El kirchnerismo avanza contra los fiscales y acumula poder en la Justicia Federal

El oficialismo se prepara en 2021 para avanzar en dos frentes sobre la Justicia; la consolidación del control total sobre la Cámara Federal y la embestida para terminar de doblegar a los fiscales y cogobernar la Procuración General de la Nación, que sigue manejando el procurador suplente Eduardo Casal.

Estos movimientos se dan jugando en tres tableros: el Congreso, el Consejo de la Magistratura y los tribunales.

En el Congreso, el kirchnerismo impulsa otra estrategia: por un lado, busca aprobar la ley de reforma del Ministerio Público, que le asegura nuevas facultades a los senadores kirchneristas en la gestión de la Procuración y por otro lado trata de controlar el jurado de enjuiciamiento de fiscales, para buscar suspender al procurador interino Eduardo Casal o al fiscal Carlos Stornelli, a quien no le perdonan su investigación en el caso de los cuadernos de la corrupción.

El jurado de enjuiciamiento de fiscales está integrado por una mayoría integrada por su presidenta Adriana Donato, en representación del Colegio Público de Abogados, un representante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y dos fiscales generales. Una minoría la conforman tres jurados cercanos al Gobierno: Héctor Recalde, Federico Thea y César Grau.

Desde diciembre pasado la Comisión Bicameral del Ministerio Público controlada por el kirchnerismo viene cuestionando a Adriana Donato como presidenta del Jury. Pidió informes al Colegio de Abogados para determinar si tiene la matrícula profesional activa o bloqueada dado que es asesora de la Fiscalía General de la Ciudad a cargo de Juan Mahiques. El Colegio de Abogados dijo que su matrícula está activa y lo propio hizo Mahiques al describir las características de su designación. Pero la Bicameral busca forzar la renuncia de Donato, que termina su mandato en octubre, para que otra persona permeable a sus deseos ocupe su lugar.

La única forma de que Donato deje el jury es que renuncie o que sea forzada por una decisión judicial. El Colegio Público de Abogados de la Capital no le va a revocar el mandato, dijeron fuentes del organismo.

Así el kirchnerismo en el Congreso pretende tener una mayoría de 4 votos en el jurado de enjuiciamiento de fiscales que, si bien no le alcanzan para removerlos, si ara suspenderlos. En la mira están Stornelli, con procesos disciplinarios en trámite y por supuesto Casal. Quienes ven esa posibilidad creen que Casal, si bien actúa como Procurador subrogante no deja de ser fiscal y por lo tanto debe ser juzgado por el jury. Por el contrario, en la Procuración señalan que en todo caso la única manera de removerlo es por juicio político, ya que actúa como procurador. Entre los fiscales circula un precedente de la Corte para avalar esta posición. Es el caso de una secretaria federal chaqueña que actuó como fiscal ad hoc. Fue perseguida por una decisión que en la causa de Margarita Belén. La sancionaron con el régimen de secretaria judicial, pero ella apeló y la Corte finalmente declaró que hubiera correspondido que le aplicaran el régimen de los fiscales, ya que ella actuaba como tal.

Más allá de esta jugada en la bicameral, está en carpeta del Gobierno resucitar el tratamiento de ley que reforma el Ministerio Público Fiscal. El senado ya le dio media sanción y permitió acortar el mandato del procurador, cambiar los dos tercios necesario del Senado para su designación (que hoy el oficialismo no tiene) y modificar el régimen disciplinario de los fiscales. Un cambio así implicaría poner a los fiscales más investigativos a tiro de una suspensión. Al Gobierno le faltan votos para convertir la iniciativa en ley en la Cámara d Diputados, pero en la oposición señalan que ese es uno de los objetivos de este primer trimestre del año. Así las cosas, si se aprueba esta ley, el kirchnerismo podría desplazar a Casal, y nombrar a su reemplazante.

