Edesur. Quién es quién en el conflicto entre los intendentes y la distribuidora

El conflicto entre los municipios del sur del conurbano y la empresa distribuidora de electricidad Edesur comenzó por una acusación sobre la calidad del servicio y escaló al punto de que algunos referentes oficialistas comenzaron a pedir que se le quite la concesión. Esto ocurre en un contexto de congelamiento tarifario e incremento de la demanda residencial, producto de la cuarentena. A continuación, un resumen de los principales involucrados.

Intendentes del conurbano sur

Edesur presta el servicio de distribución en 12 municipios del sur del conurbano bonaerense. En 11 de esos partidos, los intendentes iniciaron los reclamos por la calidad del suministro. Ellos son: Mayra Mendoza (Quilmes), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Andrés Watson (Florencio Varela), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Néstor Grindetti (Lanús), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan José Mussi (Berazategui), Blanca Cantero (Presidente Perón) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

Los "vecinxs (sic) se endeudaron para pagar cuentas y cada vez hay más cortes" y los llamaron "caraduras". "La luz es un derecho. Háganse cargo como se hacen cargo de cobrar hasta el último centavo", le dedicó Insaurralde a la distribuidora.

El único que se abstuvo hasta ahora de comentar sobre el servicio de Edesur fue el municipio de Ezeiza. El intendente, Alejandro Granados, dejó la gestión a cargo de su hijo Gastón, que es el jefe de Gabinete, y se resguardó del coronavirus en la Patagonia. La razón tal vez se deba a que a fines de marzo, Edesur puso a disposición de la municipalidad su Centro de Capacitación y Entrenamiento Beatriz Ghirelli, para ser utilizado como hospital de campaña.

La provincia de Buenos Aires

Hace una semana, el gobernador Axel Kicillof llamó por teléfono a Nicola Melchiotti, country manager del Grupo Enel, dueña de Edesur, para preguntarle cómo estaba el servicio eléctrico. Lo hizo luego de que esa misma mañana Kicillof dijera en Twitter que acompañaba "el reclamo ante los reiterados cortes de servicio en los municipios", acompañado del tuit de cuatro días antes de Insaurralde, en el cual decía: "Estamos cansados de la falta de respeto de Edesur a nuestros vecinos".

La Defensoría del Pueblo de la Provincia, presidida por Guido Lorenzino, presentó de manera oficial el pedido para que le quiten la concesión a Edesur "luego de la cantidad de reclamos que recibió por los cortes del servicio y por considerar que se agotaron todas las instancias para que la empresa se comprometa a realizar las inversiones que nunca hizo".

Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)

El reclamo de los referentes oficialistas tomó fuerza luego de que hace dos semanas el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) emitiera un comunicado acerca de un informe que realizó. Allí aconseja al Ministerio de Desarrollo Productivo considerar nula la Revisión Tarifaria Integral (RTI) aplicada durante el gobierno de Cambiemos.

El interventor del ente hasta fin de año, Federico Basualdo –cercano a Cristina Kirchner–, señala que "en el informe se evidencia que las tarifas resultantes de la RTI no fueron ni justas, ni razonables, ni transparentes, tanto desde el punto de vista de los ingresos reconocidos a las distribuidoras, como del proceso de aplicación de las mismas".

El ENRE tiene la potestad de aplicarle multas a Edenor y Edesur si no cumplen con la calidad del servicio. En caso de que el valor acumulado de las multas aplicadas a una distribuidora en un año supere el 20% de su facturación anual neta de impuestos y tasas, el ente puede habilitar el cese de la concesión, según el artículo 37 de dicho contrato. Pero ni en las peores épocas de tarifas congeladas, se llegó a aplicar multas a un nivel cercano al 20%

Otra de las razones que podría haber para quitar la concesión ocurre "cuando la distribuidora incumpliese en forma reiterada sus obligaciones contractuales substanciales y habiendo sido intimada por el ente a regularizar tal situación dentro de un plazo, no lo hiciere".

En todos los casos, el que ejecuta la garantía es el concedente. En el gobierno de Mauricio Macri se firmó el traspaso de la regulación del servicio a la Provincia y a la Ciudad, pero luego eso se suspendió hasta fin de este año, con la ley de Solidaridad Productiva aprobada en diciembre pasado. Quién ejecute la garantía no es algo menor, ya que si lo hace un organismo que no corresponde, Edesur podría iniciar un juicio.

El Ministerio de Desarrollo Productivo

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se reunió ayer con Insaurralde y con Basualdo para analizar "los problemas de provisión de energía eléctrica en el área de concesión de Edesur".

Según indicaron fuentes al tanto de la reunión, en ningún momento se habló de quitarle la concesión a la distribuidora, sino que los intendentes piden realizar obras de baja tensión en los barrios más comprometidos. En el Ministerio señalaron que el pedido "se está estudiando".

Sobre la sugerencia que le realizó el ENRE de considerar nula la Revisión Tarifaria Integral (RTI), en el Ministerio indicaron que todavía no se analizó ese tema.

Edesur

La empresa de capitales italianos reclama que los municipios le deben $3000 millones desde 2011 por el consumo eléctrico en los asentamientos precarios, y que los intendentes no hicieron las obras de mantenimiento en el tendido eléctrico que les correspondía.

En 1992, luego de que se privatizara el servicio eléctrico, se firmó un Acuerdo Marco, en el cual las provincias se hacían cargo del costo del suministro en las villas de emergencia. Para ello se colocaron medidores comunitarios en los barrios. En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño está al día con los pagos, pero en la provincia, los gobiernos cancelaron en promedio solo el 70% del total y la deuda se fue acumulando.

La empresa le envió a cada intendente una carta firmada por su gerente general, Gianluca Palumbo, en el cual reclama que los jefes comunales están a cargo del "mantenimiento de las instalaciones internas y de las redes emplazadas en los barrios populares". "Entendiendo que esta actividad recae bajo la responsabilidad del municipio, el no realizarla afecta directamente el servicio prestado, derivando en cortes de suministro en los períodos de máxima demanda", explicó. Y les reclamó por "los recursos financieros comprometidos en el Acuerdo Marco para asegurar la compra de energía eléctrica".