Hidrovía: la licitación más sensible de la Argentina envuelta en una guerra sórdida de intereses políticos y económicos
La pelea por el control de la vía navegable tiene interés en Estados Unidos, China y Europa; los socios locales y las sospechas detrás de un proceso millonario
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Es una kermesse de lobby desatado, desenfrenado y brutal. Tanto que ya ha perdido hasta el silencio y la mesura que suele envolver este tipo de intereses. La licitación más importante de la Argentina, la concesión de la hidrovía sobre el río Paraná, volvió a tener novedades. Esta vez, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial los dos consorcios que pugnarán por un contrato millonario, pero también por controlar una vía navegable sobre la que la geopolítica del mundo puso el ojo.
Empresas europeas, operadores locales, exportadores, estudios jurídicos y viejos jugadores del poder disputan el control del corredor por donde sale la mayor parte de los dólares del país. Las denuncias cruzadas, los pliegos cuestionados y el fantasma de los negocios de la política vuelven a rodear el proceso que ya escribió un capítulo oscuro allá por febrero del año pasado, cuando se anuló la primera licitación.
La pelea por la Hidrovía volvió a transformarse en una batalla de poder. No es solamente un contrato de dragado y balizamiento. Es mucho más. Es el control de la autopista fluvial por donde salen los granos, la harina, el aceite, parte de la industria automotriz y, en definitiva, los dólares que sostienen la economía argentina. Detrás de la nueva licitación asoman empresas europeas, operadores locales, terminales portuarias, estudios jurídicos, gobernadores, exportadores y viejos protagonistas de la obra pública que conocen como pocos cómo funciona el negocio del Estado. Tal es el grado de interés que Estados Unidos y China han seguido de cerca el asunto. Cada cual con sus intereses particulares y, claro, contrapuestos.
La noticia formal es que el consorcio conformado por la belga Jan de Nul y la argentina Servimagnus (empresa de una de las ramas de la familia Román) competirá con la también belga DEME, que iría junto con las norteamericanas Great Lakes, Clear Street y KKR.
Solo para aclarar: los hermanos Román dejaron de ser un grupo económico hace más de 30 años (1994) y cada uno asumió la actividad en la que estaba más especializado. Alfredo se dedicó a los negocios de los puertos y Ricardo, que es el que está en esta licitación, fue hacia la logística.

Ahora bien, detrás de cada una de las oferentes se tejen enormes historias de intereses, amigos y lobbistas que incluyen, además, a los actores del Gobierno encargados de la decisión y la firma de la concesión.
Como se dijo, el grupo que parece ser el que más chance tiene de quedarse con el negocio es el consorcio que encabeza Jan De Nul. La empresa de Bélgica no era un gran jugador hasta que empezó a competir en las ligas mayores de la mano del grupo Emepa, del empresario Gabriel Romero. Los belgas fueron el socio que aportó el know-how en la licitación de los 90 en la que se empezó a dragar el río Paraná.
Romero, el socio local, era un hombre cercano al radicalismo, en particular a Raúl Alfonsín. En aquellos años se quedó con el complejo fluvial y también con la concesión del ramal ferroviario Belgrano Norte, a través de la empresa Ferrovías. Eran otros tiempos: a pocos les importó esta licitación de un tema casi desconocido en el país (dragado y balizamiento), tapada por las marquesinas de otras mucho más seductoras.
Romero fue uno de los arrepentidos en la causa de los Cuadernos de las Coimas. El hombre confesó haber pagado coimas por US$600.000 para que el gobierno de Cristina Kirchner le renovara por decreto la concesión de la explotación del tramo del río Paraná-Paraguay que permite conectar el Atlántico y Asunción para el comercio internacional.
No fue lo único que dijo entonces, ya que también reveló que le entregaba al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, un retorno de 10% a 15% de los subsidios que recibía por su empresa Ferrovías y además le daba una cuota anual de US$500.000 para asegurarse el control de los negocios ligados al transporte.

Durante todo ese tiempo, cuando ocurrieron esos hechos que hoy son motivo de juicio oral, Jan De Nul y Romero eran socios, con un 50% cada uno, de la empresa Hidrovía Sociedad Anónima. Pero, cuando estalló ese escándalo, los belgas y los argentinos dijeron estar peleados como para que la responsabilidad quede solo del lado criollo. Hoy, la compañía europea está a punto de quedarse con el negocio por 25 años más.
Pero el paso del tiempo convirtió al río Paraná en un epicentro de negocios e intereses. “El Sistema de Navegación Troncal (SNT) conecta a las regiones productoras de la Cuenca del Plata con los mercados del mundo. Por sus canales fluye más del 80% del comercio exterior de Argentina y de Paraguay, una parte significativa del comercio exterior de Uruguay y de Bolivia, y el mineral de hierro que se exporta desde Mato Grosso do Sul”, señaló Alejandro Bustamante en un documento de trabajo publicado por Ucema, donde es profesor.
En este proceso de licitación libertario, que ya lleva casi dos años y medio, se levantaron sospechas de ser la “elegida” para llevarse el triunfo. De hecho, la primera licitación se anuló horas antes de abrirse los sobres y entre los principales argumentos que entonces entregó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) estuvieron algunos requisitos en los pliegos que sólo cumplía Jan De Nul.
Desde entonces se aventó el fantasma de que, detrás de ellos, se escondían algunos amigos del poder. Puntualmente, los hermanos Neuss, amigos y vecinos del asesor Santiago Caputo, el hombre que maneja la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, organismo que lleva adelante el proceso y que maneja Iñaki Miguel Arreseygor, también cercano a Caputo.

