Causa YPF: el Gobierno presentó los argumentos para evitar entregar el 51% de las acciones
A partir de ahora, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York deberá tomar una determinación; el Gobierno asegura que recurrirá a la Corte Suprema de EE.UU. si el fallo fuera adverso
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Corresponsal en Estados UnidosGuillermo Idiart
WASHINGTON.- En las últimas horas, el gobierno argentino presentó ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York los argumentos para evitar entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Capital, tal como había dictaminado en primera instancia en septiembre de 2023 la jueza de la Corte del Distrito Sur, Loretta Preska.
Con este accionar, la Argentina tiene como objetivo suspender de forma definitiva y sin condiciones el fallo que obliga a pagar una indemnización que supera los US$16.000 millones más intereses. Ahora resta que se designe a los jueces de la Cámara y se fije la fecha de la audiencia oral, prevista para los próximos meses.
“La Argentina concluye su descargo de esta madrugada diciendo que si la Corte de Apelaciones no otorga la suspensión del fallo de la jueza Loretta Preska acudirá de manera urgente a la Corte Suprema de Estados Unidos para resolver este reclamo administrativo”, señaló en su cuenta de X Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los juicios que la Argentina enfrenta en el exterior. La Corte de Apelaciones no tiene tiempos definidos para tomar una decisión, pero las partes en litigio creen que podría tomar una pronta resolución.
Pasada la medianoche del martes, la Procuración del Tesoro informó que “la República Argentina presentó sus escritos de réplica en respuesta a los presentados por los demandantes el 17 de julio, en el marco de los casos Petersen/Eton Park y Bainbridge”.
En su presentación, el Gobierno justificó la suspensión de la entrega de acciones de YPF al marcar que Estados Unidos “vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero" y que, además, “contradicen lo dispuesto por la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos”. Esto tiene que ver con que las acciones de la petrolera se encuentran dentro del territorio argentino y no son utilizadas para actividades comerciales en Estados Unidos que puedan servir en base para la demanda.
“También vulnera principios de cortesía (comity) internacional, al exigir a la República que incumpla su propia legislación interna", señaló la nota.
“Los demandantes no lograron demostrar la existencia de un perjuicio en caso de que se suspenda la entrega de las acciones. La ley argentina prohíbe su venta sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional, lo que impide cualquier riesgo de ‘disipación’ de los activos”, explica el comunicado.
A su vez, afirma que los demandantes no demostraron que el país “no sufriría un daño irreparable si la orden no se suspende“. “La transferencia de las acciones implicaría la pérdida del control estatal sobre la principal empresa energética del país. Si las acciones fueran vendidas, el perjuicio sería irreversible, incluso si la Argentina resultara finalmente vencedora en la apelación”, indica.
Según explicó Maril, se abren tres posibilidades para la continuidad del caso a partir de hoy. Una opción es que la Corte de Apelaciones podría definir que la Argentina puede apelar sin necesidad de entregar acciones de YPF, pero devolver el caso a Preska para que ordene al país depositar una garantía que no sean las acciones de YPF.
La siguiente es que la Corte de Apelaciones rechazara el pedido de la Argentina de suspender el fallo que obliga al país entregar acciones YPF. Y la tercera es que la Corte de Apelaciones suspenda el fallo de la jueza Preska y permita a la Argentina apelar sin necesidad de entregar las acciones de YPF.
“Todas las alternativas pueden venir acompañadas de un compromiso de los tres jueces de ‘apurar’ los fallos en la apelación por la entrega de las acciones y en la apelación primaria (fallo de los US$16.100 millones)”, añadió Maril en X.
Entre los argumentos de la Argentina, esgrimidos por abogados estadounidenses que coordina la Procuración del Tesoro que lidera Santiago Castro Videla, se señala que “el interés público se ve claramente favorecido por la suspensión de la medida”.
“La ejecución de la orden afectaría a terceros -incluyendo a YPF, sus accionistas y al pueblo argentino- comprometería las relaciones bilaterales con Estados Unidos y podría generar represalias judiciales contra ese país en el extranjero, tal como advirtió el propio gobierno estadounidense”, señaló el comunicado, en referencia al apoyo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó la semana pasada ante la Justicia de ese país en la causa por la petrolera estatal, a través de un amicus curiae presentado ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
Luego, el lunes pasado, gl grupo Burford, beneficiario del juicio contra el Estado argentino, presentó en la Justicia estadounidense un escrito en el que criticó al gobierno de Donald Trump por haber dado su apoyo a la Argentina.
“El escrito de los demandantes indica que el amicus curiae de la semana pasada no refleja el punto vista del gobierno norteamericano, sino de funcionarios de bajo rango que no influyen en la estrategia exterior de Estados Unidos, ya que en el pasado el gobierno en sí apoyó la posición de fondo del demandante”, señalaron fuentes conocedoras de la presentación.
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