La política petrolera en tres décadas de democracia

El gobierno nacional persigue el autoabastecimiento petrolero para equilibrar la balanza comercial energética deficitaria. Pero el "modelo económico de crecimiento con inclusión social" exige precios domésticos de petróleo y gas desvinculados del precio internacional y controles cambiarios y de giro de divisas que, la experiencia demuestra, desincentivan la inversión petrolera.

La inversión petrolera extranjera en la Argentina depende del grado de seguridad jurídica y de rentabilidad que el país ofrezca. Como son muchos los países que aspiran a captar esa inversión, conviene a las empresas extranjeras invertir en países cuya política garantice precios internacionales y libre disponibilidad de producción y/o de divisas.

Hacia esa política se orientaron Juan D. Perón y Arturo Frondizi. Raúl Alfonsín debió cambiar la primera versión del contrato de "Plan Houston" de pobre resultado, por otro que otorgaba a las empresas el derecho de exportar petróleo en caso de que ni YPF ni el Banco Central pudieran pagarles con divisas de libre disponibilidad. Esta segunda versión convocó a decenas de empresas europeas, australianas, estadounidenses y canadienses que hicieron descubrimientos importantes y exploraron cuencas antes inexploradas.

La privatización, desregulación e integración internacional de la industria dispuesta por el Congreso Nacional entre 1989 y 1992 e implementada por Carlos Menem resultó en inversiones y aumento de reservas y producción inéditos en el país, que lograron el rápido autoabastecimiento y excedentes exportables con beneficio de la balanza comercial y, en materia de gas natural, de integración regional. Esta política fue ratificada y continuada por Fernando de la Rúa hasta el fin de su gestión, y por Eduardo Duhalde en su gestión de transición.

Ese marco legal permanece inalterado hasta hoy: el Marco Regulatorio del Gas Natural y privatización de Gas del Estado, la Federalización de Hidrocarburos y Privatización de YPF, los protocolos de Integración Gasífera de la Aladi con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, y los tratados de Protección Bilateral de Inversiones con más de cincuenta países siguen vigentes. Lo mismo ocurre con los decretos de "Libre Disponibilidad" que por ser de jerarquía legal prevalecen sobre el decreto de reglamentación de la ley de soberanía hidrocarburífera. Las privatizaciones de YPF y Gas del Estado han sido convalidadas por el Estado y la expropiación de la mayoría accionaria de YPF no afectó el carácter privado de la empresa.

Ese marco legal aprobado por el Congreso Nacional, que la ley de soberanía hidrocarburífera no ha derogado ni modificado, es el adecuado para atraer las inversiones y tecnología necesarios para el desarrollo de la formación Vaca Muerta y la continuidad de la exploración y explotación convencionales.

Las tres administraciones Kirchner se apartaron de ese marco legal. Cabe esperar que algún día la emergencia cese y, con ella, la vigencia de la ley que la legitimó. Cuando ello ocurra, el restablecimiento de la institucionalidad, la cesación de las vías de hecho y la sanción de un decreto que derogue la normativa de emergencia bastarán para restablecer la vigencia del marco legal aprobado por el Congreso Nacional que posibilitó el autoabastecimiento de petróleo y gas durante más de diez años.

El autor es abogado especializadoen recursos naturales y energía

Hugo Martelli