El plan económico que todos tratan de adivinar

En su primer y lúcido análisis poselectoral, el politólogo Andrés Malamud escribió que un tercio de los argentinos son pobres y tres tercios son impacientes. Todos están ahora a la expectativa del programa económico de Alberto Fernández cuando se haga cargo de la Casa Rosada, dentro de 38 días, pero lo único que encuentran son adivinanzas o conjeturas. Salvo el flamante presidente electo y su entorno de mayor confianza, nadie sabe quiénes lo estarían preparando -si fuera así- y la formación del equipo que saldrá a la cancha está rodeada de presunciones, algunas más improbables que otras.

Para aumentar la incógnita, son ajenos al área económica los cuatro delegados de perfil progresista designados para llevar adelante una transición civilizada con el gobierno saliente de Mauricio Macri. Y los economistas que vienen dialogando desde las PASO con el Ministerio de Hacienda y el Banco Central o con fondos de inversión extranjeros mantienen el mismo silencio de radio que antes. Los pocos que acceden a hablar off the record lo hacen a título personal y evitan definiciones que comprometan al futuro presidente.

Hay quienes especulan que Alberto Fernández mantiene todavía la idea de convencer a Roberto Lavagna para ubicarlo como superministro de Economía, pese a su pública negativa. Y que, al regreso de su visita a México, daría a conocer la nómina de los jugadores, pero sin especificar sus puestos, a la espera de una incierta respuesta y solo para bajar la ansiedad. Necesitará figuras relevantes en la delantera: todos los actores económicos que pudieron se ocuparon desde hace meses de descontar su triunfo y reforzar conductas defensivas, con remarcaciones de precios, dolarización extrema y/o reclamos imposibles de atender.

Ni el reforzado cepo cambiario del BCRA, que redujo al 2% las compras sin autorización de dólares para frenar el drenaje de reservas, ni el nuevo esquema de Leliq con la cautelosa baja de tasas para reducir el déficit cuasi fiscal merecieron del equipo albertista opiniones públicas a favor o en contra. Se deduce que están de acuerdo, porque los venían pidiendo desde hacía tres meses; pero ambas partes dejaron trascender que esas medidas no fueron consensuadas, sino solo informadas previamente. Aun así, calculan que el stock de reservas de libre disponibilidad se ubicará lejos del mínimo requerido por el gobierno entrante (US$10.000 millones) para encarar la negociación con el FMI y los acreedores privados.

De hecho, el costo político de todas las decisiones económicas que se adopten hasta el 10 de diciembre será asumido por la administración macrista. Ya quedó evidenciado con la suba de 5% en combustibles que rige desde anteayer, dos semanas antes del fin del congelamiento, que será seguida por otros ajustes fraccionados y con el descongelamiento de los "productos esenciales" con aumentos de 13%. También ingresan al calendario de noviembre los incrementos en telefonía celular (21%) y medicina prepaga, que en este caso se repetirán el mes próximo (12%).

No es exactamente el tipo de medidas que Cristina Kirchner se "tomó el atrevimiento" de pedirle a Macri para aliviar los bolsillos de la población apenas fue elegida vicepresidenta. Pero seguramente deben haber aliviado a los futuros integrantes del equipo económico de Alberto Fernández, preocupados por las fuertes distorsiones de precios relativos de estos meses. Con alta inflación, todo congelamiento de precios -regulados o acordados- es como un resorte apretado que, al soltarse, causa más daños. Por lo pronto, el repunte inflacionario de este mes -previsiblemente superior al anterior, algo inferior a 4%- será cargado a la herencia de Macri, que cerrará 2019 con una inflación de 55%, y su gestión, con un promedio de 40% anual.

A falta de una "bola de cristal", la mayoría de los consultores aconsejan al unísono un programa económico integral y consistente para reordenar y estabilizar las variables macroeconómicas, evitar el precipicio de otro default y generar confianza.

