El club de las 22: discusiones “a cara de perro” detrás de la mayor prioridad oficial
El equipo económico explica cara a cara sus decisiones ante los agentes de poder; la política para contener el dólar incrementa la tensión en la economía real; quiénes venderán una joya del Estado y los funcionarios en crisis por una decisión acérrima de Javier Milei
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LA NACIONPablo Fernández Blanco
Pablo Quirno (Finanzas) y Federico Furiase (Banco Central) son la dupla del equipo económico que sale de gira algunas veces por las noches. En ocasiones, se les suma Martín Vauthier, asesor del ministro Luis Caputo y exdirector de su vieja consultora, Anker, al igual que Furiase. Las reuniones se hacen en algún hotel tranquilo de Puerto Madero. Asisten grupos reducidos de empresarios de distintos sectores -campo, petróleo, construcción, autos- con una finalidad específica: conocer de primera mano qué piensan los funcionarios.
Los mitines tienen una particularidad. Si bien los asistentes del sector privado buscan hacerlos relativamente temprano, alrededor de las 20.30, aseguran que los enviados de Caputo piden que sean más tarde para que no interfieran en su trabajo habitual. De allí surgió el nombre que le pusieron algunos ejecutivos. Lo llaman el "club de las 22″.
Los integrantes del equipo económico les restan misterio. Lo toman como parte usual de su agenda, que involucra reuniones todos los días con inversores o terminales del círculo rojo. En cualquier caso, son encuentros llenos de política y de economía. En el sector privado dicen que ahora se hacen con mayor asiduidad.
Uno de los temas sobresalientes es el que domina, también, las conversaciones empresariales en sentido amplio. Sucede que las medidas del Gobierno para contener el dólar golpean el nivel de actividad de una economía que no crece desde abril.
Los empresarios quieren saber cuándo se termina la temporada de altas tasas de interés, una de las presiones que está acumulando el modelo. Sobre todo, los que solo le venden al mercado interno. Eso involucra desde una firma pequeña o mediana que no exporta hasta los gigantes de los servicios públicos, como las distribuidoras eléctricas (Edenor y Edesur son las más grandes), que pagan con cheques que pueden sufrir una gran penalización.
Los funcionarios les dan una respuesta agridulce. El establishment sabe que la prioridad de la Casa Rosada en esta etapa es la estabilidad antes que el crecimiento, de manera que la política de tabiques para frenar al dólar continuará aunque perjudique el día a día. A tal punto que Economía sube la apuesta: asegura que incluso podría eliminar las bandas de flotación en las que se mueve la cotización de la divisa en caso de que exacerben la especulación.
Es la gran obsesión de Milei. El Presidente ya dijo en distintos ámbitos en privado, que estaba dispuesto a subir los encajes todo lo que fuera necesario si el Gobierno no podía renovar deuda. La contención del dólar está del otro lado de esta decisión.
Dicen, también, que el sinsabor tiene fin. Será tras las elecciones de octubre, en las que el oficialismo espera un resultado sanador de los males que ha ido acumulando en distintos terrenos. Eso no hace que el sector privado tenga paciencia. Hay discusiones “a cara de perro” por las consecuencias de la política oficial para cumplir con los objetivos.
El titular de una compañía de servicios públicos lo planteó días atrás en esos términos frente a un miembro del equipo de Caputo. Le reprochó que no podía pagar la deuda que le reclaman con las dificultades que tiene para financiarse y, al mismo tiempo, el Estado le debe plata.
La prioridad del dólar se suma a otra, por igual lacerante para las empresas. Es la regla de que las cuentas cierren. Como contó LA NACION, las principales petroleras del país le pidieron por escrito a la secretaria de Energía, María Tettamanti, por una deuda del Estado con ellas por US$250 millones. Nadie en el Gobierno dice que no tienen razón. Pero también reconocen que no les pagarán ahora. El dinero que se va del Tesoro tiende a desmejorar el resultado fiscal, corazón del proyecto.
