2020 no será 2003 y eso desafía los planes de Alberto Fernández

Marcos Buscaglia
Marcos Buscaglia PARA LA NACION
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1 de septiembre de 2019  

El boxeador Mike Tyson solía decir que todo el mundo tiene un plan hasta que recibe la primera piña. En el caso del candidato presidencial Alberto Fernández, el plan parece basarse en querer recrear las condiciones que encontró cuando fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner en 2003. La pregunta es cómo reaccionaría si le tocara asumir el cargo: entonces vería que la situación que enfrenta es muy distinta de la de entonces.

Aunque Alberto Fernández no explicitó su plan económico propuesto, de sus declaraciones y entrevistas y de las de algunos de sus asesores económicos surgen indicios. En primer lugar, buscaría un peso depreciado en términos reales. Es decir, un dólar caro. En segundo lugar, buscaría renegociar la deuda pública: hizo declaraciones sobre este tema que contribuyeron a forzar al gobierno de Mauricio Macri a iniciar ese proceso en los últimos días. Al no negar que subiría los impuestos a las exportaciones (retenciones), en su exposición durante el encuentro "Democracia y desarrollo" organizado por Clarín, dejó el mensaje implícito, pero claro, de que sí las subirá. En la entrevista que le hizo Luis Majul en América TV una semana atrás, también dejó en claro que buscaría un acuerdo económico social y que desdolarizaría las tarifas de servicios públicos.

En una de sus disertaciones, cuando le preguntaron cómo bajaría la inflación, mencionó la idea de un gran acuerdo con sindicatos y empresarios. Y se refirió varias veces a las elevadas tasas de interés, lo cual sugiere que buscaría reducirlas.

Es decir, el plan del candidato del Frente de Todos parece mezclar trazos de lo que fue la política económica en el inicio del gobierno de Néstor Kirchner con elementos de planes de estabilización de décadas pasadas. La renegociación de la deuda pública le permitiría no tener que lograr un superávit primario tan elevado, por la reducción de la carga de intereses, ni tener que acudir al mercado para refinanciar vencimientos de deuda. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) también sería renegociado, un proceso de hecho también iniciado por el Gobierno esta semana.

Para mejorar la situación fiscal, es altamente probable que le vuelvan a meter la mano en el bolsillo al campo. Las retenciones hoy están en $3 o $4 por dólar exportado para todos los productos excepto la soja, que paga un 18% adicional. Cuando Néstor Kirchner estaba en el gobierno, las retenciones se ubicaban entre 20% y 24% y él las subió a un rango entre el 25% y el 35%. Un eventual aumento le daría recursos extras al próximo gobierno de entre 1% y 2% del PBI. Una pesificación de tarifas daría, al igual que ocurrió en los gobiernos kirchneristas, un alivio a la inflación, al tiempo que reduciría fuertemente la inversión en generación y distribución de energía. El acuerdo económico social sería la base sobre la que intentarían bajar la inflación. Las herramientas podrían ser menores ajustes salariales y "acuerdos" para que los empresarios no suban precios.

Este parece ser el plan, pero la realidad local y global a la que se enfrentará la próxima gestión será muy distinta de la que había en 2003. Más que intentar dilucidar cómo se resolverían los dilemas de política económica que estas diferencias generarían, intentemos ver cuáles serían esos problemas.

Para empezar, la situación de la economía global a fines de 2019 será muy distinta de la de 2003. En ese entonces, China acababa de incorporarse a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y comenzaba a traccionar fuertemente sobre la economía mundial, y especialmente sobre el precio de commodities como la soja. El crecimiento de la economía global, que había sido de 2,8% en promedio anual entre 2000 y 2003, se aceleró a 4,2% en el período que se extendió entre 2004 y 2007. Nunca desde entonces volvió a estar tan elevado. En los últimos cuatro años fue nuevamente inferior a 3%. El precio de la soja, medido en dólares de 2019, pasó de US$223 por tonelada en abril de 2001 a más de US$400 a inicios de 2004. El fuerte aumento del precio de las commodities desató una ola inversora en América Latina para expandir la oferta de bienes como el cobre, el hierro y la soja. Hoy, la economía global se está desacelerando y muchos temen que los países desarrollados entren en recesión. La guerra comercial entre Trump y China está introduciendo una gran incertidumbre y los empresarios, como siempre que hay incertidumbre, dilatan decisiones de inversión. El dólar se está fortaleciendo contra casi todas las monedas del mundo. En este contexto, el interés de los inversores por América Latina es mucho más bajo, sobre todo cuando muchos de sus gobiernos están maniobrando para superar los desbalances dejados por gobiernos populistas. Los precios de los commodities no volvieron a los (deprimidos) niveles de fines de los 90, pero se encuentran presionados a la baja. Es decir, es difícil que la economía global empuje al país a crecer fuertemente, como fue el caso de 2003-2007. El país tendrá que buscar otras fuentes para volver a crecer.