Son conscientes de que la herencia fiscal que recibirá el nuevo gobierno lo deja casi sin márgenes de maniobra, ya que el déficit financiero (por intereses de la deuda) cuadruplica el déficit primario (recaudación vs. gastos). Y solo en la segunda mitad de diciembre deberían emitirse no menos de $300.000 millones (equivalentes a una cuarta parte de la base monetaria), para cubrir las necesidades de caja del Tesoro (pagos de sueldos, jubilaciones, medio aguinaldo, proveedores y vencimientos de letras). Dicha emisión deberá ser autorizada por la futura conducción del BCRA, ya que el actual directorio espera su previsible relevo.

Por ahora, analistas y empresarios desconocen si el equipo técnico de Alberto F. está trabajando en un programa de este tipo, con rebalanceo de gasto público, impuestos, tarifas, subsidios y emisión monetaria, que, además, evite un retroceso del tipo de cambio real. No pocos se preocupan de que el acuerdo social con empresarios y gremialistas, destinado a contener precios y recuperar salarios, pueda ser un sustituto de ese plan para ganar tiempo, en vez de un complemento que permita alinear expectativas.

En este hipotético pero no improbable escenario, con mayor oferta de pesos y tasas de interés negativas frente a la inflación, la actividad económica podría vivir un "veranito" de consumo durante algunos meses. Pero difícilmente sea sostenible en el tiempo. En una economía escasa de dólares, la demanda postergada de bienes durables con alto componente importado acentuaría la típica restricción externa. Y en consumo masivo podría ampliarse la brecha entre el dólar oficial y sus cotizaciones libres en cada eslabón de la cadena para cubrir riesgos.

Aquí vale recordar que, paradójicamente, uno de los pocos elementos a favor del nuevo gobierno es la alta capacidad ociosa de la industria (40% promedio y extremos de 65%), que permitiría recuperar la actividad sin mayores inversiones. Otro es el superávit comercial de US$ 13.000 millones, más por el retroceso de importaciones que por el aumento de exportaciones.

Una negociación relativamente rápida de la deuda pública con el FMI y los acreedores privados permitiría despejar de incógnitas el frente externo. Pero su condición necesaria es hacer lo propio con el frente fiscal. Si bien el entorno de Alberto Fernández citó en la campaña las renegociaciones exitosas de otros países que evitaron caer en default (Uruguay, Portugal), mostró el final feliz de la película, pero no el principio: en todos los casos hubo superávit primario por varios años. La aplicación o no de quitas de capital e intereses (que incluso sin quita podrían ser capitalizados a más largo plazo) dependerá de un programa de ajuste fiscal creíble a mediano plazo, con amplio consenso político interno y apoyo del Fondo.

El mayor equilibrio de fuerzas políticas en el Congreso surgido de las elecciones podría hacerlo posible siempre que el pragmatismo prevalezca sobre los dogmatismos. Principalmente dentro del Frente de Todos, donde en los mercados externos -al igual que los domésticos- dudan sobre quién adoptará las decisiones: si el ala más moderada de Alberto Fernández o la más radicalizada de CFK-La Cámpora.

Lo mismo vale para el proyecto de ley que el presidente electo prevé enviar al Congreso cuando arranque su gestión para blindar nuevas inversiones en Vaca Muerta e impulsar las incipientes exportaciones de petróleo y gas no convencional. Como lo anticipó esta columna, prevé fijar el petróleo WTI como precio de referencia en vez del Brent y amortiguar oscilaciones del mercado internacional con cambios en el ajuste del impuesto a los combustibles líquidos. También que los dólares de exportación sean depositados en un fondo externo, con libre disponibilidad para ser utilizados en inversiones en yacimientos e infraestructura (gasoductos, plantas de licuefacción de gas, etc.) que las independicen de las variaciones del tipo de cambio, más una serie de incentivos impositivos y arancelarios para bajar el "costo argentino". No obstante, este régimen choca con el planteo del PJ oficial de pesificar las tarifas de energía, que lo torna incompatible con los precios mayoristas en dólares de los hidrocarburos.

Al fin y al cabo, si la economía no crece a base de inversiones, generación de empleo y mayores exportaciones, la perspectiva será más que complicada. Y más aún la relación deuda /PBI.

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