Un grupo de diputados y senadores propone que los registros automotores dependan 100% del Estado
Presentaron un proyecto en ambas cámaras para que los 1555 encargados de registros pasen a ser funcionarios públicos y para que se digitalice el sistema
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LA NACIONCamila Dolabjian
Diputados y senadores del radicalismo presentaron un proyecto de ley para que los registros de la propiedad automotor se incorporen a la órbita estatal, sus encargados pasen a ser funcionarios públicos y el Gobierno impulse la creación de un sistema 100% virtual que elimine los trámites presenciales. Fue ingresado a ambas cámaras legislativas de la mano de Alfredo Cornejo, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, y Jimena Latorre, diputada radical.
El régimen actual se puso en marcha por decreto en 1958, durante el gobierno de Pedro Aramburu. A través de un decreto-ley, se tercerizó la atención de los registros que, a lo largo de las décadas, fueron adjudicados sin criterios estables. El formato de registros se considera “sui generis” por ser un servicio público que está a cargo de los privados. Para los impulsores del proyecto, el sistema está desactualizado, sus características lo hacen poco eficiente para los usuarios y alimentan un sistema en el que proliferan los “negocios paralelos”.
Los 1555 encargados de los registros en todo el país, que dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pasarían a ser funcionarios públicos, de acuerdo con la propuesta. La responsabilidad de los registros se transferiría de manera transitoria a los registros de la propiedad inmueble de las provincias mientras que el Gobierno lleva adelante el proceso de creación de un sistema virtual.
El proyecto cambia el destino del dinero que genera cada registro a partir de los trámites. Actualmente, la distribución se determina por una serie de normativas que arrojan que cerca del 60% de lo que recauda un registro queda en su órbita para su funcionamiento y el pago de sueldos, aunque podría ser superior a ese porcentaje. De acuerdo con los autores del proyecto, esto provoca un alto grado de discrecionalidad. Por ejemplo, no hay normas que determinen cuánto de ese dinero queda en manos de los encargados de registro. Cerca del 40% restante va a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).
Por los registros pasan todos los trámites relacionados con el patentamiento y transferencia de todo tipo de vehículos. Se estima que el usuario paga cerca del 5% o 6% del valor de su bien en trámites.
Si se aprueba la ley, la recaudación se dividirá en un 40% para las provincias, 40% para la DNRPA para la creación y financiamiento de la plataforma PURA y sueldos, y el 20% restante para la creación un Fondo para la Recuperación de los Caminos (FRC) y para infraestructura vial Federal.
A partir de este proyecto, los encargados convertidos en funcionarios públicos pasarían a cobrar un salario del Estado y a tener estabilidad en el cargo. “La tarea registral es un servicio público a cargo del Estado, por ello debe brindarse a través de funcionarios públicos con funciones y obligaciones claramente definidas y remuneradas por un sueldo”, detallaron. A la larga, se buscará que sean “calificadores virtuales”, que corroboren formularios de manera virtual, en vez de atender por ventanilla.
“Es una gestión privada que ha invertido poco en modernización y eficiencia y ha recaudado muchísimo. A lo largo de décadas ha generado una serie de negocios paralelos que sólo incrementaron los costos de los trámites en beneficio de algunos sectores sin brindarle mejores servicios a los usuarios. Debe ser política de Estado incorporar todas las herramientas que posibilita la tecnología para que la gestión esté al servicio de la ciudadanía y no al revés; terminar de una vez por todas con las ‘cajas’ que reparte la política”, explicó Alfredo Cornejo.
El proyecto busca digitalizar todo el proceso de registración para disminuir los costos operativos y evitar “negocios paralelos”. Para ello, se crearía una Plataforma Única Registral del Automotor (PURA)- donde se generarán los documentos y expedientes electrónicos. Con esto se eliminaría la posibilidad de ventanillas extra o cobro por trámites gratuitos.
Las funciones de la DNRPA se modificarían. Su principal tarea sería poner en funcionamiento el sistema PURA virtual para que los registros presenciales se vuelven innecesarios.
Los encargados de registro continuarían en su cargo pese a la digitalización, pero no se crearían más registros. Su función será garantizar el “correcto funcionamiento de la plataforma PURA en su jurisdicción”. El incumplimiento estará previsto como causal de cesación de funciones, hasta ahora inexistente. Además, en caso de generarse una vacante, “se cubrirán los cargos por concurso al solo efecto de completar las tareas de digitalización y virtualización”.
Las vacantes no podrán ser cubiertas por quienes tengan vínculo o parentesco con cualquier funcionario del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, quienes sean funcionarios de cualquier rango o nivel y quienes no tengan ficha limpia.
El proyecto de ley detalla que quienes no “estén de acuerdo” con el régimen de transición y nuevo sistema registral tendrán la “facultad de renunciar” con la obligación de continuar en el cargo hasta que se cubra la vacante.
“Cuando los servicios públicos dejan de ser eficientes y se convierten en cajas de unos pocos, la forma más efectiva para transformarlos en negocios poco atractivos es llevando transparencia y control al funcionamiento del sistema. Si los encargados de registro tienen vocación pública continuarán en sus funciones como calificadores virtuales a cambio de un sueldo; si no dejarán los registros”, comentaron los autores del proyecto.
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