Fentanilo mortal: el 70% de los argentinos cree que los dueños del laboratorio tienen protección política o judicial y lazos con los narcos
Un trabajo de Poliarquía revela que una amplia mayoría considera mala o muy mala la actuación del Ministerio de Salud en la crisis de medicamento que produjo 98 muertes
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LA NACIONDiego Cabot
El humor y la percepción social cambian constantemente. A veces, no se inmuta frente a algunas situaciones, mientras que, en otras, sobreactúa el interés. El caso del fentanilo mortal transitó un tiempo de relativa indiferencia. Pero, en los últimos días, a medida que las muertes se acumulan y las sospechas de que pueden ser muchos más no se disipan, la sociedad no ha dejado de aumentar su interés en el asunto. Y esa mirada social es crítica, con todos.
Después de la indiferencia y sin voceros oficiales que orienten la incertidumbre, cuestionan por abrumadora mayoría los mecanismos de control, la autoridad del Ministerio de Salud y la actuación judicial. Además, sospechan que hay protección política a los dueños del laboratorio y que detrás de esta fachada de la producción de fentanilo hay fuertes vínculos con el narcotráfico.
Una reciente encuesta de Poliarquíarevela la alta preocupación de la sociedad argentina frente a la crisis del fentanilo contaminado. El estudio, realizado entre el 13 y el 15 de agosto a 600 personas mayores de 18 años en centros urbanos de más de 10.000 habitantes, muestra que el 71% de los encuestados están informados sobre el tema y un 80% manifiesta preocupación por la seguridad de los medicamentos.
La encuesta, con un margen de error de +/- 4%, explora las responsabilidades percibidas y la confianza en las instituciones. Y en este campo, la reprobación es total.
“¿A quién considera usted más responsable por lo ocurrido con el fentanilo adulterado?” es una de las primeras preguntas del trabajo. La respuesta más elegida, con el 31% es “a las autoridades del Ministerio de Salud nacional”, seguida por “a todos por igual”, con 29%. Hubo tres opciones más: “a los hospitales que lo administraron”, 18%; “a los laboratorios que fabricaron el producto”, con 13%, y a los organismos de control como la Anmat, 9%. La gente considera que hay más responsabilidad del Gobierno que del fabricante del producto.
“El país atraviesa una crisis sanitaria de gran magnitud, provocada por la distribución de fentanilo medicinal contaminado. Esta tragedia puso en cuestión los mecanismos de control sobre la producción y distribución de medicamentos, así como las responsabilidades del sector público y privado en garantizar la seguridad y la calidad de los productos destinados a la población”, se lee en la investigación que coordinó Melina Patti, directora de Proyectos de Poliarquía.
Una amplia mayoría cree que los laboratorios que produjeron fentanilo adulterado contaron con protección política para operar sin controles. Según la encuesta, el 68% considera “muy probable” que tuvieran esta protección, mientras que el 16% lo ve “posible”. Solo un 12% no cree que existiera tal protección. Este resultado refleja una percepción generalizada de connivencia entre el poder político y el dueño del laboratorio, Ariel García Furfaro.
“La evaluación del accionar institucional es mayoritariamente negativa: el Ministerio de Salud de la Nación recibe muy baja aprobación (solo un 7% considera que actuó bien); la Anmat aparece con credibilidad debilitada en su rol de supervisión (41% la califica como poco o nada confiable y el 23% no sabe, posiblemente por desconocimiento del organismo). El sistema judicial es percibido como ineficaz en la investigación del caso (un 52% lo evalúa críticamente)“, dice Melina Patti.
Las cifras impactan en el sistema de salud. La crisis del fentanilo generó desconfianza, al punto que una parte importante de la población reconsidera la atención médica, en caso de necesitarla. Según Poliarquía, el 45% “consideraría posponer” algún tratamiento médico en hospitales o clínicas, mientras que el 7% ya “ha evitado” buscar atención, aunque el 36% afirma no haberlo hecho. Estos datos revelan que la crisis ya impactó en la percepción de seguridad y confianza en el sistema de salud.
Ahora bien, la investigación judicial que por ahora conduce el juez de La Plata, Ernesto Kreplak, también es profundamente cuestionada por la sociedad. La mayoría de los encuestados evalúa negativamente el accionar del juez y el sistema judicial. El 52% lo consideran muy malo (40%) o malo (12%). Apenas el 1% cree que actuó muy bien y un 6% que lo hizo bien, mientras que el 29% lo califica como “regular”.
“La ciudadanía reparte responsabilidades, pero identifica al Ministerio de Salud como el actor central en la crisis del fentanilo. Se extiende un fuerte cuestionamiento a los organismos de control y al sistema judicial, cuya actuación es evaluada negativamente —dice Melina Patti, de Poliaquía—. Los laboratorios aparecen bajo un manto de desconfianza: dos de cada tres argentinos creen que actuaron con protección política y siete de cada diez los vinculan a redes de narcotráfico o crimen organizado. Estas percepciones refuerzan la idea de connivencia y corrupción estructural, donde la falta de controles efectivos se asocia a un patrón recurrente en la Argentina.”
La sombra de la connivencia política planea sobre los laboratorios implicados en la producción de fentanilo adulterado. Un abrumador 68% de los encuestados considera “muy probable” que los dueños de estos laboratorios contaran con protección política o de funcionarios para operar sin controles estrictos. Un 16% adicional cree que es “posible”, aunque no está seguro. En contraste, solo el 12% descarta la existencia de tal protección, lo que refleja una profunda desconfianza en la integridad de los controles y la transparencia del sistema.
Y finalmente, el narcotráfico. “¿Cree que hay vínculos entre los laboratorios involucrados y redes de narcotráfico o crimen organizado?“, preguntó Poliarquía. “Sí“, contestó el 68%, y no, el 14%.
“Existe un consenso mayoritario en que la crisis del fentanilo debe ocupar un lugar prioritario en la agenda política y del Congreso, lo que la convierte en un tema de salud pública con fuerte proyección institucional”, finaliza Patti. Se refiere a una de las preguntas con mayoría más importante.
A la pregunta de si “cree que este tema debería estar entre las prioridades del Congreso y del gobierno nacional”, la respuesta del 87% fue “sí, debería ser prioridad”. El 8% dijo que “sí, pero hay otros temas más urgentes. Apenas el 1% marcó la opción “no, no es tan relevante”.
Ya nadie puede mirar para ningún lado; ni el Gobierno, ni el Congreso ni tampoco, la Justicia. Faltan respuestas, voces claras y avances significativos en la causa, mientras lo único que sube son las muertes por fentanilo adulterado.
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