se prolongó por diez años", relata Daniel Roque Vítolo, profesor titular de Derecho Comercial de la UBA, autor de la Ley de Quiebras y abogado de empresas.
Superada esta etapa, a partir de 2010 casi no hubo movimiento concursal significativo por varios motivos, que enumera Vítolo: en primer lugar, las empresas no tuvieron acceso al crédito en razón de las altas tasas de interés y de los elevados niveles de inflación; segundo, la AFIP comenzó a implementar diversos planes y facilidades de pago para deudas impositivas y previsionales, lo que culminó incluso con un blanqueo de capitales, y, tercero, hubo varias reformas a la Ley de Quiebras y al régimen laboral -como la instrumentación de prontos pagos laborales, la no suspensión de intereses y la amenaza de que las compañías pudieran ser tomadas por cooperativas de trabajadores-, que desalentaron la presentación en concurso.
En síntesis, el concurso preventivo no era entonces un instrumento útil ni adeudado para la reestructuración de los principales pasivos de las empresas consistentes en deudas impositivas, previsionales y laborales. Y tampoco había tanta deudas financieras para "reperfilar", por la falta de acceso al crédito. "Fue recién a partir de 2018 cuando, de la mano del impacto negativo del sinceramiento de costos y tarifas, comenzó a ponerse en movimiento el mundo de los concursos y quiebras, algo que creció más en 2019. Pero desde ya que no fue un hecho significativo ni preocupante en materia de volumen, en lo que hace a las empresas", remarca Vítolo.
Ahora, el efecto coronavirus puede incrementar el número de casos. "Las previsiones de concursos y quiebras para 2020 que se han elaborado para economías del mundo desarrollado, que tienen sistemas económicos más robustos que el nuestro, acceso al crédito más fluido y tasas sustancialmente más bajas, hablan de un 300% de aumento (en Italia y España, por ejemplo), pero en la Argentina cabría esperar el doble o el triple de ese porcentaje", estima Claps.
En el caso de nuestro país, el Estado ha tratado de implementar políticas activas crediticias o de subsidios, pero en realidad eso también ha sucedido en otros países –con ayudas cuantitativamente mucho más trascendentes–, en los cuales, no obstante, el crecimiento de la cantidad de procesos de falencia que se estiman es de alta significación. "Es esperable que en la Argentina esto se vea magnificado por las altas tasas de interés, por una cadena de pagos muy dañada y por niveles de inflación muy elevados", vislumbra Claps.
Hernán Letcher, el economista que dirige el Centro de Economía Política (CEPA), dice que, por ahora, como resultado de la feria judicial decretada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los casos de concursos y quiebras se redujeron sensiblemente, pero la crítica situación económica derivada del Covid-19 hace esperable un incremento, especialmente de los concursos, una vez que se habilite la actividad judicial. "Esto dependerá, por un lado, de los mecanismos que impulsen los privados para la renegociación de deudas (dado el aumento del endeudamiento generalizado de las empresas) y las medidas que pueda aplicar el Gobierno sobre este tema en particular y, a la par, de la celeridad o no que tenga la reactivación de las ventas en los próximos meses", advierte.
Raúl Aguirre Saravia, abogado especializado en materia comercial y socio del Estudio Aguirre Saravia Gebhardt, cree que se avecina un período similar al que se vivió en 2001 y 2002, cuando se produjo la pesificación, porque ya se ha cortado la cadena de pagos. "Incluso, se comenta que el Gobierno ya tiene todo un proyecto de ley para concursos y quiebras muy similar al que se dictó en 2001, que implica una flexibilización en la regulación de dichos procesos en favor del deudor, en pos de la continuidad empresaria y con foco en la preservación de los puestos de trabajo", afirma.
Según la opinión de Aguirre Saravia, lo preocupante no es la dimensión del volumen de concursos, sino el hecho de que en pandemia va a haber perdedores muy claros, entre los que se encuentran empresas muy grandes (aerolíneas, hoteles, restaurantes) que tienen una enorme cantidad de empleados y que, por lo tanto, habrá un fuerte impacto en el ámbito laboral y social.
Asimismo, Aguirre Saravia, comenta que hay soluciones novedosas que aún no están permitidas por la legislación argentina y que podrían ayudar a paliar una situación de emergencia. "Deberemos ser más ingeniosos aún, reformar la legislación laboral para permitir, por ejemplo, que dentro de un concurso, el juez pueda autorizar que empleados suspendidos en la sociedad concursada trabajen temporariamente para otro empleador", sugiere.
