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Edesur. La historia detrás del nuevo enemigo elegido por el kirchnerismo
La relación de Edesur con los gobiernos kirchneristas comenzó problemática desde el mismo año que asumió Néstor Kirchner, cuando el expresidente decidió el congelamiento de tarifas eléctricas para esa empresa, Edenor y Edelap, las únicas tres de distribución que estaban reguladas a nivel nacional por el ENRE; el resto de las distribuidoras operaban bajo jurisdicción provincial. Años después, Edelap logró pasar bajo la órbita del ente regulador de la provincia de Buenos Aires, lo que le permitió volver a tener actualizaciones en sus ingresos.
En su momento, los ejecutivos decían que Kirchner ordenó fijar las tarifas como una forma de pisar la inflación, ya que el Indec medía las variaciones de precios de la energía en el área metropolitana. Con una inflación creciente, los ingresos de las empresas comenzaron a alcanzar solo para cubrir el pago del salario de los empleados y a Cammesa, la compañía con control estatal que ordena los despachos de energía.
Las inversiones en mantenimiento de redes se suspendió y la calidad del servicio cayó, lo que implicó que el promedio de corte de 10 horas por usuario por año que había en los años 90 aumentara a 32,60 horas promedio en su peor momento, en 2013.
Eran épocas en que el suministro eléctrico era evidentemente precario, en especial en verano, algo que despertaba críticas y amenazas por parte del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a todas las empresas del sector, pese a que sus propios balances mostraban situaciones muchas veces de quebranto.
"En ese entonces, Roberto Baratta [exsecretario de Coordinación de Planificación Federal] nos decía que le dejáramos de pagar a Cammesa, ya que no nos podía aumentar las tarifas. En paralelo, se decidió que el Ministerio le iba a girar fondos a los municipios para que ellos hicieran las inversiones en mantenimiento que nosotros no podíamos hacer porque no teníamos ingresos", cuenta en off the record, un exdirector de la distribuidora durante esos años.
Por lo tanto, a partir de 2010, en vez de Edesur hacer las inversiones correspondientes, los municipios licitaban la obras y la distribuidora solo hacía una inspección de segundo orden e incorporaba esas instalaciones a su responsabilidad de mantenimiento del suministro. Tiempo después ese programa se llamó Más Cerca Eléctrico.
Los balances de las distribuidoras también comenzaron a ser negativos. Solo en 2014, Edesur reportó una pérdida de $1358 millones, y en 2015, declaró una ganancia de $1342,3 millones, pero producto de una deuda contraída con Cammesa de $3790,9 millones.
Los congelamientos tarifarios generaron que a fin del segundo mandato de Cristina Kirchner, los usuarios residenciales del área metropolitana pagaran solo el 3% del costo total de la energía eléctrica. El resto era financiado por el Estado, lo que implicó que, junto con otros subsidios energéticos, el gasto en el área creciera al 3% del PBI (US$18.961 millones). Hoy el usuario residencial paga la mitad del costo total de la tarifa (50%), y a fin del año pasado, los subsidios energéticos cayeron a 1,4% del PBI (US$5953 millones).
Con la llegada al gobierno de Mauricio Macri, el principal objetivo fue ajustar los precios relativos, actualizar las tarifas y reducir el déficit fiscal. Los primeros aumentos que decretó el exministro de Energía Juan José Aranguren quedaron suspendidos por la Justicia, lo que implicó que hubiera que llamar a una audiencia pública y se dispusiera la revisión tarifaria integral (RTI), con un plan de inversiones a cinco años, que comenzó en 2017. A cambio, las tarifas se actualizarían dos veces al año, de forma semestral.
La actualización de precios implicó para algunos usuarios incrementos en la boleta final del orden del 500%. En cuanto a inversiones, según las mismas empresas, Edenor lleva puestos $57.000 millones desde 2014 y Edesur, US$726 millones desde 2016. Los cortes en promedio por usuario por año cayeron a 16 horas en el servicio de Edenor y a 19,20 en el de Edesur.
