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La privatización de EPEC, postergada indefinidamente
De la Sota, obligado por la crisis
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CORDOBA.- A causa de la prolongada crisis económica que afecta al país, y luego de sucesivas postergaciones registradas en los últimos meses, el gobierno de José Manuel de la Sota se vio obligado a posponer sin fecha la concesión de la Empresa Provincial de Energía (EPEC), que constituye el activo del Estado más importante del paquete por privatizar en Córdoba, integrado además por el Banco oficial y los juegos de azar.
La decisión fue anunciada ayer por el ministro de Obras Públicas, Carlos Caserio, quien la semana última había confirmado que los sobres con las ofertas para la concesión del transporte y la distribución de la energía eléctrica se abrirían "sí o sí" el 30 del actual (el negocio de la distribución se licita por separado). Caserio había confirmado ciertas flexibilizaciones en los pliegos de la licitación, destinadas a "facilitarles el camino a los inversores", que estaban temerosos de invertir en la Argentina en este contexto de incertidumbre.
El gobierno había decidido concesionar ahora sólo el 80 por ciento de las acciones de la empresa -no el 100 por ciento como estaba previsto- y conservar el 20 restante en manos del Estado para privatizarlo en un contexto más favorable. Eso implicaba que el piso de 400 millones de pesos que el gobierno esperaba recibir a cambio de la EPEC se reducía a 320. También había resuelto aumentar del 60 al 70 por ciento el tope de participación de certificados de cancelación de deuda provincial que las potenciales concesionarias podían utilizar para pagar el canon. De esa manera, el gobierno se resignaba a recibir en efectivo sólo unos 200 millones.
Sin embargo, esas facilidades no alcanzaron para que las tres multinacionales interesadas en el negocio eléctrico cordobés se decidan a presentar ofertas. Según confirmó Caserio a LA NACION, la americana AES, la belga Tractebel y la española Unión Fenosa "coincidieron en pedir la postergación de la licitación a causa de la gran incertidumbre que vive el país, y que atenta contra cualquier posibilidad de apostar a la Argentina". Atento a esas señales, y tal como había aconsejado Domingo Cavallo, el gobierno de De la Sota decidió cerrar el proceso de concesión hasta nuevo aviso.
Desaliento empresarial
Las indefiniciones económicas y políticas que caracterizaron al país recientemente hicieron que "en los últimos días las empresas cambien, o empeoren, su percepción de la Argentina". El funcionario delasotista que comanda el proceso de concesión de la EPEC dijo que "las compañías interesadas avizoran una cesación de pagos o una devaluación", y eso desalienta la posibilidad de invertir, aun cuando se trata de administrar un negocio rentable por un período de 35 años.
Esta vez, y a diferencia de lo que ocurrió en los últimos meses, el gobierno no arriesgó posibles nuevas fechas. Incluso, Caserio advirtió que la postergación podría extenderse durante 2002, lo que podría impedir a De la Sota concretar durante su gestión (termina en 2003) una de las privatizaciones más defendidas por su gobierno. La decisión de concesionar la EPEC se mantuvo firme aun cuando el gremio de Luz y Fuerza realizó una férrea oposición y amenazó con quemar la empresa con tal de no entregarla.
"No habrá novedades hasta que cambie el escenario nacional, y la verdad es que no vemos perspectivas de que las cosas mejoren el año próximo", agregó Caserio, tras calificar esta situación como "un muy mal presagio para el país". Al mismo tiempo, reivindicó la decisión oficial de "no vender la EPEC a un precio vil", pese a que el ingreso por la privatización hubiera implicado un importante alivio para las comprometidas finanzas provinciales. La EPEC factura 330 millones de pesos anuales y, pese a la recesión, la venta de energía aumentó un 6 por ciento en el último año.
"Al margen de lo que hayan pedido las empresas interesadas, creemos que esta decisión es también un triunfo de las instituciones. Nadie quería que EPEC se venda, ya que además de ser superavitaria y es un patrimonio de todos los cordobeses", dijo el secretario gremial de Luz y Fuerza, Gabriel Suárez, reconfortado con la noticia. Suárez era el único integrante de la cúpula sindical que ayer estaba en condiciones de hablar públicamente, ya que el resto de los dirigentes permanece prófugo desde que se conoció un pedido de captura por una supuesta defraudación contra la obra social de los trabajadores. Para Luz y Fuerza, esa decisión judicial fue "una burda persecución política del gobierno, en represalia al plan de lucha de los trabajadores".
Contentos con la noticia, ayer mismo los trabajadores comenzaron a restablecer el servicio que estaba interrumpido por las medidas de fuerza adoptadas para enfrentar la privatización. Sin embargo, la movilización prevista para hoy a las 17 se mantiene, en parte "porque el sindicato quiere agradecerle al pueblo de Córdoba la solidaridad que manifestó durante esta lucha", y también porque los dirigentes saben que ahora tendrán que librar otra batalla: la modificación del convenio colectivo de trabajo que pretende realizar el gobierno.
"Vamos a jugar a fondo, con el mismo ímpetu que un empresario privado", anticipó Caserio, tras calificar de "leonino" al convenio de los trabajadores de Luz y Fuerza. Entre las condiciones que consideró "inaceptables", mencionó que los salarios en EPEC rondan los $ 2000 de bolsillo, más una bonificación por eficiencia ("un aumento de sueldo encubierto") equivalente a tres aguinaldos. Precisó que la masa salarial le cuesta a la provincia 150 millones por año, "más los 2,5 millones que significa el no pago del servicio eléctrico domiciliario por parte de 2400 empleados".