En la Cámara Federal, el oficialismo ya se aseguró el control de la mitad del tribunal y antes del segundo semestre está en condiciones de colonizar la otra mitad. La Cámara Federal está integrada por seis jueces divididos en dos salas de tres cada uno. Es el tribunal que revisa todos los casos de corrupción que se investigan en Comodoro Py. La Sala I está integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Los dos primeros tienen un signo de interrogación, pues habían sido trasladados a ese tribunal y la Corte dijo que deben irse. Permanecerán hasta que avance el concurso para reemplazarlos.

La inscripción para el concurso vence mañana. Bertuzzi se anotará y Bruglia está más cerca de no hacerlo. Bertuzzi tiene 50 años y una carrera judicial por delante. Bruglia ya tiene la jubilación otorgada y está más cerca de irse. Los exámenes para se realizarán el 26 de febrero de manera presencial. Casi el único trámite convocado de modo presencial en los tribunales. Es probable que el concurso termine en pocos meses y que haya candidatos ternados . Con estos plazos, el oficialismo puede nombrar a dos nuevos jueces en los lugares de Bruglia Y Bertuzzi al iniciarse el segundo semestre, con lo que se asegura una mayoría en la Sala I del tribunal.

En la Sala II los cambios ya se dieron en la semana que pasó. Martín Irurzun, sigue presidiendo la Cámara e integra esta Sala, pero quedó rodeado por los recién llegados candidatos impulsados por el oficialismo. El presidente Alberto Fernández firmó el decreto que repuso en su cargo a Eduardo Farah que estaba en esa sala y el Poder Ejecutivo envió al Senado, para su acuerdo, el pliego de Roberto Boico, abogado de Cristina Kirchner en el caso por la firma del memorándum con Irán, para cubrir la otra vacante de esa sala. Farah había pedido el traslado de la Cámara Federal a un tribunal oral de San Martín tras presiones de Cambiemos, cuando firmó el fallo que permitió excarcelar a Cristóbal López. Ahora regresó a su tribunal donde supo dictar sentencias en sintonía con el Gobierno hasta que el kirchnerismo rompió con un sector de la SIDE que incidía en tribunales. Farah ya se instaló en su despacho la semana que pasó y se reunió con sus colegas, a la mayoría de los cuales apenas si conocía.

Boico, que ganó el concurso, llego a la Cámara con el voto de los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura y de los consejeros de Cambiemos. En compensación se aseguraron el apoyo del oficialismo para cubrir otras vacantes con sus candidatos. El pliego de Boico pasará fácilmente la instancia del Senado y en menos de dos meses ya podrá integrar la Cámara Federal. Junto con Farah, completarán la Sala II, con Irurzun.

En los tribunales se preguntan y responden cual sería el interés del Gobierno en incidir en la Cámara Federal, cuando el tribunal está en un record histórico de pocas causas. De hecho, los juzgados de primera instancia están casi paralizados desde hace un año y medio y sin causas de drogas ni de flagrancia, ahora son pocos los expedientes de corrupción que llegan a la Cámara Federal. La política lo vislumbra como un tribunal clave no solo para asegurarse que no prosperen acusaciones, sino también para que lo hagan otra causa contra opositores. Mauricio Macri tiene en Comodoro Py algunos expedientes incómodos por ahora controlados. El caso que impulsa en su contra Cristóbal López y Fabián de Sousa por la supuesta organización de una "mesa judicial" para perjudicarlo, está en la Cámara de Casación, en el caso del Correo, en otra denuncia por extorsión que le inició Daniel Vila y en Vicentin no hay mayores novedades; y en la causa de espionaje no tiene una imputación formal.

Sin embargo, ya despuntan denuncias contra sus ex colaboradores que podrían prosperar en un año electoral. El denunciante habitual es Rodolfo Tailhade, el diputado ultra-K.

Por Hernán Cappiello

• Actualidad

---

Conforme a