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El Gobierno pone casi $30 millones por mes en tobilleras electrónicas para presos
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Cada vez es mayor el número de presos que acceden al beneficio de vigilancia con tobillera electrónica por fuera de los muros de la prisión. El dispositivo les permite cumplir con arresto domiciliario o con una libertad ambulatoria restringida, según dispongan los jueces a cargo en cada caso. Y tiene un costo para el Estado: casi $30 millones mensuales, según los números que vio LA NACION.
En la Argentina, 2500 personas cumplen sus condenas bajo esa modalidad, y son monitoreadas por el Programa de asistencia de personas bajo vigilancia electrónica, que depende de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia.
Entre los miles de beneficiarios desconocidos del programa, se encuentra un puñado de casos resonantes como los del exvicepresidente Amado Boudou, condenado a cinco años y diez meses de prisión por la causa Ciccone; la dirigente social Milagro Sala o el del exsindicalista ferroviario José Pedraza, que falleció en diciembre pasado mientras gozaba del beneficio de prisión domiciliaria con tobillera por cuestiones de salud.
El programa, que actúa por disposición de la justicia federal o a través de convenios con las provincias, tiene internos de todo el país que cumplen con los requisitos necesarios para poder acceder al beneficio. El gasto por cada dispositivo electrónico y el servicio de monitoreo correspondiente tiene un costo de $10.990 (IVA incluido) por cada preso, lo que implica una erogación mensual por parte del Gobierno de $27.420.050, que representan alrededor de un millón de pesos por día.
El dispositivo electrónico se coloca en el tobillo de la persona a ser controlada y una unidad receptora instalada en su domicilio permite el monitoreo desde el centro de control que realiza la empresa Surely S.A., proveedora del servicio, y que se replica en las oficinas del programa ubicadas en dependencias del ministerio en Tandanor.
Las alertas por anormalidades -apertura o corte de pulsera, no se detecta cuerpo, no ha regresado, ha salido en horario no permitido- son reportadas en el momento a cada juzgado interviniente, que evalúa en cada caso los pasos a seguir.
De total de casos monitoreados en el país, según datos relevados hasta diciembre de 2018, 709 corresponden a solicitudes realizadas por la justicia federal, a un costo mensual de $7.791.910. Mientras que 1786 presos controlados en las provincias, con un gasto de $19.628.140, pertenecen a convenios con el Gobierno para proveerles los equipos y capacitación en la utilización del sistema. Actualmente 21 jurisdicciones suscribieron dicho convenio, excepto las provincias de Córdoba, San Luis y Santiago del Estero que se espera lo hagan en el transcurso de este año.
Según los convenios realizados, Mendoza, con 530 presos controlados por tobilleras electrónicas, es la que mayor cantidad de presos con vigilancia nuclea, seguido por Buenos Aires, con 348 (que además tiene su propio centro de monitoreo) y Santa Fe, con 200. Le siguen Tucumán (137), Salta (135), Entre Ríos (100), Chaco (60), Jujuy (45), Chubut (40), Neuquén (40), San Juan (30), Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, La Pampa, Misiones y Santa Cruz (todas con 20), Formosa (11) y Tierra del Fuego (10).
Los acuerdos tienen respaldo presupuestario del Ministerio de Justicia para la entrega de los dispositivos electrónicos, mientras que los recursos para el funcionamiento operativo corresponden a cada jurisdicción, que replica localmente sus salas de monitoreo.
Del total de personas monitoreadas electrónicamente en todo el país el 40% son mujeres, un porcentaje proporcionalmente muy alto ya que representan solo el 8% del total de las personas detenidas en el sistema federal. Por otra parte, solo un 30% de quienes acceden al beneficio están condenados, mientras que los restantes se encuentran procesados.
El programa se inició en junio de 2015 como prueba piloto para la Ciudad de Buenos Aires y los primeros cordones del conurbano bonaerense y, desde marzo de 2016 se amplió a toda la Argentina. Desde sus comienzos la cantidad de presos que lograron el beneficio se incrementó un 1111% y, actualmente, cuenta con capacidad operativa para duplicar en 2019 el número de personas alcanzadas. De este modo, para fin de año podría ampliarse el control electrónico a alrededor de 5000 presos según estimaciones oficiales, aunque para ello dependerá de la evaluación de los jueces de las causas en curso.
