El Gobierno mantiene la protección industrial
Con un régimen de licencias no automáticas resguardará a sectores sensibles
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LA NACIONFrancisco Jueguen
"Había miedo", contó el empresario textil Teddy Karagozian. Pero todo cambió ayer. Después de la publicación de la resolución 5/15, no dudó. "Vamos a invertir $ 20 millones para aumentar 20% nuestra producción y bajar los precios", adelantó. Fue una señal para Mauricio Macri, que amenazó, hace unos días, con abrir las importaciones ante la disparada de los precios por el fin del cepo.
La norma del Ministerio de Producción, publicada ayer, establece el nuevo régimen de tramitación de licencias automáticas (LA) y no automáticas (LNA) para las importaciones, que reemplaza a las polémicas DJAI. Habrá 1400 rubros que necesitarán tramitar LNA (lo que implica una mayor protección al producto local); son 400 más que los anunciados por Francisco Cabrera hace unos días. "Son alrededor de 10.000 si le agregamos un sufijo de valor a cada uno", precisaron los importadores, luego de hacer un análisis de esas posiciones arancelarias.
El Gobierno quiso enviar una señal: pese a la campaña del miedo durante la campaña, mantendrá la protección a las industrias sensibles para afianzar el empleo. Sin embargo, habrá 12.000 licencias automáticas, lo que implica una apertura de las compras al exterior.
Según confirmó LA NACION, ayer celebraban los sectores de los textiles, calzado, juguetes y hasta algunos autopartistas. El Gobierno sumó además -dentro de las LNA- a las motos, neumáticos, maquinarias, equipos eléctricos, electrónicos, papel, plásticos, siderurgia, madera, muebles y productos químicos. Por lo menos, los primeros tres se reunieron en los últimos días con el equipo de Producción y de la Secretaría de Comercio. El pedido gubernamental fue claro: a cambio de la protección deberán cuidar los precios de sus productos y el empleo.
En las dependencias oficiales informaron ayer que las LNA serán 1400 y las LA, 12.000. De acuerdo con sus datos, el 19% de las importaciones quedarán ahora bajo el paraguas de las licencias no automáticas. Durante la gestión de Miguel Peirano (ahora consultor en las sombras) y antes de que nacieran las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), las LNA contemplaban al 13% del total de las compras en el exterior. La cantidad de productos alcanzados en la actualidad es un 130% mayor que en enero de 2013.
Anteayer el Gobierno había presentado el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), que reemplaza a las DJAI, condenadas a desaparecer a fin de mes por un fallo adverso de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Varios importadores recalcaban ayer que la mayor diferencia entre uno y otro sistema se reducía al administrador del mecanismo. "Es un control con el nombre cambiado. Las DJAI no eran malas, sino quién las manejó. Se abre la puerta a la discrecionalidad", afirmó un importador, que además marcó inconsistencias entre la resolución que creó el SIMI y la publicada ayer sobre el futuro de las DJAI ya aprobadas. Como novedad para este sector, ayer en el Ministerio de Hacienda y Finanzas estimaban que la semana próxima se presentarían ofertas por alrededor de US$ 1000 millones para el Bonar 2016. Es el bono con el que s busca normalizar la deuda con el sector.
"Las DJAI representaban una barrera arbitraria y poco transparente al comercio internacional", cuestionó el secretario de Comercio, Miguel Braun. "Las DJAI eran el cepo al empleo y la inversión. Con un sistema claro y previsible, estamos cuidando el empleo argentino e impulsando fuertemente tanto las nuevas inversiones como el desarrollo del intercambio comercial", completó el ministro Francisco Cabrera. "La definición de las licencias no automáticas surgen del diálogo permanente que estamos llevando adelante con todos los sectores productivos desde el primer día de gobierno", señaló el secretario de Industria, Martín Etchegoyen.
Sectores sensibles
"Es una medida de política industrial muy importante", recalcó a LA NACION Jorge Sorabilla, presidente de ProTejer. "Es un resguardo del mercado a favor de la industria y el trabajo", agregó el hombre de la UIA, que pidió además medidas fitosanitarias, que muchas veces funcionan también como una protección a un sector. "Es un trabajo planificado. Estamos muy conformes. Felicitamos al Gobierno".
"Tuvimos una reunión el lunes y nos llevamos una buena impresión. Todas nuestras posiciones están cubiertas. Eso sí, nos pidieron que cuidáramos los precios", contó Alberto Sellaro, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado. El ejecutivo señaló que esta semana se revalidó además una medida antidumping para el sector sobre productos provenientes de China y Malasia.
"No nos sorprende. Hace un mes y medio que venimos hablando con Braun y Etchegoyen", agregó Matías Furio, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. "Es una medida positiva. Se comprometieron a que el sector seguirá creciendo y a que habrá un diálogo permanente", agregó. Señaló además que el Gobierno mantendrá el acuerdo que existía entre el sector de la producción nacional del juguete y los supermercados, por el que las cadenas se comprometen a comprar a la industria el mismo monto destinado a juguetes importados.
"Es positivo como punto de inicio, ya que en nuestro caso hay algunas autopartes de reposición que deberían completar el listado", señalaron en una empresa autopartista. "De todas maneras, para tener una opinión definitiva tendremos que ver la operatoria", completaron. Los industriales coincidieron en la buena señal, guía que se mantendrá mientras no se disparen los precios.
Sale el bono para los importadores
- El Gobierno formalizó ayer la autorización para la emisión por hasta 5000 millones de dólares de Bonar 16, título que será utilizado para cancelar deudas en divisas con los importadores. La norma fue publicada ayeren el Boletín Oficial. El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas, llamó a la primera licitación de este bono para el próximo lunes 28.
- En los considerandos de la normativa se destaca que la medida se dispone "a los fines de atender el stock de la deuda comercial en concepto de operaciones concertadas pero no liquidadas", para lo cual "se considera conveniente proceder a la emisión de un nuevo instrumento de deuda pública a un año de plazo". La operación fue convocada con un piso de US$ 2000 millones.
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