La Aduana denunció el “alquiler” de medidas cautelares para poder importar
El organismo acusó a una empresa que presuntamente cedió a otra su autorización judicial para acceder al dólar oficial; Cristina Kirchner cuestionó a la Justicia y a la firma involucrada
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LA NACION
La Aduana informó hoy que presentó una denuncia penal contra una empresa por “alquilar” medidas cautelares en su favor a otra compañía, una operatoria que le permitiría importar sin requerir la autorización necesaria para acceder al dólar oficial.
Según lo informado por el organismo que conduce Guillermo Michel, la firma Yoko S.A. obtuvo medidas cautelares para poder importar mercaderías, salteándose el requisito de validar la SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones), a cargo de la AFIP. En la Aduana dijeron que la firma “cedió” la autorización a Tropea, una empresa de carteras, para importar sus productos desde China.
Presuntamente, la compañía “transfirió” la tutela jurisdiccional en beneficio de la vendedora de marroquinería. En cambio, fuentes cercanas a Tropea aseguraron que no fueron notificados de ninguna denuncia y que la versión de la Aduana no refleja la realidad. En la empresa están estudiando el tema para brindar una respuesta.
La vicepresidenta Cristina Kirchner se hizo eco de la noticia difundida y usó su cuenta de Twitter para volver a atacar a la Justicia. “¿Alquiler de cautelares? O sea, que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del BCRA, ¿además las alquilan? Esa sí que no la tenía. Con este funcionamiento judicial y empresario la Argentina se vuelve casi una misión imposible”, expresó la expresidenta.
“Para esto, la Aduana expuso ante la Justicia una simulación de Yoko SA mediante un ‘contrato’ de autorización para comercializar la marca ‘Tropea’’ solo por un mes, entre el 21 de junio y el 21 de julio de 2022, justo el momento en el que la mercadería debía ser nacionalizada con la SIMI preautorizada de Yoko”, informaron en el organismo que dirige Michel. Y apuntaron contra esta última firma por funcionar como una “usina de SIMI”.
Luego de la detección de la maniobra, la Aduana bloqueó la mercadería antes de que ingresara al mercado, notificó a la empresa de un sumario infraccional y aplicó una multa que podría ser hasta cinco veces el monto importado. Además, acusó a la empresa de haber violado el Código Aduanero por una declaración inexacta con perjuicio fiscal.
Por último, la Aduana se presentó ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, puso en conocimiento de los hallazgos y le reclamó al juez que, habiendo sido burlada la medida judicial, se extraigan testimonios para formar una nueva investigación ante la justicia en lo Penal Económico por presunta estafa procesal en el marco de una importación, lo que lo convierte en un asunto federal.
La comunicación se da en un contexto de tensión por la frágil situación de las reservas del Banco Central (BCRA). Parte del oficialismo exigió mayores restricciones sobre las empresas. Tras el reclamo de la vicepresidenta, que se refirió a un “festival de importaciones”, y la preocupación por las reservas existentes del BCRA, se dio un cambio en la cúpula de la Aduana: Michel, quien ejerció el cargo hasta 2015, reemplazó a Silvia Traverso.
“La Aduana debe proteger la industria nacional y el empleo argentino, pero también evitar maniobras por las cuales algunos importadores se quieren hacer de dólares de manera ilegal y engañando al Estado”, señaló Michel.
La Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA) elaboró un comunicado en repudio de “las maniobras ilícitas vinculadas al comercio exterior denunciadas por la Dirección General de Aduanas (DGA), que habilitaron importaciones sin la correspondiente validación de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI)”. El presidente de la entidad, Rubén Pallone, aseguró que “estas maniobras distorsionan el mercado, produciendo situaciones injustas para el conjunto de las empresas del sector”. Además, hizo hincapié en que estas operaciones ilegales “dañan a todos los argentinos”.
Valuación y multa
De acuerdo con fuentes conocedoras del caso, la mercadería está valuada en US$200.000. La multa aplicada por la Aduana es por el equivalente a este monto, aunque podría ampliarse hasta cinco veces, lo que significaría una penalidad de US$1 millón.
Una de las preocupaciones del Gobierno respecto de las importaciones es el uso de medidas cautelares para saltearse las aprobaciones, puntualmente las SIMI. Según fuentes oficiales, la empresa Yoko S.A amplió cuatro veces la cautelar que le permite traer bienes del exterior sin pasar por las autorizaciones emitidas por la AFIP.
El contrato firmado entre Tropea y Yoko S.A., al que accedió la nacion, tiene tres artículos y media página de longitud. En el mismo, Tropea autoriza a “realizar cualquier gestión aduanera pertinente relacionada a la AFIP, la Dirección General Impositiva o la Dirección General de Aduanas relacionada a la importación a consumo de bienes bajo la marca Tropea”, además de la comercialización, uso de la marca y traslado de bienes por todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Estos términos regirían tan solo entre el 21 de junio y el 21 de julio de este año.
LA NACION
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