El karma de un Estado sin prioridades ni austeridad
El flamante conflicto por el cambio exprés de la coparticipación de impuestos entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) no tiene su raíz en la precaria situación fiscal de la economía, sino en la grieta política. Pero el arbitrario decreto presidencial que traspasa discrecionalmente fondos a la provincia de Buenos Aires, sin acuerdo político ni legislativo previo, incluye fundamentos tan grotescos que agregan un nuevo capítulo a la larga historia de deterioro institucional de la Argentina.
La decisión es una represalia tardía del kirchnerismo a la transferencia de las 54 comisarías y unos 18.000 efectivos y bomberos de la Policía Federal absorbidos por la Policía de la Ciudad, dispuesta -también por decreto- por Mauricio Macri en 2016 con el argumento de que ese gasto no tenía por qué ser solventado por todas las provincias. Por eso elevó la coparticipación a la CABA de 1,40% a 3,75%. En Google puede encontrarse un tuit del entonces diputado Axel Kicillof, que lo acusaba de "regalarle" el doble de los recursos necesarios y fue calificada como falso por la ONG Chequeado. No obstante, fue convalidado por el Consenso Fiscal firmado por todos los gobernadores (excepto San Luis) y convertido en ley a fines de 2017. Allí el porcentaje fue reducido a 3,50%, a cambio de mayor coparticipación de impuestos nacionales a todas las provincias. También incluyó un refuerzo extra a la de Buenos Aires para compensar el extinguido fondo del conurbano, que Carlos Menem había congelado en 1996 y Cristina Kirchner dejó diluir durante su mandato para aumentar la dependencia de Daniel Scioli de la Casa Rosada.
Ahora, el decreto firmado por Alberto Fernández baja el coeficiente a 2,32% hasta que sea aprobado por el Congreso y lo retrotrae a 1,40% cuando sancione la ley. O sea, una triple jugada destinada a restarle recursos ($ 35.000 millones) a Horacio Rodríguez Larreta en forma inmediata, desgastarlo políticamente como principal referente dialoguista de la oposición y fortalecer al kirchnerismo en el conurbano.
No solo eso. Los 19 gobernadores peronistas (excepto Juan Schiaretti) que apoyaron en un comunicado la decisión de la Casa Rosada "para empezar a corregir los desequilibrios de un país concentrado", parecen desconocer que la PBA concentra más de un tercio de la población total del país, 42% del PBI nacional; 43% del empleo industrial y, en el conurbano, los mayores bolsones de pobreza y ahora el mayor número de contagios del Covid. Tampoco consideraron que, desde el retorno de la democracia hace 36 años, la provincia tuvo gobiernos peronistas durante 29 años. Ni que hace 26 está pendiente la nueva ley de coparticipación prevista por la reforma constitucional de 1994.
Otro párrafo confía en que el traspaso de recursos de una jurisdicción a otra permitirá "reabrir el diálogo para evitar cualquier tipo de favoritismos en la distribución de fondos o proyectos". Aunque omite que, en los primeros ocho meses de este año, las transferencias no automáticas (discrecionales) del Tesoro nacional a las provincias sumaron $221.000 millones (con un aumento de 194% interanual), de los cuales casi la mitad se destinó a la provincia gobernada por Kicillof.
Es cierto que buena parte de esos mayores gastos obedecieron a la necesidad de ampliar el sistema de salud y asistir desde el Estado a los sectores económicamente más afectados por la pandemia (IFE, ATP). Pero también que se sumaron a una elefantiásica estructura del gasto público, engrosada con las moratorias previsionales, los planes sociales y los subsidios de la era K, que quedó sobredimensionada frente al estancamiento del PBI de la última década debido a la presión tributaria récord, el retroceso de la inversión y la creación de empleos privados.
Una prueba es que, entre enero y agosto de este año, el gasto en prestaciones sociales sumó $2,45 billones, que representan casi 60% del gasto corriente ($4,21 billones). Otra, que el Estado pasó a ser la única fuente de creación de empleo.
Un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que dirige Nadin Argañaraz, revela que entre 2012 y abril de 2020 creció casi ininterrumpidamente el empleo en el sector público (nacional y provincial), a diferencia del retroceso registrado en el sector privado formal. Con esta tendencia, la proporción de trabajadores públicos respecto de los asalariados privados pasó de 42% en 2012 a 55,3% en abril último y probablemente se haya acentuado en los dos meses siguientes de la cuarentena.
En números absolutos, pasaron de un total de 2.548.433 en enero de 2012 a 3.213.006 al cabo del primer cuatrimestre de este año (casi 665.000 más), con un alza de 26% que supera al crecimiento de la población en el mismo lapso (9,6%) y contrasta con la baja de -4,3% (261.297 menos) en los asalariados privados (de 6.068.528 a 5.807.231) sin contar el 30% de empleo informal. Además, representan el 27,3% del total de empleos registrados (11.780.700), que incluye a autónomos, monotributistas independientes, sociales y asalariados de casas particulares, con casi 4 puntos porcentuales más que en 2012.
Sobre la base de un sueldo bruto medio de $56.000 y un costo laboral de $69.000 mensuales, el Iaraf calcula que este incremento del empleo estatal agrega al gasto público un monto de $600.000 en 2020, equivalente al 2% del PBI.
Detrás de la enorme masa de gasto social, cada nombramiento parece una erogación minúscula aunque la suma deba ser costeada por los todos los contribuyentes de 167 impuestos nacionales, provinciales y municipales, que nunca bajan aún en medio de la emergencia sanitaria y asfixian al sector privado.
Hasta ahora, la única señal de austeridad fue la reducción del gasto (no asociado al Covid) en términos reales, a través de la suspensión de la movilidad jubilatoria y las paritarias de gremios estatales. Sin embargo, quien revise el Boletín Oficial advertirá diariamente una docena de decretos con designaciones de funcionarios en la administración pública nacional (APN), en cargos burocráticos cuya sola denominación sugiere una militancia rentada y sueldos de seis dígitos.
No es un fenómeno nuevo: ocurrió en la gestión de Cristina Kirchner, de Mauricio Macri y ahora de Alberto Fernández. A tal punto que un estudio del Cippec señala que la APN cuenta con un espacio directivo (direcciones nacionales, generales y coordinadores) sujeto a la discrecionalidad y los vaivenes de la política.
En la gran mayoría de los casos, son designados por períodos de 180 días y exceptuados de los requisitos establecidos en el convenio colectivo del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) homologado por el decreto 2098/08. Esta norma prevé título universitario en carreras de 4 años o más de duración; especialización avanzada en el campo profesional a desarrollar; o experiencia laboral en la especialidad no menor a 6 años.
O sea que la cantidad prevalece sobre la calidad para el diseño de políticas públicas aunque agregue más gasto. Por caso, tras la creación del Ministerio de la Mujer en muchas áreas fueron designadas subsecretarias, directoras nacionales y gerentes de políticas de género. Y por decreto acaba de establecerse un cupo laboral de 1% en el sector público nacional para personas travestis, transexuales y transgénero.
Además de la falta de austeridad, otro karma del Estado (que en los últimos 60 años tuvo déficit fiscal en 54) es la ausencia de prioridades estratégicas a mediano y largo plazo. Aunque parezca una eternidad, hace poco más de seis meses el Presidente anunció en el Congreso su intención de recrear este año un "Programa de Innovadores de Gobierno" y una Agencia de Evaluación de productividad del gasto estatal. Habrá que ver si aparecen en el Presupuesto 2021.
nestorscibona@gmail.com
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