Latam aceptó una multa millonaria por un pago injustificable
Desembolsará US$ 21,5 millones; se la investigaba por un contrato de US$ 1,15 millones con un lobbista de Jaime
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LA NACIONDiego Cabot
Pasaron más de 10 años, pero Latam, continuadora de la aerolínea LAN, aceptó hacerse cargo de una multa de US$ 21,5 millones en Estados Unidos por un pago realizado en la Argentina a fines de 2006 a Manuel Vázquez, asesor y lobbista del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
Las sospechas de aquel sugestivo pago es que terminó en manos de los funcionarios argentinos. "El Grupo Latam Airlines informa que ha llegado a acuerdos voluntarios ante la Security Exchange Comission [SEC, el regulador bursátil de Estados Unidos] y el Departamento de Justicia (DOJ, según sus siglas en inglés), para resolver las investigaciones sobre los pagos que LAN Airlines realizó hace 10 años (2006-2007) por una consultoría sobre materias laborales en Argentina", dice el comunicado de la empresa.
El acuerdo con el DOJ considera una multa de US$ 12,75 millones y un pago de US$ 6,7 millones a la SEC, importes que con los intereses alcanzan los US$ 21,5 millones.
"Latam y su administración reafirman su decidido compromiso con el cumplimiento de las normas de todos los países donde opera. Además, desde la fecha en que ocurrió este hecho, la compañía ha llevado a cabo mejoras significativas en su estructura de compliance y en los controles contables internos", finaliza el documento con el que la corporación reconoció el caso.
Todo sucedió a fines de 2006, cuando la compañía ya operaba hacía un año en el país. El negociador por la compañía chilena fue Ernesto Ramírez, un ejecutivo que entonces residía en Miami y que fue el encargado de manejar la llegada de la aerolínea a la Argentina en 2005, tras la caída de Southern Winds después de los escándalos de una valija con droga. Fue uno de los que acompañaron al ex presidente chileno Sebastián Piñera, entonces directivo de LAN, a presentar el proyecto a Néstor Kirchner en la Casa Rosada, en marzo de 2005.
En octubre de aquel año, Vázquez, hoy con prisión domiciliaria, envió a Ramírez un contrato por el cual una empresa del grupo chileno con sede en Estados Unidos, Atlantic Aviation Investment, contrataba Controles y Auditorías Especiales de Argentina (Caesa) para hacer un informe sobre "las rutas existentes en la Argentina y en el mercado regional, tanto las que están siendo cubiertas por servicios de diferentes compañías, así como aquellas que no tengan servicio disponible".
En el artículo 5° de aquel acuerdo se referían a la remuneración de Caesa: US$ 1,15 millones , divididos en tres cuotas de 300.000 y una de 250.000. El 27 de octubre, Caesa envió la primera factura, identificada con el número 27. Luego llegaron la 30 y la 31. Los depósitos se hicieron en el Wachovia Bank, 3442 Orange Avenue NE, Roanoke, cuenta 8779-9038, cuyos titulares eran Vázquez y Marta Domínguez (esposa de Vázquez). Se facturaban "servicios de consultoría prestados según contrato firmado entre las dos empresas".
Meses antes, en agosto, el decreto 1012, firmado por Kirchner, por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y por los ministros de Planificación Federal, Julio De Vido, y de Economía, Felisa Miceli, había resuelto uno de los problemas más grandes que tenía LAN en el país.
La norma utilizó 3200 palabras para prorrogar la emergencia aerocomercial y autorizar una suba de tarifas. El artículo 10°, en apenas 18 vocablos, destrabó uno de los escollos que frenaban la expansión de LAN. El Código Aeronáutico establecía que la mayoría accionaria de las empresas aéreas debía estar en manos de argentinos. Esa limitación fue cambiada en 1994, con la apertura económica, pero en 2000 se volvió a implantar el viejo sistema.
Cuando LAN llegó al país, dos abogados externos de la compañía, Jorge Pérez Alati y Manuel Benites, fueron los socios mayoritarios. Pero la restricción complicó la operación. Finalmente, el artículo 10° del decreto 1012 volvió a la apertura de 1994.
Meses más tarde, una compañía de LAN contrataba los servicios de Caesa. Diez años después, Jaime está preso en el penal de Ezeiza y Vázquez tiene prisión domiciliaria. Se les imputa haber facturado coimas para la compra de material rodante a España y Portugal. La empresa que facturó las coimas fue Caesa, la misma que facturó la auditoría a LAN. Las facturas cuestionadas son las 39, 40 y 41, vecinas de aquellas que terminaron por implicar a LAN en una investigación que se cerró ayer con el pago de US$ 21,5 millones en Estados Unidos.
En la Argentina, la causa no avanzó ya que la Justicia no tomó como prueba válida los mails que fueron secuestrados en las oficinas de Vázquez. En Estados Unidos, la investigación se basó en la denuncia periodística que publicó LA NACION en noviembre de 2010.
1,15
Millones de dólares
Es la cifra que pagó LAN a un lobbista de Ricardo Jaime por una auditoría
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