Más cerca de la segunda etapa del programa económico

El Gobierno acaba de lograr un gran triunfo político con la aprobación de la Ley de Bases y Puntos de Partida por parte del Senado. El principal activo de la ley es que permite mostrar a los argentinos y al mundo que, a pesar de tener un gobierno muy minoritario en cuanto a su representación en el Congreso, el presidente Javier Milei es capaz de hacer avanzar su revolucionaria agenda legislativa.

Pero, más allá de la señal y de los elementos que permitirán profundizar la agenda de desregulación y de racionalización del sector público, la Ley Bases tiene condimentos que permitirán ayudar a la recuperación de la economía argentina. El principal es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las empresas que adhieran a este régimen –para el que se prevé una vigencia de dos años– con inversiones de largo plazo por más de US$200 millones en algunos sectores (que fueron cambiando a lo largo del debate de la ley en ambas cámaras) recibirán beneficios fiscales, como una menor carga de impuesto a las ganancias y, además, no podrán quedar afectados por restricciones para importar y exportar, entre otras cosas. Los sectores comprendidos serán los de la foresto industria, la infraestructura, la minería, el de gas y petróleo, la siderurgia, el turismo, la energía y la tecnología,

Como vehículo para dinamizar la economía, el RIGI es muy deficiente. Existen alternativas, ya probadas en otros países, que son mucho más eficientes y equitativas que el RIGI, porque no distinguen entre sectores y tipos de empresas o de proyectos de inversión.

Una es la llamada “amortización acelerada de la inversión”, que les permite a los empresarios de cualquier sector y tamaño reducir la carga impositiva mientras invierten. En el caso del RIGI, en cambio, la ley eligió para qué sectores se aplicarán beneficios impositivos y eligió también qué tamaño deberán tener los proyectos aplican. La mano invisible quedó en este caso relegada a la mano selectora de la casta.

A pesar de las críticas, es mucho mejor contar con el RIGI que no contar con él. El RIGI ayudará a destrabar inversiones mineras y energéticas muy importantes. Las posibilidades que se comentan en ámbitos empresarios son varias. Una es la mina de cobre, oro y plata Josemaría, en San Juan, que ya tiene los permisos ambientales y que implicaría una inversión de más de US$4000 millones para su construcción. La mina produciría unas 136.000 toneladas de cobre anuales a partir de 2026 y podría exportar por más de US$1100 millones anuales. Existen varios proyectos adicionales de cobre que podrían ser impulsados por la ley, como Taca Taca en Salta, Agua Rica en Catamarca, y Los Azules y El Pachón en San Juan. El mundo aceleró la demanda de este metal en los últimos años, de la mano de la electrificación. Según la consultora Wood Mackenzie, la demanda de cobre crecerá un 24% entre 2023 y 2033, a 32 millones de toneladas por año. La Argentina dejó de producir cobre en 2018, cuando se cerró Bajo de la Alumbrera, en San Juan. Del otro lado de la misma cordillera, en Chile, exportan más de US$43000 millones por año de cobre.

Otro proyecto que se comenta, relacionado con el potencial de Vaca Muerta, es una planta de licuefacción de gas natural, que implicaría una inversión conjunta de más de US$30000 millones entre 2025 y 2031, entre YPF y Petronas, la petrolera estatal de Malasia. Las provincias de Buenos Aires y Rio Negro se están disputando la locación de esta planta, que convertiría a la Argentina, junto a una creciente venta al exterior de petróleo crudo, en un importante exportador energético.

Es decir, el RIGI permitiría ayudar a destrabar inversiones que, incluso con el actual nivel de riesgo país, son tan rentables que quizás valga la pena llevarlas adelante. Para hacer una analogía, si la cantidad de proyectos de inversión disponibles en el país fuese un árbol frutal, el RIGI permitiría recoger las frutas que están mas abajo, las que están casi al alcance de la mano. Por algo hay que empezar. Para el resto de las inversiones se necesita que el país dé muchos pasos adicionales. En este sentido, el Gobierno también comenzó a emitir algunas señales, aunque inconclusas, y casi podríamos decir que confusas, de que esta más cerca de implementar la segunda etapa del programa económico.