Para Vítolo, la recomposición de las empresas en la pospandemia será algo muy difícil. "Se estima que más de 100.000 compañías pequeñas y medianas ya están en estado de cesación de pagos y que el endeudamiento promedio de las familias argentinas se encuentra en el orden de 3,2 meses de ingresos. Que este número significativo de empresas y personas humanas recurra a procedimientos concursales de diverso tipo puede generar el colapso absoluto del sistema de administración de justicia el cual, además, hoy no está funcionando", comenta.
Es por eso que Vítolo sugiere que, para evitar el colapso, hay que buscar soluciones innovadoras que hoy no están –ni pueden estar– en una ley de quiebras. "Es urgente que el Congreso dicte una ley de emergencia específica de reestructuración de la deuda privada y de fomento a la actividad productiva. Una suerte de Plan Marshall de argentinos para argentinos. Hay que innovar totalmente, aun asumiendo ciertos riesgos porque, en la situación en que está hoy el país, el peor riesgo es no innovar", advierte el académico.
También es interesante analizar qué dice de un país el exceso de empresas concursadas. Para Letcher, que elabora un relevamiento de los concursos que se inician en el país según las publicaciones que aparecen en el Boletín Oficial, es una clara muestra de que algo anda mal en la economía. "El contexto macroeconómico adverso hizo que se incrementara sensiblemente la cantidad de concursos", señala.
Vítolo opina que hay que desmitificar la cuestión de los concursos y las quiebras, porque así como en todas las comunidades hay un índice de personas enfermas, otras que mueren y otras que sobreviven, en el mundo empresario y de la economía ocurre lo mismo. "No todas las empresas que nacen van a ser exitosas. No es importante en un país la cantidad de concursos presentados ni de quiebras decretadas, sino que ello debe medirse con el número de nuevas empresas que se inician. Si bien en 2017, 2018 y 2019 creció el número de concursos y quiebras, también se constituyeron en ese tiempo miles de nuevos emprendimientos y de compañías, a través de pequeñas y medianas empresas generadas por emprendedores", analiza el experto.
Aguirre Saravia, por su parte, señala que el exceso de empresas concursadas hace que las líneas de créditos de los bancos sean más exigentes, que las tasas de interés aumenten y que las entidades financieras requieran más recaudos y garantías al entregar cualquier préstamo. "Esto hace también que haya una recesión en la actividad, porque si no hay crédito para desarrollar un negocio, se resiente toda la economía. Hay que tener en cuenta que la situación del país antes de la pandemia ya era recesiva, por lo que el impacto será mayor y el Estado no tiene posibilidad de brindar créditos blandos que permitan la reactivación, como ocurre en el primer mundo", concluye.
¿Y qué implica para una empresa estar en concurso preventivo? Tal como explica, Martín Caselli, abogado y socio del Estudio Caselli, implica la oportunidad de solucionar en sede judicial, con la concurrencia de la mayoría de los acreedores, su problema económico y financiero. "Además, una vez que el deudor hizo la presentación en la que pide su concurso, se pone freno a todas las ejecuciones (salvo las correspondientes a garantías reales, como hipoteca o prendas) y a todo devengamiento de interés punitorio. Otro efecto del concurso es que la administración del negocio sigue en cabeza de la sociedad concursada, pero cesan los actos de disposición, que deberán hacerse con opinión del síndico y autorización judicial", explica el abogado.
Para el empleado de esa empresa concursada, en tanto, si bien se tiene la incertidumbre de si finalmente el concurso finalizará con éxito o no, la situación no es crítica. "En el día a día, durante un concurso la empresa sigue funcionando y la gente sigue cobrando su salario. En lo que hace a deudas anteriores, el trabajador tiene que verificar su crédito y cuenta con el privilegio de primer grado sobre el resto de los acreedores. Es decir, es el primero que cobra", subraya Glauco Marqués, abogado de empresas y socio de AMZ & Asociados.
¿Cómo puede terminar una empresa concursada? Caselli detalla que hay tres finales posibles: 1) si se llega a un entendimiento con las distintas categorías de acreedores, el acuerdo es aprobado y, en la medida en que la compañía deudora lo cumpla, se regulariza todo poco a poco hasta que se considera concluido el concurso preventivo; 2) si no se llega a un acuerdo, está la posibilidad de que, antes de decretarse la quiebra, algún interesado, por medio del proceso conocido como cramdown y con una oferta económica que satisfaga a los acreedores, adquiera la empresa en bloque como establecimiento comercial, y 3) si no hay entendimiento con los acreedores (según las mayorías requeridas) y no existen ofertas de cramdown, se declara la quiebra.
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