Reunión express. La polémica por Edesur llegó a Olivos y abre interrogantes

El conflicto entre los municipios y la distribuidora pusieron a la luz todas las dudas que acompañan al sector energético
El conflicto entre los municipios y la distribuidora pusieron a la luz todas las dudas que acompañan al sector energético
Sofía Diamante
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28 de julio de 2020  • 16:28

El conflicto entre los municipios y Edesur tiene tantos interrogantes que paraliza las decisiones de todos los actores que están alrededor: ¿los clientes deben seguir pagando las facturas, si los mismos intendentes se quejan de la calidad del servicio? ¿La empresa debería seguir invirtiendo, si no se le reconocen las mejoras realizadas? ¿Quién decide si se le quita la concesión del servicio, la Nación, la Provincia o los municipios? ¿El Gobierno aumentará tarifas en 2021, año electoral? ¿Cuánto subirán los subsidios para financiar el congelamiento? ¿Cómo se pagará ese mayor gasto fiscal? ¿Quién decide finalmente el futuro del sector energético?

Para comenzar, el gobierno anterior avanzó con el traspaso de la regulación de Edenor y Edesur a la órbita de la provincia y la ciudad de Buenos Aires por un pedido de los gobernadores peronistas, para que esas jurisdicciones se hicieran cargo de su propia tarifa social.

En el resto del país, las provincias tienen sus entes regulatorios que fijan los incrementos de la electricidad. Sin embargo, apenas asumió el Gobierno, los gobernadores aprobaron a través de sus senadores que se suspenda el traspaso por un año en la ley de Solidaridad. La normativa creó un limbo porque no es claro quién tiene ahora el poder de quitarle la concesión a Edesur, ya que tanto la legislatura porteña como la provincial aprobaron hacerse cargo del servicio y avanzar con la constitución del nuevo Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE).

A su vez, en la Provincia, el gobierno de María Eugenia Vidal les traspasó el costo del consumo eléctrico en los barrios precarios a los municipios, según la ley de presupuesto de 2018. Hasta ese año, la deuda acumulada pertenece a la gobernación, pero a partir del año pasado los intendentes deben hacerse cargo de los gastos de sus propios barrios, sin recibir una partida adicional para afrontar esa obligación y en un contexto en el cual crece el consumo y la cantidad de clientes "colgados" del servicio.

Las cuentas de Twitter de los intendentes del conurbano sur siguieron este fin de semana con acusaciones contra Edesur, principalmente a través de un video que utilizaba la melodía de Oh L'Amour (Erasure) para cantar "Subiste la tarifa y me cortaste la luz".

De poco sirvió la reunión que tuvieron las dos distribuidoras que operan en el AMBA con el interventor del ENRE, Federico Basualdo, el viernes pasado, para calmar los ánimos y descartar la estatización. Ayer hubo una nueva reunión entre Basualdo y Edesur, pero en la Quinta de Olivos y en presencia del presidente Alberto Fernández, con el mismo objetivo. A partir de hoy se verá si baja la tensión del conflicto o se mantiene igual.

Basualdo había difundido una gacetilla hace dos semanas en la cual aconsejaba al Ministerio de Desarrollo Productivo anular la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de 2017, que vence a fines de 2021, y que fijaba las inversiones que debían hacer las distribuidoras y el mecanismo para actualizar las tarifas. A cambio, las empresas renunciaban al derecho de demandar al Estado por el congelamiento tarifario que hubo durante más de 12 años. Si bien todavía no hubo ninguna resolución oficial que avale ese pedido de anulación del ENRE, las dudas ya comenzaron a generarse. ¿Se volvería atrás con los aumentos tarifarios a los niveles en los cuales se pagaba menos del 15% del costo total de la tarifa? ¿Las empresas iniciarán juicios al Estado si recuperan el derecho a demandar que cedieron cuando firmaron la RTI?

En el Enargas -el ente que regula a las distribuidoras y transportistas de gas-, la situación por ahora es distinta, ya que se continúa revisando la RTI. "No pedimos la anulación porque todavía la estamos revisando. Dependerá de la gravedad de lo que se encuentre y de ahí se elevará un informe y el Poder Ejecutivo decidirá. Durante los últimos dos años, hubo diferimiento de tarifas, aumento de subsidios y congelamiento. Un problema con la tarifa hay. Nuestro objetivo no es bajarla, buscamos que sean justas y razonables y que las empresas puedan invertir y recuperar sus costos con una rentabilidad", explicaron en el Enargas.

En ese sentido, la semana pasada el ente -cuyo interventor es Federico Bernal- le pidió a cada distribuidora que le informara sobre su situación de flujo de caja y cuál es la proyección de las compañías de acá a fin de año. Los balances de algunas distribuidoras son críticos, con las tarifas congeladas desde abril del año pasado y con una inflación arriba del 40%. Esta situación repercute en las productoras de gas, cuyo precio de venta a las distribuidoras cae a medida que se deprecia la moneda.

En el Ministerio de Desarrollo Producto mantienen la misma postura sobre las tarifas de luz y gas que tenían a comienzo de año: se deben actualizar cuando finalice el plazo que fija la ley de Solidaridad. "Los consumidores de mayores ingresos deben pagar la tarifa plena; los de ingresos medios deben tener aumentos por debajo de la inflación, y los de menores ingresos, sin actualizaciones", señalan en la cartera que dirige Matías Kulfas.

Pero, ¿hay garantías de que la ley de emergencia no volverá a extenderse otro año más luego de una caída del PBI de más de 12%, en un año electoral y en un gobierno que ya dictaminó 12 años de congelamiento tarifario? ¿Quién tendrá la última palabra: los entes regulatorios, el ministro Kulfas o el Ministerio de Economía, que mira con susto el incremento en subsidios?

"Hay una descoordinación en el Gobierno peor de la que había en la administración de Macri. La cartera de producción sigue una doctrina desarrollista, preocupada por la cadena de valor y con miras a desarrollar Vaca Muerta. La pata de Economía, que no adoptó una estatura lo suficientemente alta para intervenir en la cuestión regulatoria, está preocupada por la caja. Y los entes reguladores responden al intervencionismo. La esencia es saber a qué estamos jugando con la descoordinación, que no es de personas; es una descoordinación de doctrinas", reflexionó el economista de FIEL Fernando Navajas.

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