El Gobierno acumula deudas con empresas privadas para sostener el superávit
Para cumplir la meta fiscal, el Tesoro posterga pagos por el Plan Gas; el sector energético denuncia atrasos por US$400 millones y falta de previsibilidad
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LA NACIONSofía Diamante
Se trata de una práctica que este año se volvió recurrente por parte del Ministerio de Economía, especialmente en los meses en los que la recaudación impositiva no cumple las expectativas. Para sostener el superávit fiscal que se anuncia mes a mes, el Tesoro está pisando pagos a distintos proveedores. En el sector energético, las empresas aseguran que la deuda acumulada alcanza los $600.000 millones, el equivalente a unos US$400 millones.
El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, lo admitió públicamente durante el último almuerzo del Día del Petróleo, al señalar que los ejecutivos sentados a la mesa principal le habían planteado el reclamo.
“Una queja de algunas operadoras es que quizás debemos algo de plata, puede ser. Lo hemos ido solucionando de a poco y vamos a seguir trabajándolo”, dijo el funcionario.
No obstante, González justificó el retraso en los pagos al remarcar que la prioridad del Gobierno es alcanzar el equilibrio fiscal. “La clave de este programa económico, que nos está permitiendo vislumbrar vivir en otro país, tiene que ver con este equilibrio fiscal, que no se negocia. Gracias a eso, y a muchas otras cosas lideradas por nuestro Presidente, sus compañías hoy valen más, hay financiamiento que antes no existía, se puede planificar y hay empresas que están ingresando a la Argentina, algo que antes no pasaba”, sostuvo.
En noviembre, el gasto en subsidios económicos —que incluye las transferencias al sector energético— registró una fuerte baja mensual nominal: cayó 33% respecto de octubre y 29% en comparación con el promedio de los tres meses previos, según cálculos de la consultora Outlier. En términos nominales, el ajuste fue de unos $280.000 millones.
Sin embargo, esa reducción no respondió a un aumento significativo de las tarifas, sino al atraso en los pagos del Tesoro a las productoras por el Plan Gas, el programa que garantiza un precio mínimo para la producción nacional de gas. Según denuncian en la industria, el Estado adeuda las facturas correspondientes a noviembre y diciembre —esta última vencida hace 10 días—, que reflejan el consumo de gas de agosto y septiembre.
Ya en agosto pasado, las compañías habían presentado un reclamo conjunto por esta situación, luego de cursar intimaciones individuales a la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), encargada de administrar los contratos del Plan Gas. A través de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara Argentina de Energía (CADE), que agrupan a las principales productoras del país, enviaron cartas a la secretaria de Energía, María Tettamanti, y al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en las que advirtieron que las deudas “ponen en riesgo los planes de inversión”.
A través de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara Argentina de Energía (CADE), que nuclean a las principales productoras del país, se enviaron cartas a los secretarios de Energía, María Tettamanti, y de Hacienda, Carlos Guberman, en las que advertían que las deudas “ponen en riesgo los planes de inversión”.
“Entendemos la importancia del equilibrio fiscal, pero el problema es que Guberman no nos recibe ni nos da una hoja de ruta sobre cuándo van a pagar. Nosotros también necesitamos previsibilidad para cumplir con nuestras inversiones”, señaló un referente del sector.
Entre las empresas con pagos atrasados figuran YPF, TotalEnergies, Tecpetrol, Pan American Energy (PAE), Shell, Pluspetrol y Pampa Energía. El malestar no se limita al atraso en los desembolsos: las compañías también cuestionan que el Tesoro no reconozca intereses por mora ni las penalidades derivadas del incumplimiento de las cláusulas take or pay (“tomar o pagar”), que establecen compensaciones cuando la demanda no alcanza los volúmenes comprometidos por la parte compradora.
A ese escenario se suma otro foco de tensión. Las empresas aseguran que el equipo económico les impide actualizar por inflación los saldos a favor derivados de quebrantos al momento de pagar el impuesto a las Ganancias, lo que las obliga a tributar montos significativamente mayores.
“Nos quieren hacer tributar una guita que no ganamos”, se quejó con indignación un ejecutivo petrolero durante el almuerzo del Día del Petróleo del viernes pasado.
En el acumulado del año hasta noviembre, el superávit fiscal alcanzó el 1,7% del PBI, unos 0,3 puntos porcentuales menos que en el mismo período de 2024, y todo indica que se sobrecumplirá la meta del Fondo Monetario Internacional (FMI), fijada en 1,3%. Sin embargo, el Tesoro enfrenta mayores dificultades para alcanzar el objetivo más exigente que se autoimpuso: un superávit de 1,6% del producto.
El mes pasado, otros rubros que, según Outlier, registraron caídas nominales mensuales significativas frente al promedio de los tres meses previos fueron las transferencias a universidades (–$452.000 millones), cuyo gasto en base caja fue prácticamente nulo; las transferencias al PAMI; los planes sociales, cuya ejecución en base caja se contrajo cerca del 40%; las transferencias a las provincias, y el gasto de capital y de funcionamiento del Estado.
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