Algunos servicios que tiene el contrato, como por caso los relevamientos batimétricos e hidrométricos, el control de derrames, el reflotamiento y salvamento de buques, podrían ser la puerta de entrada para que amigos del poder ingresen a ese contrato principal.
La otra empresa en pugna es DEME, otra compañía belga que siempre puso sobre la mesa una queja que se anota en los pliegos. Dicen que uno de los puntos que más puntaje otorga es la ”experiencia en una explotación similar". Ese requisito sólo lo cumple Jan De Nul, ya que en el planeta no hay ningún caso similar; entrega 35 puntos de 100. A decir de quienes miraron los pliegos, todo el resto empieza a cotizar con una desventaja de 35%.
DEME tampoco está al margen de la polémica. En febrero de 2025, Arreseygor dijo que hubo estudios de abogados, medios de comunicación y políticos que orquestaron la caída del proceso que terminó con la nulidad: “La lluvia de operaciones mediáticas apareció en el momento en que nosotros salimos a licitar. La verdad, fuimos testigos de una operación sin precedentes, lamentablemente desde equipos técnicos que supieron ser gobierno –lanzó el funcionario en una presentación en el Congreso–. Como en los últimos meses me tocó recibir sin poder contestar, me toca (ahora) devolver las cortesías. El exministro [Guillermo] Dietrich, por supuesto el expresidente Mauricio Macri, el diario LA NACION, que nos dedicó columnas todos los domingos operando este procedimiento [de nulidad]“.
Pero, más allá del enojo del funcionario, lo cierto es que unas horas antes de la apertura de los sobres, el dictamen de la PIA, lapidario con las sospechas de aquella licitación, había detonado el camino que parecía que se iba a recorrer con normalidad. Aquellas sospechas del hombre de los puertos nunca llegaron a más que una declaración pública. “Vamos a avanzar con todo el peso de la ley”, dijo. Jamás pasó nada.
Eso no es todo. Desde el inicio del proceso, el Gobierno escribió una cláusula que sacaba de la cancha a las empresas chinas. El polémico artículo, que llegó a lo más alto de la diplomacia de ambos países, decía que no podía presentarse ninguna empresa que tuviese un accionista soberano. Las de China, todas afuera; YPF, también. Un tema para entender el problema que puede causar el enojo chino: el país oriental es el principal comprador de los productos que salen por la hidrovía.
Finalmente, de acuerdo a una prolija crónica de Florencia Donovan en LA NACION, Estados Unidos también expresó sus preocupaciones por la licitación. Según sus palabras, Caputo fue citado primero por Brian Mast, representante republicano por Florida y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Además, siempre según sus palabras, hubo un encuentro más. Esta vez con Michael Jensen, asesor especial del presidente norteamericano sobre Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional.
“Los Estados Unidos acaban de asistirlos con US$20.000 millones, y que no se permita a empresas norteamericanas trabajar en sus puertos, sus vías navegables, el dragado o cualquier otra actividad es inaceptable para nosotros”, dijo Mast al sitio The Floridian.
Hay otro capítulo que se escribe en Holanda, el país con más experiencia en dragado y manejo de aguas, ya que tiene un enorme porcentaje de su territorio bajo el nivel del mar. Pese al interés que mostraron en el inicio, las empresas Boskalis y Van Oord —con ingresos en 2025 de 4500 millones y 2590 millones de euros respectivamente— decidieron no participar. Ninguna quiso explicar públicamente los motivos, pero, en el ambiente, se habla de imposibilidad técnica de competir con Jan De Nul, justamente por aquellas cláusulas. Los más directos hablan de “direccionamiento”.
Así de “opinado” está el contrato de la hidrovía que el Gobierno estima en alrededor de US$550 millones por año y que los privados colocan en algo más de US$1100 millones, de acuerdo a sus estimaciones de precios y comercio exterior. Se define el destino por 25 años de uno de los negocios más controversiales de la Argentina y no sólo por lo que transita en canal legal, sino por la ubicación estratégica de la vía navegable que la convierte en una autopista deseada para el tráfico ilegal al mundo. De lo que sea.