"El objetivo principal es el uso de medidas alternativas al encarcelamiento a través del uso de dispositivos de vigilancia electrónica, fomentando un cambio y un mejoramiento de la vida de las personas", explicó a LA NACION Mariel Viladrich, coordinadora del Programa de asistencia de personas bajo vigilancia electrónica.
"El programa intenta colaborar con objetivo de descomprimir la sobrepoblación carcelaria, ya que está destinado a personas que se encuentran detenidas para que puedan transitar sus condenas en sus domicilios. Trabajamos principalmente con arrestos domiciliarios con vigilancia electrónica y, desde el año pasado, a través del dispositivo de supervisión ambulatoria con GPS, según las modalidades que determine la justicia", sostuvo Viladrich.
El Servicio Penitenciario Federal tiene una capacidad operativa para 12.235 personas y una población alojada que asciende a 13.439 detenidos, un déficit de 1204 presos según la actualización de datos que realiza diariamente. El 62,03% de los reclusos en cárceles federales corresponde al área metropolitana y el 91,49% son hombres. Los 709 casos de vigilancia electrónica controlados por el Gobierno equivalen a un 5,28% del total de detenidos del sistema federal en todo el país.
El programa intenta colaborar con objetivo de descomprimir la sobrepoblación carcelaria, ya que está destinado a personas que se encuentran detenidas para que puedan transitar sus condenas en sus domicilios
La implementación del programa se desprende de la Ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad (artículo 33) y sus posteriores modificatorias, promulgada en junio de 1996. El beneficio puede ser otorgado a personas con diferentes vulnerabilidades: mujeres embarazadas, madres de niños menores de 5 años o de personas con discapacidad a su cargo; madres de niños de entre 5 y 10 años, siempre que la autoridad judicial competente considere razonable; internos que padezcan enfermedades incurables en periodo terminal; enfermos a quienes la privación de la libertad les impida recuperarse o tratarse adecuadamente; personas con discapacidad; mayores de 70 años; internos considerados de baja peligrosidad que se encuentren transitando el último tercio de su condena; internos pertenecientes al colectivo LGBT; y otros casos considerados por los jueces intervinientes.
Récord de solicitudes
Solo desde la órbita federal, entre junio y diciembre pasado se incorporaron al programa 1160 personas, pero el número de ingresos y egresos es variable en función de fallecimientos o de que los reclusos recuperen su libertad. El análisis de cada caso lo realiza el poder judicial y, estadísticamente, son muy pocas las personas que incumplen con las medidas de control dispuestas ya que de lo contrario corren el riesgo de perder el beneficio. En diciembre pasado se recibieron oficios récord con 100 solicitudes de intervención, indicaron desde el ministerio que conduce Germán Garavano.
"Se busca garantizar el acceso a derechos y reducir la reincidencia. Las mediciones que hacemos indican que de alta adherencia a las pautas impuestas por los juzgados. Está comprobado que el acompañamiento mejora las condiciones de vida de las personas y su grupo familiar. Trabajamos en función de la integración social y estamos en contacto permanente con el poder judicial", destacó Viladrich.
Bajo la órbita del programa se desempeñan unas 70 personas, 40 de las cuales son profesionales que están abocados al acompañamiento de los internos, del que forman parte abogados, psicólogos, trabajadores sociales y politólogos. Se realizan informes socioambientales y un trabajo de articulación con la justicia para el fortalecimiento de la autonomía de las personas, en cada una de las provincias que tienen convenio con el ministerio, o en los casos cuyas solicitudes emanan de la justicia federal. La función de control y monitoreo se realiza con un equipo de 20 personas capacitadas especialmente, que cubre durante las 24 horas todo el año los movimientos de cada recluso. Se audita en tiempo real y en forma paralela a las tareas de control que realiza la empresa proveedora del servicio.
"Se realizan capacitaciones para enseñar oficios que los internos puedan hacer desde sus casas. También se ofrece la posibilidad de finalizar los estudios y se facilita la realización de cursos para inserción laboral durante el proceso de arresto domiciliario", cerró Viladrich.