La nota de las petroleras se envió con copia al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el hombre cuya oficina los funcionarios prefieren esquivar. Es el dueño de la llave presupuestaria y quien, en última instancia, autoriza los pagos. Caputo se muestra inmutable ante esos cuestionamientos, porque tiene en claro su prioridad fiscal.
El propio Javier Milei está acumulando otras presiones que deberá empezar a descomprimir cuando hayan pasado las elecciones. Las pistas para entenderlo están en su propio recibo de sueldo.
El Presidente cobra poco más de $4 millones por mes (bruto). Es el mismo valor desde diciembre de 2023. Cuando llegó al poder, solo para comparar, podía comprar 769 kilos de asado. Hoy le alcanza para 364 kilos. Es la mitad.
El deterioro del salario de Milei a manos de la inflación y de la negativa a aumentarlo es casi irrelevante. De hecho, los jefes del Ejecutivo no manejan dinero, porque las cuentas las paga la Secretaría General de la Presidencia, que maneja su hermana Karina. Pero es determinante para el resto de la administración pública, porque fija el techo salarial.
Hay funcionarios desesperados. Son secretarios y subsecretarios con currículum nutrido y lealtad corroborada, pero con una trayectoria modesta en el sector privado, por lo que no acumularon lo suficiente para vivir holgados.
Personas de su total confianza le plantearon este problema de manera frontal a Luis Caputo. El ministro de Economía no les dio lugar a los reclamos. Se entiende: es difícil otorgar aumentos en la administración pública en medio de dos meses proselitistas para un gobierno que respira la narración del ajuste y hace épica con la motosierra.
Varios ministerios están sufriendo un goteo de personal. En muchos casos, se lo justifica por el desgaste que genera el ejercicio del poder. Pero muchos apuntan a la cuestión salarial de la alta administración pública como uno de los problemas. Algunos ministros buscaron diagonales para enfrentarlos.
Federico Sturzenegger, que en general se muestra implacable, luce más amable cuando inspira algunas normativas que pasan desapercibidas. Sus allegados aseguran que habló el tema con Milei, pero no prosperó. Entonces, dispuso a través de una resolución de la Jefatura de Gabinete una alternativa para aumentar las unidades retributivas (UR) que sirven para el cálculo de lo que hay que pagar.
Hay otros caminos para llegar al mismo objetivo. Alcanza con ver los directorios de empresas públicas para encontrar indicios acerca de los funcionarios a quienes se les quiere mejorar el ingreso de forma lateral. Es un mecanismo legal y útil, pero discrecional. Cada vez más integrantes del Gobierno esperan que haya una solución concreta cuando finalice la carrera electoral.
Hay más decisiones en el letargo. La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, remitió hace tiempo al Ministerio de Justicia los pliegos para designar a dos nuevos defensores adjuntos, pero Mariano Cúneo Libarona nunca respondió. Las demoras tienen parte de explicación en cuestiones internas, pero también pesa la restricción fiscal. ¿Quién se animaría a crear dos cargos costosos en el Estado en medio de un plan de austeridad?
Son ejemplos de tensiones que la Casa Rosada deberá resolver para quitarle la arena que hay en el engranaje del poder. Por caso, ¿cómo explicar que los petroleros están enojados por una deuda millonaria cuando son la estrella capitalista de la gestión libertaria?
Otros casos van en la misma línea. El presidente de YPF, Horacio Marín, recibió una comunicación telefónica días atrás. Era el ejecutivo de un gran banco de inversión que le decía que había una empresa japonesa de servicios públicos interesada en hacer una oferta por Metrogas, la principal distribuidora de gas del país. Es una de las joyas del Estado.
El llamado fue apropiado. YPF sacará a la venta en dos meses su participación en la firma, mucho antes de lo que preveía todo el mundo financiero. De hecho, está buscando a qué banco darle el mandato de venta. Compiten los de siempre: Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan y Santander. Será por licitación. Todo se acelerará cuando Metrogas obtenga la extensión de su concesión y se confirme el rumbo político.
