La Ciudad pidió autorización para tomar deuda por US$1350 millones y financiar la línea F de subte
El gobierno porteño envió a la Legislatura un proyecto para obtener recursos destinados a una nueva traza de 9,8 kilómetros que conectará barrios del norte y del sur
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El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires envió a la Legislatura un proyecto de ley para obtener autorización para tomar financiamiento por hasta US$1350 millones destinado a la construcción de la futura línea F del subte, una obra de infraestructura que busca ampliar la red de transporte y mejorar la conectividad entre distintos barrios de la Capital.
La iniciativa habilita al Poder Ejecutivo porteño a contraer uno o más préstamos con organismos multilaterales, bancos de desarrollo o instituciones financieras locales e internacionales, además de emitir títulos de deuda en los mercados local o externo por ese monto máximo.
Según el mensaje enviado por la administración de Jorge Macri a la Legislatura, los fondos estarán destinados a la ingeniería, la construcción y el equipamiento integral de la nueva línea de subterráneos, cuyo proceso de licitación ya se encuentra en trámite.
El proyecto contempla la creación de una línea de 9,8 kilómetros de extensión, que permitirá unir zonas del sur y del norte de la Ciudad y conectarse con las otras seis líneas actualmente en funcionamiento. La obra apunta a mejorar la conectividad transversal de la red y a aliviar la congestión en algunos de los corredores más utilizados del sistema.
Desde el gobierno porteño sostienen que la nueva infraestructura permitirá reconfigurar los flujos de viaje y redistribuir la demanda del transporte público, además de reforzar la integración con la red ferroviaria metropolitana y otros medios de transporte.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, la línea F podría convertirse en una de las más utilizadas del sistema: la demanda potencial se ubicaría entre 235.000 y 392.000 viajes diarios una vez que esté integrada plenamente a la red de subtes.
El proyecto también prevé que, para garantizar el repago de los préstamos que eventualmente se obtengan, puedan afectarse recursos provenientes del régimen de coparticipación federal, una herramienta que suelen utilizar las provincias y jurisdicciones subnacionales cuando acceden a financiamiento externo.
La iniciativa se da en un contexto en el que provincias y ciudades argentinas volvieron a acceder al crédito internacional tras la baja del riesgo país registrada luego de las últimas elecciones legislativas. En los últimos meses, distintos distritos y empresas aprovecharon esa ventana financiera para emitir deuda en dólares.
La propia Ciudad realizó en noviembre una colocación internacional por US$600 millones a una tasa del 7,8%, que tuvo una demanda cercana a US$1700 millones. De ese total, finalmente se liquidaron US$588 millones, que fueron vendidos al Banco Central (BCRA) en tres tramos entre enero y febrero en una operación coordinada con la autoridad monetaria.
Ese ingreso de divisas se sumó al proceso de acumulación de reservas que impulsa el BCRA en el marco del nuevo esquema cambiario. Desde las elecciones, las emisiones de deuda corporativa y sub-soberana superaron los US$12.000 millones, según estimaciones del mercado.
En paralelo, el Gobierno nacional mantiene por ahora la decisión de no volver a emitir deuda en Wall Street, mientras explora otras alternativas de financiamiento para afrontar los próximos vencimientos. En ese escenario, las colocaciones de provincias y empresas se convirtieron en una de las principales fuentes de ingreso de dólares al sistema financiero local.
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