La rentabilidad de las empresas también volvió a crecer. Luego de haber pedido $10.000 millones de ayuda estatal para pagar sueldos, las distribuidoras tuvieron ingresos suficientes para cubrir sus costos y realizar nuevas inversiones. El grupo Enel, accionista mayoritario y controlante de Edesur, creó Enel X, una línea específica de tecnología y servicios, que instaló cargadores eléctricos en algunas estaciones de servicio y produjo bicicletas eléctricas.
El mismo CEO de Enel Americas y exdirector de Edesur, Maurizio Bezzeccheri, reconoció que el incremento del 99% en sus ingresos en 2018 fue posible por el incremento de tarifas y por el acuerdo regulatorio "que permitió ordenar los activos y pasivos de la compañía".
El entonces gobierno y la empresa arreglaron las deudas que tenían cruzadas. Edesur y Edenor debían por dejar de pagarle a Cammesa la generación eléctrica y por multas que habían acumulado por la calidad de servicio, mientras que las distribuidoras tenían a favor las actualizaciones en tarifas que durante 12 años se les negaron. Ese acuerdo le permitió a Edenor registrar en su estado contable de 2019 un ingreso extraordinario de $17.095 millones, mientras que Edesur sumó $15.641 millones.
Hace dos semanas, el interventor del ENRE, Federico Basualdo –cercano a Cristina Kirchner–, le sugirió al Ministerio de Desarrollo Productivo "revisar los criterios y las metodologías utilizadas en dicho acuerdo", además de recomendar considerar nula la RTI. No se aclaró si eso implica volver atrás con los incrementos tarifarios.
El nacimiento de Edesur
En sus 28 años de historia, Edesur cambió de manos tres veces, pero nunca estuvo bajo el control de capitales nacionales; sus dueños fueron chilenos, españoles y, desde 2009, italianos. Esta es la principal diferencia con su empresa espejo, Edenor, que tiene como principal accionista a Pampa Energía, la compañía de Marcelo Mindlin, que la compró a un grupo francés.
Ambas nacieron el 1° de septiembre de 1992 cuando, en plena época de privatizaciones, el entonces gobierno de Carlos Menem decidió vender en siete unidades de negocios la estatal Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba): cuatro generadoras y tres distribuidoras (Edelap era la tercera).
Por ese entones, se quedaron con el servicio de Edesur el grupo chileno Chilectra y, en participación minoritaria, la empresa Perez Companc. "Los chilenos llegaron con la idea de hacer rentable a la compañía en cuatro o cinco años, que se había heredado con una caja en rojo, pero lo lograron a los dos años y medio", recuerda un exejecutivo.
La empresa tenía dos grandes problemas de ineficiencia, según cuenta: una plantilla de empleados sobrepoblada y el robo de energía (personas que se colgaban a la red), que alcanzaba el 26% de la generación eléctrica. La inversión inicial de Chilectra fue para reemplazar las redes convencionales por otras anti hurto y se abrió un programa de retiros voluntarios. Pero una vez ajustadas las cuentas, los accionistas comenzaron a retrasar inversiones y se fue ocupando la capacidad de reserva que tenían las redes, que era el gran capital con el que contaba el servicio.
La salida del grupo chileno de Edesur se dio tras el incidente en la subestación eléctrica Azopardo, que se prendió fuego el 14 de febrero de 1999, en un día de máximo calor, y después de que la empresa le destinara más de US$70 millones en inversión para adaptarla a la última tecnología. Esto provocó que hubiera usuarios sin suministro durante casi 11 días en pleno verano.
A los pocos meses, las acciones de Chilectra fueron absorbidas por la española Endesa, y el control de la empresa cambió de manos. Por su parte, Perez Companc le vendió su parte a Petrobras, que siguió como accionista.
Años después, en 2009, el Grupo Enel adquirió en una transacción internacional la mayoría accionaria de Endesa y a nivel local heredó Edesur, así como activos de generación eléctrica (Generación Costanera, un tercio de Dock Sud y la concesión de la hidroeléctrica El Chocón). En 2013, Petrobras cedió la totalidad de sus acciones al grupo Sociedad Argentina de Energía SA (Sadesa), dueños de Central Puerto, entre otros activos energéticos, que tiene como máximo directivo al ex Merrill Lynch Guillermo Reca y a Nicolás Caputo como uno de sus accionistas minoritarios.
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