Una foto de Milei con un mameluco de YPF generó alto impacto entre los barones del crudo. Dice que lo usa para jugar con sus perros, pero va con ese atuendo incluso a entrevistas que tienen difusión masiva. Los petroleros ven en esa imagen información sobre el futuro. ¿Por qué un Presidente que tiene como bandera privatizar empresas le hace propaganda a la compañía bajo control estatal?
La mano de Milei se ve en algunas decisiones de la mayor compañía industrial del país. Los ejecutivos de YPF se reúnen todos los meses con los de ENI, la firma italiana de energía. Una vez en Puerto Madero y otra, en Roma. Es una fluidez favorecida por el entendimiento del presidente argentino con Giorgia Meloni. Detrás está el sueño de un fastuoso proyecto de inversión para exportar gas argentino al mundo.
En el negocio petrolero hay que nadar con tiburones. Así llama Marín a sus compañeros en la mesa chica del crudo, porque son todos dueños, a diferencia de él, que es empleado. La integran Marcos Bulgheroni (PAE), Marcelo Mindlin (Pampa), Miguel Galuccio (Vista) y su exempleador Paolo Rocca (Tecpetrol-Techint), entre otros.
El proyecto italo argentino nació de una diferencia. Marín, Bulgheroni y Mindlin estaban definiendo proveedor para otra iniciativa. El presidente de YPF terminó en China buscando el mejor precio, pero Bulgheroni y Mindlin le bajaron el pulgar. Ambos preferían alquilarles los barcos a Golar —una erogación inicial sensiblemente menor— antes que comprarlos. Marín lo aceptó, pero no renunció a su idea inicial. Por eso fue a ENI, que tiene como proveedor a la empresa Wison, con sede en Shanghái.
La Casa Rosada sigue de cerca el tema a través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que también es director de la petrolera. La expectativa es que haya una noticia potente en marzo de 2026, cuando se podría anunciar la denominada decisión final de inversión (FID).
Parte de las promesas del futuro dependen de las preferencias del electorado, que empezarán a notarse el domingo próximo, en los comicios de la provincia de Buenos Aires.
Quienes respiran acciones y exhalan bonos sostienen que el mercado tiene incorporado en los precios una derrota electoral del oficialismo por no más del 5%, que lo dejaría bien posicionado para octubre. Pero los primeros sondeos sostienen que hubo impacto del caso de los audios de Diego Spagnuolo en la imagen de Javier Milei. Es el cisne negro que no estaba en los planes. La expectativa oficial es que el tema se diluya, algo que no pasará en el mediano plazo. Es probable que ocurra lo contrario.
Anteayer por la mañana llegó a la Inspección General de Justicia (IGJ) -un organismo administrado por Daniel Vítolo, a quien los hermanos Santiago y Francisco Caputo consideran un virtuoso de su trabajo- uno de los últimos pedidos de Franco Picardi, el fiscal a cargo de la investigación alrededor de Spagnuolo. Solicita toda la información disponible sobre Suizo Argentina SA, la sociedad involucrada en los audios, a cargo de los Kovalivker.
El pedido del fiscal es un eslabón más de una cadena investigativa que continuará. Resulta, también, un recuerdo de la circularidad argentina.
La última vez que un Kovalivker estuvo en la Casa Rosada, según los registros oficiales, fue el 23 de mayo de 2006 a las 9.30. Era Jonathan, uno de los directivos que ahora investiga la Justicia.
Junto a otros jefes de droguerías, se reunió para firmar un acuerdo de precios con el presidente Néstor Kirchner -un apellido indivisible de las causas de corrupción- y con la ministra de Economía, Felisa Miceli, a quien se le encontró una bolsa con plata en su despacho al año siguiente.
Dinero, empresas, política y sobornos. Temas recurrentes que envuelven a la Argentina sin importar qué color partidario se quede con las elecciones.
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