¿Estafa piramidal? Cositorto declaró ante la Justicia de Villa María donde hay 94 damnificados por Generación Zoe

CORDOBA.- Después de dos semanas de detención, Leonardo Cositorto, el CEO de Generación Zoe, declaró ante la fiscal Juliana Companys de Villa María (Córdoba). Después de las 14 se retiró junto a su segundo, Maximiliano Javier Batista, quien, como él, estuvo prófugo dos meses. Ambos están detenidos en la cárcel de Bouwer en la ciudad de Córdoba. La fiscal estimó que el monto global de la estafa que ella investiga ascendería a medio millón de dólares y 8 millones de pesos. Los damnificados son 94, algunos varias veces.

El defensor de Cositorto, Guillermo Dragotto -trabaja con Miguel Ángel Pierri, quien también estuvo en Villa María- pidió su excarcelación y el pase de la causa al fuero federal. Los tribunales villamarienses amanecieron vallados y con seguridad extra. Pierri dijo que su defendido “no tiene nada que ver” con lo que se investiga en la ciudad cordobesa.

Companys imputó al líder de Generación Zoe por supuesta asociación ilícita y presuntas estafas reiteradas. Su abogado insistió en que responderá las preguntas y pedirá el acceso a las pruebas. Cositorto fue extraditado desde Santo Domingo y llegó el 12 de este mes a la Argentina. Cositorto declaró varias horas y respondió preguntas.

La orden de detención fue expedida contra Cositorto el 21 de febrero por el Juzgado de control y faltas de Villa María y detalla que los delitos que se le acusan son “asociación ilícita y estafa”, que se aplican a las disposiciones de la legislación penal que reprimen los delitos en los artículos 210 y 172 del Código Penal de la Nación Argentina. En el documento se detalla que la pena máxima aplicable es de 11 años de prisión, que va conforme con el Capítulo II de los delitos contra el orden público.

Además de la imputación en Villa María, a fines de febrero el fiscal Eduardo Taiano solicitó una acción penal contra Cositorto por presunta defraudación y estafa. También pidió a la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad un informe sobre el estado de las investigaciones a cargos de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Una de las denuncias contra el fundador de Generación Zoe fue efectuada por Pablo Salum, de la Red LibreMentes, y otra fue hecha por la ONG Bitcoin Argentina. Según esta organización, “hay elementos suficientes para que la Justicia investigue y compruebe si es que, a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como esquema Ponzi o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado”.

Por otro lado, la Comisión Nacional de Valores (CNV) inició un sumario administrativo por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales a Generación Zoe y emitió una alerta en el portal de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) y comunicaciones a los entes reguladores de Colombia, España y Paraguay -países en donde se detectó actividad del grupo– para informar la apertura del sumario y avisar al público inversor en general sobre los hallazgos de la investigación.

Los imputados son también Norman Ariel Próspero, contador de la organización; Gustavo Saavedra, abogado; Héctor Luis Yrimia, exjuez federal y exfiscal (sigue prófugo); Claudio Álvarez, líder de Generación Zoe en Villa María; Silvia Rosa Fermani, secretaria general y directora en coaching.

También Ivana Analía Álvarez, hermana de Claudio y reclutadora en Villa María; Florencia Anahí Álvarez, hacía lo mismo que su hermana; Silvio Eduardo Schamme, pareja de Ivana Álvarez; Silvana Verónica Abellonio a cargo de la sede de Villa María; Mariela Sánchez: responsable de Generación Zoe en Córdoba Capital; René Germán Udrizar, empleado de Zoe en Villa María y Cristian Omar Delgado: cajero de Zoe en Villa María.

Otros son Agustín Nicolás Pereno, recaudador y reclutador en Villa María, sede donde también se desempeñaban Claudia Beatriz Pereyra, Marcelo Valdez, Federico Moreno, Martín Pereyra, Juliana Anabella Bollea (policía cordobesa), Gabriela Fernánda Álvarez y Susana Beatriz Lujá.