El Gobierno adelanta subsidios y las empresas de colectivos aseguran que restablecerán las frecuencias
Tras días de recortes y amenazas de paro, el Gobierno giró fondos a las empresas de colectivos y abrió una negociación para reordenar el sistema: el servicio empieza a normalizarse, pero el conflicto de fondo sigue abierto
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El Gobierno avanzó en una negociación contrarreloj con las empresas de colectivos para evitar un colapso del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), luego de varios días de reducción de frecuencias y advertencias de paro por falta de fondos.
La Secretaría de Transporte mantuvo reuniones con las cámaras empresarias en medio de un sistema tensionado por el atraso en los subsidios, el aumento de costos —especialmente el gasoil— y dificultades para pagar salarios. Como primer gesto para desactivar el conflicto, el Ejecutivo giró un anticipo equivalente a una parte relevante de los subsidios, lo que permitió empezar a recomponer el servicio.
A partir de esos pagos, varias líneas comenzaron a normalizar su funcionamiento de manera gradual, aunque con diferencias según la situación financiera de cada empresa. En los días previos, el recorte de frecuencias había alcanzado niveles significativos en algunas zonas, generando largas filas y complicaciones para millones de usuarios.
Detrás del conflicto aparece un problema estructural: el desfasaje entre los costos reales del sistema y los ingresos que reciben las empresas. Según el sector, el valor reconocido por el Estado para operar quedó atrasado frente al aumento del combustible y otros insumos, lo que derivó en un fuerte desfinanciamiento y en la decisión de reducir servicios para sostener la operación.
En ese contexto, el Gobierno propuso avanzar en una reestructuración integral del sistema de transporte, con el objetivo de mejorar su eficiencia y sustentabilidad. Para eso, se acordó la creación de una mesa técnica que funcionará como ámbito permanente de negociación entre el Estado y las cámaras empresarias.
Sin embargo, la salida de fondo plantea un dilema clásico: aumentar los subsidios implica más gasto público, mientras que trasladar los costos a tarifas impacta en la inflación y en el bolsillo de los usuarios.
Por ahora, la estrategia oficial combina pagos parciales, negociación abierta y promesas de reforma. El servicio empieza a estabilizarse, pero el conflicto que expuso la fragilidad del sistema de transporte sigue sin una solución definitiva.









