La baja de retenciones tendrá un costo fiscal de US$800 millones y se financiaría con superávit o más reducción del gasto
Analistas opinan también que el Gobierno podría recurrir a mayor ajuste en los gastos del Estado
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LA NACIONCarlos Manzoni
El Ministerio de Economía estimó que la reducción temporaria de las retenciones al campo –las de soja, por ejemplo, se reducirán de 33% a 26%– implicará un costo fiscal de US$800 millones. La forma de financiar ese dinero que dejará de ingresar puede ser, según analistas consultados por LA NACION, una parte del superávit fiscal de 2024, y otra parte de un mayor recorte en el gasto público.
En este sentido, el economista Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), opinó: “Dado que el Gobierno tuvo un superávit en 2024 del orden del 0,3% del PBI, entiendo que ha decidido usar parte de ese excedente para financiar una baja temporal de retenciones, de modo tal de disminuir esa carga tributaria al sector, en un momento en el que la caída de precios internacionales estaba generando una situación de rentabilidad complicada”.
Así, agregó Argañaraz, sin dejar de sostener la posición de que quiere bajar los impuestos de forma sostenida, el Gobierno da lugar a esta quita de retenciones y lo hace de manera temporal. “Es decir, usando parte de los recursos del superávit para financiar puntualmente el costo fiscal de la baja de retenciones”, señaló el especialista.
Al ampliar su análisis, explicó que, “dada la baja del impuesto inflacionario y del impuesto PAIS, que van a tener impacto este año, y teniendo en cuenta que uno de los principales gastos, el de jubilaciones, este año va a tener un aumento real –a diferencia de 2024, en el que tuvo una baja real–, el margen fiscal que tiene el Gobierno para una baja de impuestos permanente es muy escaso”. De hecho, el ministro Caputo aclaró que para poder eliminar totalmente las retenciones necesitaría un superávit de US$8000 millones.
Mirando hacia adelante, habrá que ver si en 2026 el gobierno de Javier Milei sigue disminuyendo el peso del gasto público (luego de haberlo bajado en 7,5 puntos porcentuales del PBI en 2024) y si, entonces, se generaría espacio fiscal para una reducción de la carga tributaria. Habrá que ver en ese momento cuál es la estrategia oficial o el consenso que se buscará llevar adelante con las provincias, para definir una hoja de ruta de medidas de alivio fiscal.
El economista Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra, opinó que en el corto plazo –antes de fines de junio– el Gobierno va a tener más liquidaciones de divisas e, incluso, un mayor ingreso por retenciones, debido a mayores volúmenes exportados. “Todo esto se va dar porque los exportadores van a adelantar la liquidación de agrodivisas y el pago de retenciones, para aprovechar el beneficio antes de que se venza”, analizó.
Ahora bien, según Sigaut Gravina, en el corto plazo el Gobierno va a hacer caja, pero el problema surgirá a partir de julio, porque va a quedar mucho menos para liquidar de lo que normalmente se opera en esa segunda parte del año.
¿Qué pasará, entonces, a partir del 1° de julio? Sigaut Gravina afirma que una posibilidad es que, para financiar esta baja de retenciones haya que ajustar otros gastos del Estado, lo que sería más motosierra. “El año pasado se usó la motosierra para alcanzar el superávit fiscal, mientras que este año podría usarse esa misma herramienta para bajar impuestos”, opinó el economista.
Para Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral, un costo fiscal derivado de esta baja temporal de retenciones, “se puede compensar con una combinación de algo más de ingresos, por reactivación, y de menos gasto, con una incidencia marginal sobre la inflación, ya que el trigo estaría subiendo 2,7%, con un efecto sobre el precio del pan que sería quizá de 0,4%”.
Además, según Vasconcelos, el costo fiscal podría ser algo menor en caso de que la medida induzca a una aceleración de ventas de soja de los silobolsas. “Se estima que el stock remanente supera los 10 millones de toneladas. Para la soja, el precio en pesos en Rosario tendrá un incremento significativo (de $295.000 la tonelada a un estimado de $325.000)”, explicó.
Esa mejora del precio interno de la soja, del orden del 10%, tendrá, según dijo Vasconcelos, incidencia marginal sobre el IPC. Y recompondría entre una cuarta parte y un tercio de la brecha entre el precio de los últimos días respecto del promedio de los últimos 20 años. “La brecha sigue siendo amplia, de todos modos, hay que ver la reacción de los productores en próximas semanas”, afirmó el economista.
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