El Gobierno disolvió el Coprec, el servicio que intervenía en los conflictos entre consumidores y proveedores
La medida fue anunciada en el Decreto 55/2025 del Boletín Oficial; la “Ventanilla Única Federal” -gestionado por la Secretaría de Industria y Comercio- distribuirá y asignará reclamos interpuestos por los consumidores en todo el territorio nacional
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LA NACION
A través del Decreto 55/2025, el Gobierno finalmente disolvió el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec) y eliminó su registro de conciliadores y fondo de financiamiento, que estaba destinado a solventar los honorarios y notificaciones. Esta decisión se basa, según el texto oficial, en la existencia de organismos similares y la búsqueda de “desburocratizar y simplificar” procesos administrativos. Se aseguró así que la medida no afecta los derechos del consumidor, ya que otras instancias continúan operativas.
El servicio trabajaba sobre “los reclamos de derechos individuales de consumidores o usuarios que versaren sobre conflictos en las relaciones de consumo regidas por la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, cuyo monto no excediera de un valor equivalente al de 55 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles”. Las actuaciones administrativas del Coprec que todavía estén pendientes de resolución seguirán su trámite en la secretaría de Industria y Comercio del ministerio de Economía, informaron autoridades.
En el documento, que lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se explicaron las razones que motivaron la disolución del Coprec. “Resulta indispensable alinear las políticas de regulación del mercado interno y avanzar hacia una efectiva desburocratización y simplificación de los procesos administrativos, evitando la duplicación de competencias y facultades asignadas a organismos que, en ámbitos geográficos concentrados, persiguen objetivos con la misma finalidad”, advirtieron.
Y es que el funcionamiento del Coprec, indicaron, “en la práctica ha operado exclusivamente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires” y allí “existen otros ámbitos e instancias que tienen sustancialmente la misma finalidad”. Remarcaron, además, que esto generó “en numerosos casos incrementos en los costos para los proveedores, con el consecuente encarecimiento de los precios de los bienes y servicios para los consumidores o usuarios”.
En este contexto, el Gobierno destacó que la disolución del Coprec permitirá a la “Ventanilla Única Federal” -gestionado por la Secretaría de Industria y Comercio- a distribuir y asignar reclamos interpuestos por los consumidores que ingresan mediante dicha plataforma, para su tratamiento y consideración, en todo el territorio nacional.
Conocida la decisión, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, contó en su cuenta de la red social X que en 10 años de existencia el Coprec le costó al contribuyente unos $6.500.000.000 solo para conciliar, 4350 reclamos. Es decir, que cada una de esas 4350 conciliaciones le costaron a los contribuyentes $1.500.000 aproximadamente.
“Asumiendo 10 productos comprados por día por 2/3 de población, los 4350 casos son el 0,000000004% de las transacciones realizadas en ese período. A partir de hoy nos liberamos de financiar este dislate”, continuó.
En noviembre del año pasado ya había trascendido que el Gobierno estudiaba cerrar este servicio y tanto la Unión de Mediadores Prejudiciales (UMP) como el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf) se mostraron en contra.
En esta oportunidad, el titular del Cpacf, Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que la decisión perjudica los derechos de los usuarios y consumidores y podría afectar de forma directa a los abogados que trabajan de manera independiente en cuestiones de consumo. “En este sentido, la disolución dispuesta limita y cercena el ejercicio profesional de nuestros colegas en el ámbito de la conciliación prejudicial de consumo, siendo este un servicio que contribuye al acceso a la justicia y a la resolución pacífica de los conflictos entre consumidores y proveedores”, alertó.
En tanto, Osvaldo Riopedre, abogado de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), opinó que “todo lo que sea quitar herramientas para que el consumidor resuelva conflictos es negativo” y que las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) no tienen las herramientas para reemplazar al Coprec.
Por su parte, Luisa Gómez, abogada en Fargosi abogados, coincidió con el Gobierno en que hay varios organismos a los que los ciudadanos pueden acudir si tienen un reclamo y eso ocasiona que muchas veces inicien varios reclamos en distintos lugares por el mismo tema. “Esto hace que aumenten los costos de los emprendedores al punto de dejar de ofrecer algún producto de manera online. En mi opinión, si los demás organismos van a seguir funcionando aumentando su funcionalidad, es una buena medida”, apuntó.
Por último, Diego Ferrari, socio administrador de Cambiaso & Ferrari Abogados, explicó que el cierre del servicio implica pasar de una jurisdicción con trámite online con un promedio de resolución en no más de un mes a 2500 jurisdicciones con trámites largos, burocráticos y presenciales. “Esto no le hace más fácil la vida al ciudadano y tampoco le baja el costo a las empresas”, cerró.
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