Estados Unidos respaldará a la Argentina en la causa por YPF ante la Justicia de Nueva York
El Departamento de Justicia anunció que presentará un nuevo escrito a favor del país en la Cámara de Apelaciones, que ya suspendió de manera preventiva la orden de entrega de acciones, mientras se define la resolución definitiva
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LA NACIONSofía Diamante
El Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó anoche a la Cámara de Apelaciones de Nueva York su intención de presentar un escrito amicus curiae en apoyo al Estado argentino por la orden que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF. Ya lo había hecho en noviembre pasado, cuando el mismo tema se debatía en primera instancia.
En ese momento, el gobierno de Joe Biden sostuvo que la orden de entregar las acciones de YPF violaba las normas de inmunidad soberana y, además, sentaba un precedente peligroso: abría la posibilidad de que la Argentina pudiera tomar medidas similares en el futuro contra empresas o activos soberanos de Estados Unidos.
En ese escrito, también le había solicitado a la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que rechazara el pedido de los demandantes. Sin embargo, la magistrada no solo desoyó ese pedido, sino que incluso lo concedió.
Por entonces, la Procuración del Tesoro había entablado contacto con el gobierno de Estados Unidos para informarlo sobre el juicio y advertir sobre las consecuencias de que un juez federal estadounidense ordene el embargo de activos bajo otra jurisdicción. Las acciones de YPF en poder del Estado argentino están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires; no corresponden a activos que coticen en Nueva York.
Ahora, nueve meses después, el gobierno de Donald Trump presentará de nuevo un respaldo al país, según confirmó ayer David E. Farber, de la oficina de fiscales de Estados Unidos.
“El nuevo escrito amicus del Departamento de Justicia debería, de mínima, reiterar argumentos que ya expresó en su escrito anterior durante el gobierno de Joe Biden”, dijo Sebastián Soler, exviceprocurador del Tesoro durante el gobierno anterior.
“En ese entonces había dicho que la orden de Preska de entregar las acciones de YPF infringiría las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos, que no le permiten a sus jueces embargar u ordenar la venta de un bien de otro país si ese bien no está en los Estados Unidos, y también advirtió que podría afectar la soberanía argentina en la medida que implicara ordenar que el Congreso argentino modifique una ley o que el Poder Ejecutivo la incumpla. La incógnita es si ahora, con Trump en el gobierno, el Departamento de Justicia va a decir algo más”, agregó.
En los procesos que se llevan adelante en Estados Unidos es habitual que distintos países presenten su opinión acerca del caso cuando está involucrado un soberano como una de las partes. En la jerga legal, se llama amicus curiae (amigo de la corte, en latín).
A lo largo del juicio por la expropiación de YPF, la Cancillería argentina avisó que estaba en marcha este proceso a los distintos países y presentaron sus escritos Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador a favor del país.
El caso por la expropiación de YPF entró en una fase clave: la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió suspender de forma preventiva la orden de entrega de acciones que había dictado Preska en primera instancia.
La Argentina logró una suspensión administrativa temporal, que permitirá ordenar la presentación de alegatos y analizar el pedido de suspensión definitiva.
“La decisión de la Corte de Apelaciones de conceder la suspensión representa un alivio procesal importante, aunque no definitivo. El riesgo inmediato de desacato queda neutralizado, pero el proceso judicial sigue abierto: el plazo para presentar argumentos vence el 22 de julio y luego la misma Corte deberá pronunciarse sobre el fondo. En cualquier caso, más allá de esta suspensión, el principal impacto hasta ahora ha sido reputacional: los tribunales estadounidenses no cuentan con mecanismos prácticos para forzar la entrega de acciones bajo jurisdicción extranjera, lo que ya limitaba significativamente el alcance legal de la ejecución”, analizó Juan Ignacio Carranza, de la consultora Aurora Macro Strategies, especializada en riesgo geopolítico y macroeconomía.
Mañana se espera que Burford —el fondo que compró en España el derecho a litigar en la quiebra de las empresas Petersen— presente su oposición al pedido de suspensión definitiva. El martes próximo, será el turno de la Argentina, que responderá con sus argumentos a favor de que se mantenga la medida.
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