Coronavirus. Los documentos que revelan la disputa secreta entre el Gobierno y las empresas

En la superficie, un discurso de unidad frente al enemigo en común. Por debajo, una pelea encarnizada por los recursos de la salud para combatir al coronavirus y proteger al personal médico. Así se desarrolla la relación entre el Gobierno y el sector privado de cara al pico de la pandemia -que se espera para junio próximo-, según varios documentos que vio LA NACION.

Un nuevo cambio en las relaciones de poder para hacerse de los insumos médicos comenzó el 23 de abril pasado, cuando el secretario de Industria, Ariel Schale, les envió a varias empresas una nota donde fijaba las nuevas pautas del negocio, intervenido en los hechos por el Gobierno. Sostenía que por la importancia de su trabajo esas compañías comenzaban a operar en la órbita de las reglamentaciones dispuestas por el Ministerio de Producción, a cargo de Matías Kulfas, y el de Salud, en manos de Ginés González García.

La nota de Industria encendió una mecha corta en el sector privado. Tras recibirla, las empresas que forman parte de la cadena de insumos de protección para los profesionales de la salud comenzaron a informarles a sus clientes que no podrían abastecerlos.

Una nota firmada por Fernando Yoffe, socio gerente de la empresa Dimex, fue enviada a diversos ejecutivos de sanatorios y clínicas privadas el lunes pasado. Allí reconocía que para priorizar el suministro al Estado, sus proveedores de tela no iban a abastecer a la empresa de la manera correcta.

Dimex hace insumos muy especiales para esta época: barbijos y camisolines. El pack de los primeros por 50 unidades cuesta hoy $4700, según las publicaciones que lo venden por Internet. El trasfondo de esa comunicación, que le asestó otro golpe al ánimo de los jefes de compras de las clínicas, es la decisión de la Secretaría de Industria.

Fuentes cercanas al Ministerio de Producción dieron una explicación distinta. "Hay tres grandes empresas que producen unas 2100 toneladas mensuales de tela sin tejer. El Estado va a requerir unas 300 toneladas mensuales, que se van a destinar al abastecimiento del sistema sanitario nacional. En algunos casos, incluye a clínicas privadas. Hay un crecimiento exponencial de la demanda de tejido no tejido. Sí es cierto que hay problemas de importación en el mundo", explicaron.

Desde la mirada del Estado, el producto alcanzará para todos. Otras voces del sector público, además, deslizaron que las quejas de algunas compañías pueden deberse no tanto a la falta de insumos, sino a que algunas intenten cobrarlo más caro.

En las últimas semanas, Industria puso en marcha una red de fábricas textiles para la confección de kits de salud. Eso incluye barbijos, cubre-calzados, camisolines y cofias para producir de manera unificada. Dimex fue excluida de la red organizada por el Ministerio de Producción, según la empresa.

La mayor parte de las telas SMS y Spunbond disponible se destinará al proyecto centralizado por el Estado. "Esto significa que lamentablemente Dimex será abastecida de menor cantidad de tela, de manera tal que no podremos asumir por el momento ningún tipo de fabricación y entrega a nuestros clientes", dice la nota. También les adelanta que deberá anular todas las órdenes de compra y compromisos de entrega recibidos hasta la fecha.

Quienes producen la tela, a su vez, le informaron por nota a los productores de camisolines, entre otros equipos de protección, que iban a destinar la producción de seis días por semana de una línea a abastecer al Estado.

Un documento de la compañía Scalter enviado a sus clientes confirma la misma información. "Nuestras telas no tejidas pasaron a ser muy importantes en la guerra contra el coronavirus, pasaron a ser la armadura de los guerreros. Y así lo entendimos todos. Vos y nosotros. Así aprendiste lo que es el SMS y, aunque jamás habías escuchado la palabra Meltblown, te convertiste en experto", sostiene la nota firmada por Luciano Hutin, directivo de la empresa. Y continúa explicando que tras el pedido oficial, esa empresa y sus competidoras Softbond y Berry Plastics fueron convocadas.

"Nos duele más que a nadie decirte a vos, que nos acompañaste siempre a lo largo de estos casi 70 años, que no podremos cumplir con los pedidos que nos hiciste de estos productos", lamenta.

En diálogo con LA NACION, Hutin sostuvo: "Les aclaramos a nuestros clientes que nunca les iba a faltar material. Los que no van a tener el producto son los mayoristas y revendedores, que le cargan hasta el 600%".

El avance del Estado sobre el sector privado en el marco de la pandemia está convalidado por el decreto 260 de este año.

Las clínicas habían tenido la primera advertencia el 25 de marzo pasado, cuando Tecme, la principal fabricante de respiradores en el país, recibió una nota firmada por Ginés González García que establecía nuevas pautas para la venta de esta clase de artefactos médicos, muy demandados en la actualidad. "Esa empresa no podrá comercializar o entregar equipamiento a destinatario alguno, sin la previa intervención de esta cartera del Estado", decía el ministro de Salud.

Aunque pocos lo hacen en voz alta, los representantes de clínicas y sanatorios privados advierten una discriminación a favor del sector público en la distribución de insumos médicos, a tal punto que algunos "escamotean" insumos de laboratorios amigos o de importadores que los consiguen en otros países.

LA NACION consultó a diversas fuentes para determinar si, en este contexto de escasez, es posible que haya médicos o enfermeros que no trabajen por falta de insumos. Sostuvieron que lo más probable, en cambio, es que lo hagan sin el equipamiento adecuado.