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El fin de la energía barata
El sinceramiento de la crisis energética tiene costos inmediatos ybeneficios en dos años. Aún quedan muchos problemas pendientes
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LA NACIONNéstor O. Scibona
Hace ya seis años, el especialista Alieto Guadagni sostuvo que en la Argentina llegaba el fin de una época de energía barata y exportable, y el comienzo de otra con energía cara y dependiente de las importaciones. Ese diagnóstico, que le valió innumerables críticas del gobierno kirchnerista, ya se venía cumpliendo por más que muchos consumidores no lo notaran en las tarifas eléctricas. Los mayores costos energéticos fueron ocultados por una avalancha de subsidios estatales que catapultaron el déficit fiscal, la emisión monetaria y reprimieron esa inflación estructural, además de impulsar un derroche del consumo a costa de mayores importaciones de gas y combustibles que terminaron por afectar las reservas del Banco Central. Y aunque en los últimos dos años se desplomaron casi 70% los precios internacionales del petróleo, la Argentina mantiene desde entonces un precio sostén ("barril criollo") que hoy los duplica en el mercado interno, a la inversa de lo que ocurría hace una década.
Para revertir esa crítica herencia, el gobierno de Mauricio Macri también optó aquí por una estrategia gradualista, aunque no exenta de costos políticos. A nadie le gusta pagar tarifas más caras ni perder los subsidios. Pero tampoco quedarse sin electricidad cuando más la necesita, como ocurre invariablemente en los últimos veranos en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. El problema es que los costos serán inmediatos y los beneficios sólo se verán paulatinamente en dos años. Casi 13 años de descalabro energético no pueden resolverse de un mes para otro.
La quita de subsidios estatales en distribución -y parcial en generación- es consecuencia directa de la enorme magnitud que acumularon en la era K (pasaron de 0,3 a casi 4% del PBI entre 2007 y 2015). Lo mismo que el fuerte aumento porcentual de las tarifas eléctricas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) después del inexplicable congelamiento de años que redujo al mínimo las inversiones en las redes pese al crecimiento de la demanda. El atraso tarifario real adquirió así proporciones históricas: frente a una inflación de 1000% en el período 2002/2015, resultó el mayor en siete décadas. No fue el caso de la mayoría de las provincias, donde las tarifas de las distribuidoras locales llegan a superar las del AMBA en hasta siete veces.
Las nuevas medidas son el punto de partida de un cambio de política de más largo aliento. De hecho, el nuevo cuadro de tarifas para Edenor y Edesur es un régimen a cuenta de la revisión tarifaria integral (RTI) aprobada hace casi diez años y pendiente de aplicación, que se concretará en la segunda mitad de 2016. Desde ahora las distribuidoras deberán arreglarse con sus propios ingresos, sin asistencia estatal, para cubrir los costos de operación, pagos escalonados de deudas (con Cammesa) y planes de inversión, y continuarán sin distribuir dividendos, inexistentes desde hace unos 15 años, para reinvertirlos en recuperar el servicio.
Para los usuarios del AMBA, donde se concentra el 40% de la población total, el efecto combinado de menores subsidios y mayores tarifas significará desde febrero aumentos porcentuales de tres dígitos (de 200 a 500% o más) en las facturas, que pasarán a ser mensuales aunque la lectura de consumos mantendrá la actual forma bimestral, dividida en dos pagos. Según el ministro Juan José Aranguren, en 70% de los hogares el incremento promedio no superará 55% y en valores absolutos sin subsidio oscilará entre 4 y 56 pesos, si logran o no reducir su consumo. Los sectores más vulnerables (jubilados y trabajadores con dos haberes mínimos, beneficiarios de planes sociales, personal doméstico, desocupados, discapacitados) quedarán cubiertos con una "tarifa social" -nunca aplicada en estos años-, a través de la cual será gratuito el consumo de hasta 150 kWh mensuales y deberán abonar el cargo fijo de 14 pesos si no lo superan.
También habrá incrementos de menor magnitud (30 a 70%) en las provincias, a causa de la suba parcial del precio estacional del kilovatio en el mercado eléctrico mayorista, que aun así se ubica alrededor de 50% por debajo de los costos de generación subsidiados con fondos nacionales.
A partir de mañana, cuando los nuevos cuadros tarifarios de Edenor y Edesur sean publicados en el Boletín Oficial, cada cliente podrá determinar el impacto individual de estas medidas. Después de muchos años de tarifas irrisorias habrá que revisar con lupa las actuales facturas y el consumo hogareño para no gastar de más. A su vez las distribuidoras, que disponen de datos de 900.000 beneficiarios de la "tarifa social", deberán atender y agregar miles de casos puntuales. En especial, por la falta de cambio de titularidad de muchos clientes donde poco se avanzó en estos años, aunque Edesur acaba de lanzar un sistema de actualización vía Internet. Al Gobierno le tocará mejorar la comunicación de esta herencia, que hasta ahora dejó que desear: muchos clientes que dejarán de recibir subsidios no son "ricos", como se suele señalar desde Casa Rosada, sino mayormente sectores medios que debieron sacrificar con creces lo que se ahorraron en electricidad por los mayores pagos de impuestos ante la desactualización del piso y las escalas de Ganancias y Bienes Personales.
Parece difícil que prosperen los probables pedidos de medidas cautelares para frenar los ajustes, ya que los procedimientos legales fueron cumplidos hace diez años, aunque el gobierno K desistió luego de aplicarlos a costa de engrosar los subsidios.
A la inversa, ante la ausencia de audiencia pública, se habrían postergado los ajustes en los precios del gas natural en boca de pozo. Aquí se prevé un esquema segmentado para las distribuidoras (equivalente a US$ 4,2 por millón de BTU), la generación eléctrica (unos US$ 5,2) y los grandes usuarios industriales.
También está pendiente de definición el precio de exportación de los crudos pesados de Chubut en medio del conflicto latente en esa provincia. Allí el reclamo tripartito de subsidios por parte del gobierno provincial, los sindicatos y las petroleras implicaría un costo fiscal no inferior a 350 millones de dólares anuales con los deprimidos valores internacionales del crudo. Y choca contra el objetivo oficial de reducir este año el déficit fiscal en 1,5 punto del PBI. Claro que la alternativa (producir menos, bajar costos e importar más) tampoco es políticamente seductora. El vaticinio de Guadagni sigue plenamente vigente.
nestorscibona@gmail.com