El Presidente, en el discurso que ofreció en el Congreso Económico Argentino el miércoles pasado, dijo que para levantar el cepo tenían que superar en primer lugar el “problema” de los pasivos remunerados (las exLeliq, hoy pases pasivos) del Banco Central (BCRA). Pero, en la misma alocución, sugirió que esa solución no estaría tan lejos, cuando dijo que de los 19 billones de pesos de pasivos remunerados, solo 6 están en manos del sector privado.

A su vez, el ministro de Economía, Luis Caputo, sugirió que la etapa de “tasas reales negativas” se terminó. Se refería al hecho de que las tasas de interés que ofrece el Gobierno por sus bonos en pesos de corto plazo, llamados Lecap, son del 4,2% mensual, igual al dato de inflación de mayo que al día siguiente a esos dichos anunció el Indec.

Esas declaraciones tienen mucho de inusual. ¿Cuál es la tasa de política monetaria, la del Banco Central (que es de 3,33% mensual), o la de los bonos del Gobierno? En todos los países exitosos es la de sus bancos centrales, y los anuncios de tasas por lo tanto los hacen los presidentes de esas entidades. Tendencias reminiscentes de diciembre de 2017 que no se le van al ministro. Además, la inflación de junio probablemente se ubique por encima del 5%, dada la suba de precios de gas y energía y dado el hecho de no contar con el bonus que significó en mayo la caída de precios de las prepagas. Pero, más allá de estos detalles, las declaraciones del ministro reflejan que el proceso de licuación quizás esté llegando a su fin, lo cual también indicaría que la salida del cepo estaría más cerca.

Muchos argumentan que otra condición necesaria para poder levantar el cepo es conseguir financiamiento adicional del FMI. En sentido estricto, la Argentina podría no firmar un nuevo programa con el FMI al finalizar el actual, en noviembre. El país no enfrenta vencimientos de capital con ese organismo en 2025, y tiene que pagar solo US$1100 millones en septiembre de 2026.

Es decir, si la Argentina negocia un nuevo programa sería para dar una señal y, muy probablemente, para conseguir algo de financiamiento fresco. Sin negar el valor de estos objetivos, sobre todo de cara a mostrar que el país podrá hacer frente a los elevados vencimientos de deuda en dólares de 2025, la expectativa de que un nuevo financiamiento resolverá nuestros problemas es parte de la tradicional y equivoca alquimia argentina.

El éxito en el levantamiento del cepo o, más genéricamente, en la segunda etapa del plan económico, depende de si, más allá de que venga con financiamiento adicional o no, es capaz de inducir a los argentinos a apostar por el país, con inversiones tanto reales como financieras. Para ello, se requiere cumplir con un “trípode” de tipo de cambio, tasas y expectativa de futuro, que haga atractiva la inversión. Nadie querrá traer dólares a un tipo de cambio atrasado o invertirlos a una tasa poco atractiva, o traer la plata cuando no se tiene certidumbre sobre el modelo monetario/cambiario y la estabilidad política.

La pata del trípode de expectativas mejoró luego de la aprobación de la Ley Bases y las tasas de interés se tornan menos negativas. Solo queda definir si el tipo de cambio es el adecuado o no, y también un esquema monetario y cambiario creíble y duradero.

Ante la caída de la compra de reservas que se observó durante junio, el Banco Central aclaró que la meta de acumulación de reservas netas con el FMI había sido sobre cumplida y que, entonces, podría desacumular reservas en lo que queda del año. Pero, más allá de este dato, el mercado se seguirá preguntando si dicha desacumulación no obedece a un atraso cambiario, lo cual puede volver a presionar sobre la brecha. Y eso, a su vez, dificultaría salir del cepo sin un salto cambiario. Es decir, la entrada a la segunda etapa del programa económico todavía tiene una incógnita cambiaria por delante. También tiene una incógnita sobre cuál será el régimen cambiario y monetario. A esta pata del trípode seguramente se refiere el comunicado del FMI emitido el jueves en el cual, en su habitual lenguaje diplomático, señala que es necesario iniciar “medidas hacia un marco de política monetaria y cambiaria mejorado”.

Por Marcos Buscaglia

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