Edesur: el Gobierno sumó otra empresa a una larga lista de intervenciones y estatizaciones

Por ahora, el Gobierno decidió la intervención de la distribuidora eléctrica Edesur. Pero como sucedió otras veces, no nadie puede afirmar en un Gobierno con una fuerte historia estatizadora, es si ese será el remedio final o sí, como en otros casos, irá por un remedio más extremo.

Justamente, el caso más paradigmático del camino que transcurrieron los cuatro gobiernos kirchneristas es el de la estatización de una parte de YPF.

En abril de 2012, la entonces presidenta Cristina Kirchner, firmó un decreto 530/2012, mediante el que intervino la empresa petrolera controlada por la española Repsol. Aquella norma estableció que era por 30 días.

Sin embargo, tanto en la empresa como en la Casa Rosada admitían que era un paso previo a la expropiación.

Inmediatamente, los gestores energéticos de Cristina Kirchner, De Vido, Baratta y el ahora gobernador bonaerense, Axel Kicillof, desembarcaron en la empresa y tomaron el control administrativo y físico de los despachos. Luego sí, previo debate legislativo, llegó la ley de expropiación de las acciones de la petrolera española Repsol. Pero el inicio fue una intervención.

Aquella aventura terminó con el reconocimiento de un pago a la firma ibérica por alrededor de 5000 millones de dólares por el 51% de las acciones, es decir que valuó la firma en 10.000 millones de dólares.

Aquellas intervenciones tuvieron algunos capítulos anteriores. Uno de ellos, por caso, fue la intervención de Aerolíneas Argentinas. En julio de 2008, el Gobierno pidió la intervención a la Justicia y designó como gerente general a Julio Alak. Aquel nombramiento fue producto de una negociación con los entonces dueños, los españoles del grupo Marsans.

Para diciembre, después de declarar la empresa de interés público, se estatizó la compañía. En un expediente se la valuó en un peso y se depositó, simbólicamente, una moneda. Los dueños de las acciones recurrieron al tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) y lograron un laudo en el que se les reconoció una indemnización por US$320 millones.

En diciembre de aquel 2008, el entonces Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció la intervención de Transportadora Gas del Norte (TGN) por 120 días, luego que la compañía se declarara “unilateralmente” en default.

Aquel interventor no reemplazó al directorio, ya que se optó por coadministración. Por ahora, no se conocen cuáles serán las funciones que tendrá el interventor de Edesur, Jorge Ferraresi.

Pero la lista podría ampliarse con decenas de estatizaciones o rescisiones contractuales que llevó adelante el kirchnerismo. Con diferencias en las formas, desde 2002 Aguas Argentinas se convirtió en Aguas y Saneamiento y el Correo Argentino dejó de estar en manos del Grupo Macri.

Se estatizó el astillero Tandanor y las concesiones de varios ramales cuando se decidió la salida de Trenes de Buenos Aires (TBA) y Trenes Metropolitanos. A Thales Spectrum se le anuló de la privatización del espacio radioeléctrico en 2004 y, tras el escándalo que protagonizó el entonces vicepresidente, Amado Boudou, el Estado se quedó con la fábrica de billetes Ciccone Calcográfica.

Recientemente, el gobierno de Alberto Fernández también decidió que quedaran en manos estatales todos los corredores viales y la hidrovía que corre por el río Paraná, que ahora la administra un ente integrado por varias provincias por donde corre la vía navegable.

A estos casos consumados se suman algunos intentos, por ahora fallidos. El primero, de 2020, es el recordado caso de la cerealera Vicentin cuando el presidente Alberto Fernández tuvo que volver sobre sus pasos después de una enorme movilización social.

Además, en sede judicial, transcurre la arremetida por una nulidad contractual contra las concesionarias Autopistas del Sol y del Oeste. El punteo no sería completo si, además, no se menciona que mediante la estatización de las AFJP, el Estado se hizo de acciones de alrededor de 40 empresas.

Por Diego Cabot

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