Otra diferencia fundamental con 2003 es la credibilidad. El inicio de una nueva reestructuración de la deuda va a ser un gran golpe a la poca credibilidad que nos queda como país. A diferencia de 2001, cuando el default se vio como inevitable dado que el peso de la deuda era muy elevado, una reestructuración ahora es muy probable que se vea como autoinfligida. La deuda pública argentina era sustentable si se seguía en una senda de prudencia fiscal, como dice el último informe del FMI sobre la Argentina. Es decir, esta reestructuración anunciada probablemente se vea como un problema de voluntad y no de capacidad de pago, en el sentido de ser causada no por su peso, sino por un sistema político muy débil que incluye elementos extremos y poco cooperativos. Ante esta percepción, el financiamiento sería escaso para el gobierno y las empresas en un eventual mandato de Fernández y, dado además el desbarajuste de algunas variables macroeconómicas como la inflación y el tipo de cambio, la inversión probablemente seguiría cayendo.

Un gobierno de Fernández enfrentaría además dilemas de política económica difíciles de solucionar. La política fiscal estaría ante fuertes disyuntivas, por más que el aumento de las retenciones traiga un alivio temporario. Gran parte del gasto público, como las jubilaciones y los planes sociales, están indexados a la inflación, con lo cual el alivio fiscal que trae una aceleración de la inflación sería solamente temporario.

¿Qué ocurría luego? ¿Subirán las tarifas públicas para reducir el costo de los subsidios? Algunos asesores económicos de Fernández recalcan la prioridad que tendría el desarrollo de Vaca Muerta. Pero, para mantener el incentivo a explotar esos campos de petróleo y gas, el precio de esos productos no puede bajar mucho en dólares, porque Vaca Muerta compite con muchos otros campos petroleros en el mundo. En el mismo sentido, ¿qué harán con el precio de la nafta? Después de la depreciación del peso, el litro de súper debería valer cerca de 59 pesos, contra cerca de 44 que vale hoy.

La política monetaria también enfrentaría importantes dilemas. Luego de la devaluación de 2002 la suba de la inflación fue muy tenue, debido a la fuerte recesión y a una demanda de dinero bastante sólida luego de años de estabilidad de precios. En ese contexto, luego del acuerdo con el FMI de fines de 2002 y de la juiciosa labor de Mario Blejer al mando del Banco Central, el tipo de cambio se mantuvo estable cerca de 3 pesos por dólar durante todo el mandato de Néstor Kirchner.

Esta estabilidad del dólar permitió que las tasas de interés bajaran y que la economía se reactivara. Ahora las cosas son distintas. La reciente depreciación de nuestra moneda ya se está trasladando a precios, y la demanda de pesos es baja e inestable. En este marco, un acuerdo con sindicatos y empresarios puede comprar tiempo, pero nunca resolverá el problema. Así, el Banco Central tendría varios dilemas. ¿Habrá disposición a subir la tasa de interés para contener presiones inflacionarias o cederá ante la tentación de expandir la cantidad de dinero?

En síntesis, ya podemos deducir algo del plan económico que tiene en mente el candidato Alberto Fernández. Lo que no sabemos es cómo reaccionaría ante los inevitables dilemas que enfrentaría en su eventual mandato, y mucho menos cómo funcionaría su heterogénea coalición de gobierno en un contexto adverso.

El autor es economista. PhD (Universidad de Pensilvania); fue economista jefe para América Latina de Bank of American Merril Lynch. Coautor de ¿Por qué fracasan todos los gobiernos? c/S. Berensztein

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